Rocha Moya y otros bajo la lupa de EU; Una corte de Nueva York acusa nexos con “Los Chapitos”
Diario Humano | Ciudad de México.— La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes 29 de abril que recibió formalmente solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por Estados Unidos (EU) contra diversas personas, entre las que se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Estas serán evaluadas por la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará si existen elementos legales para proceder bajo el sistema jurídico mexicano.
A través del comunicado número 097/2026, la Cancillería detalló que la documentación fue entregada por la Embajada de EU en México el lunes 28 de abril a las 18:00 horas.
De acuerdo con la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente, la revisión jurídica preliminar realizada por la SRE detectó que los documentos enviados por autoridades estadounidenses no contienen pruebas suficientes para acreditar, por sí mismos, la probable responsabilidad de las personas señaladas.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los EU, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, señaló la dependencia en su posicionamiento oficial.
¿Qué sigue en el proceso?
Pese a la ausencia de pruebas anexas en esta etapa, la SRE aclaró que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, el procedimiento obliga a remitir la solicitud a la FGR.
Será la FGR la instancia encargada de analizar si, conforme al marco legal mexicano, existen elementos suficientes para solicitar ante un juez la detención provisional con fines de extradición o desechar la petición.
En términos prácticos, la FGR deberá revisar:
- La legalidad formal de la solicitud;
- La existencia de mandamientos judiciales o acusaciones vigentes en EU;
- La suficiencia de indicios conforme al estándar mexicano;
- La procedencia del delito bajo el principio de doble incriminación;
- La viabilidad jurídica de una captura provisional.
En caso de que la FGR considere procedente la solicitud, podría judicializar el caso en México para ordenar la localización y detención de las personas reclamadas mientras se desarrolla el juicio de extradición.
Reclamo diplomático por filtración
La Cancillería mexicana también informó que enviará un “extrañamiento” diplomático a la Embajada de EU por la manera en que la información fue dada a conocer públicamente.
La SRE recordó que los tratados bilaterales vigentes contemplan cláusulas de confidencialidad en este tipo de procedimientos, precisamente para evitar afectar investigaciones o vulnerar derechos procesales.
“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los EU por la forma en que se dio a conocer”, puntualizó.
Acusación en Nueva York contra funcionarios de Sinaloa
La postura oficial del Gobierno de México surge luego de que en medios nacionales e internacionales se difundiera una acusación formal presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes autoridades estadounidenses señalan de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Entre los señalados en la acusación se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa;
- Enrique Inzunza Cázarez, senador;
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas;
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal;
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación;
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”;
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad;
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”;
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán;
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
¿De qué los acusa EU?
La acusación judicial, presentada como una “acusación de reemplazo bajo reserva”, sostiene que los imputados habrían participado en una red de corrupción institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Según el expediente:
- presuntamente protegieron cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina;
- filtraron información sobre operativos de la DEA y autoridades mexicanas;
- facilitaron la colocación de funcionarios afines al grupo criminal;
- permitieron operaciones sin interferencia policial;
- habrían recibido sobornos millonarios.
El documento también sostiene que, en algunos casos, hubo supuesta colaboración en secuestros, homicidios e intimidación política.
Entre los cargos presentados en la Corte de Nueva York destacan:
- Asociación delictuosa para la importación de narcóticos a EU;
- Fabricación y distribución de drogas con conocimiento de su ingreso a territorio estadounidense;
- Uso y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos;
- Asociación delictuosa para la posesión de armamento de uso militar.
El caso Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó públicamente las acusaciones formuladas en su contra por autoridades estadounidenses, al asegurar que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, sostuvo que las imputaciones serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”, y calificó los señalamientos como una calumnia.
El mandatario estatal afirmó además que el caso trasciende su persona y forma parte de lo que consideró “una perversa estrategia” contra el movimiento de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional. “A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, expresó.
Dentro del expediente judicial, el gobernador Rubén Rocha Moya es señalado de haber recibido presunto apoyo electoral de “Los Chapitos” en 2021 a cambio de permitir control e influencia sobre corporaciones estatales de seguridad y áreas estratégicas del gobierno sinaloense.
La acusación refiere que presuntamente existieron reuniones entre Rocha Moya y líderes criminales antes y después de la elección.
Escenario legal
Aunque la acusación estadounidense ya existe, ello no implica una detención inmediata en México.
El proceso aún depende de varias fases:
- Revisión de la FGR;
- Solicitud judicial mexicana;
- Eventual detención provisional;
- Audiencia de extradición;
- Resolución final de la SRE sobre entrega.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la última palabra administrativa para conceder o negar una extradición, aun cuando exista una resolución judicial favorable.
Por ahora, el caso abre un nuevo frente diplomático, político y judicial entre México y EU, con implicaciones directas para el gobierno de Sinaloa y para la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.
