En el anterior gobierno panista, no administraron los recursos financieros del pueblo con prudencia, transparencia y honradez.
“La idea de la austeridad no es solamente un principio político, es una forma de mejorar la atención a los ciudadanos”: Víctor Castro Cosío
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –El 14 de octubre del 2021, en el pequeño centro de convenciones adjunto al teatro de la ciudad, los representantes de los Medios de Comunicación, fuimos enterados de la deuda millonaria que gobiernos panistas, sobre todo el de Carlos Mendoza Davis, heredaron al gobierno actual que en esos momentos ascendía a 9 mil 164 millones de pesos. Pero, además, de los gastos excesivos que esas administraciones hicieron en viáticos, en combustibles, en pagos de servicios de telefonía celular, en renta de autos y de casas, pero, sobre todo, de los altos niveles de corrupción como de la violación de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos al contratar de manera directa, a empresas de familiares, que, en algunos casos, sobrepasaron los 100 millones de pesos en compras directas sin pasar por licitación alguna.
A partir de esa que podría considerarse una denuncia pública hecha por el gobernador Víctor Castro Cosío, quien se hizo acompañar de la secretaria de Finanzas y Administración, maestra Bertha Montaño Cota, a 43 días de haber tomado posesión del cargo, tras su victoria electoral del 6 de junio del 2021, se anunciaba el inicio de una profunda auditoría a la administración del gobierno panista que en esas fechas recién concluía su mandado.
En los pormenores que nos dio a conocer el Ejecutivo Estatal -en esa fecha- nos daba cuenta de la información que siempre ocultó a la ciudadanía el gobierno panista, sobre cómo malgastaban los recursos financieros. Como ejemplo de ello, en el 2021, solo en asuntos del ejecutivo estatal (de Carlos Mendoza Davis), se gastaron la friolera de 206 millones de pesos, esto, tan solo para darnos una idea de lo que ese gobierno hacia con el dinero de los contribuyentes sudcalifornianos, que por supuesto, no eran en favor de la población sino en los bolsillos de quién sabe quién.
En el anterior gobierno panista, no administraron los recursos financieros del pueblo con prudencia, transparencia y honradez. A cambio de eso, se sirvieron con la cuchara grande, pues utilizaron el dinero en gastos que inflaron o en compras directas sin pasar por el tamiz de una licitación, como lo fue la erogación de más de 100 millones de pesos en favor de cierta agencia de viajes para la adquisición de boletos de avión; o en la compra de vehículos blindados -que por cierto ya se vendieron y que dichos recursos fueron utilizados de la manera más transparente para la compra de ambulancias, que también, ya fueron entregados por la Subsecretaría de Administración actual-; o en la renta de la casa de gobierno estatal en la ciudad de México por la cual se erogaban 100 mil pesos mensuales.
Esto apenas es un esboza de la enormidad de la deuda de 9 mil 164 millones de pesos que se heredó a la actual administración, quien ya realiza, como se dijo el 14 de octubre del 2021, una profunda auditoría para conocer cómo se despilfarró el dinero del pueblo, en qué se gastó o hacia dónde fue a parar, y si el resultado arroja que hubo corrupción en el manejo de los recursos financieros, lo elemental es que se castigue con todo el peso de la ley al o los responsables.
Porque no podemos aceptar, como ciudadanos, que al gobierno que se la denuncia, haya mal gastado 500 millones de pesos en el pago de empresas encuestadoras para que el ex ejecutivo estatal Carlos Mendoza Davis, lo “encaramaran” entre los primeros lugares como de los “mejores gobiernos estatales del país”, pero a final de cuentas, ¿de qué le sirvieron si su gobierno perdió estrepitosamente las dos elecciones importantes, la del 2018, a la mitad de su mandato, que Morena le arrebató la mayoría del congreso como de las alcaldías y en la del 6 de junio del 2021, que por esos niveles de corrupción e impunidad como se manejó, perdió la gubernatura y 3 de cinco alcaldías y la mayoría del congreso.
De la información que proporcionó el gobernador ese 14 de octubre y en fecha posteriores, solo podremos especular y afirmar que, al destacar esa enorme cloaca, nos vamos a enterar que tipo de ratas de dos patas y de qué tamaño, estarán surgiendo de esa alcantarilla.
Por eso, hacemos este recordatorio, porque la auditoría a ese gobierno panista sigue su curso, y por lo que ha informado el gobernador Víctor Castro en diversas conferencias en las cuales un servidor ha preguntado sobre el resultado de ese proceso, solo nos ha indicado que hay 10 personajes de primer nivel del gobierno pasado que se encuentran en “la picota”, es decir, con carpetas abiertas de investigación, aunque no quiso dar nombres de esos ex funcionarios, empezamos a especular, principalmente del ex secretario de finanzas, a quien se le acusó de haber hecho compras directas por más de 100 millones de pesos a una empresa familiar, lo que se considera un delito mayor.
Precisamente, y al referirnos a este exfuncionario, quien enfrenta una demanda por ejercicio abusivo de funciones y falsedad de servidores públicos enfrenta un proceso jurídico, por lo que el juzgado que lleva su caso había programado la audiencia respectiva para el pasado viernes 20 de enero; sin embargo, no se llevó a cabo debido a que el abogado del demandado, solicitó diferir la audiencia para febrero próximo, para tener tiempo suficiente para contar con los elementos suficiente para la defensa.
