Después de la audiencia del 7 de septiembre, la ciudadana denunció el retiro de materiales colocados junto a una barda que asegura resultó dañada; solicita conocer las inspecciones realizadas por Protección Civil
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– La audiencia ante el Juzgado Cívico por las molestias atribuidas a talleres colindantes con la vivienda de Ariadna Pico Rojas concluyó sin un acuerdo entre las partes. Dos días después, la ciudadana denunció nuevos hechos relacionados con el retiro de estructuras y materiales que, según afirma, permanecían apoyados contra una barda perimetral de su propiedad.
Durante una transmisión realizada el miércoles 9 de septiembre, Pico Rojas mostró el documento que recibió después de comparecer el lunes 7 ante Justicia Cívica. “No fue posible alcanzar los acuerdos para la solución de la controversia”, señala el escrito, de acuerdo con lo expuesto por la denunciante.
La ciudadana explicó que durante la audiencia también informó sobre presuntos daños en su barda, la cual presenta cuarteaduras que atribuye a estanterías, fierros y otros materiales colocados del lado del predio vecino. Este señalamiento forma parte, aseguró, de una denuncia de 33 páginas presentada ante la Dirección de Protección Civil Municipal el pasado 21 de agosto.
Pico Rojas afirmó que este 9 de septiembre observó a varios trabajadores retirar fierros, estantes y otros objetos de esa zona, además de cargar materiales en vehículos pesados. Aunque consideró positiva su remoción, cuestionó si las condiciones previas quedaron registradas durante alguna inspección oficial y quién responderá por los daños que denuncia.
“Yo sí quiero ver el acta circunstanciada del inspector de Protección Civil cuando vino a hacer la inspección”, manifestó. También anunció que solicitaría por escrito la respuesta a su denuncia y las constancias de las actuaciones efectuadas por la dependencia.
La denunciante sostuvo que durante la audiencia el arrendatario aseguró contar con los permisos correspondientes. Sin embargo, señaló que no observó que la documentación fuera requerida o exhibida durante la reunión. También relató que previamente le indicaron enviar fotografías y videos a un número de WhatsApp de Justicia Cívica, pero en la audiencia le habrían solicitado presentar nuevamente esas pruebas.
Pico Rojas cuestionó además el destino de los materiales retirados y pidió verificar el manejo de pinturas, solventes, aceites, llantas y otros residuos que atribuye a las actividades del predio. Hasta el momento, este medio no cuenta con actas de inspección, dictámenes técnicos o resoluciones oficiales que confirmen irregularidades ambientales, daños estructurales o un manejo inadecuado de residuos.
La ciudadana reiteró que atraviesa un tratamiento contra el cáncer y que las gestiones ante distintas dependencias representan un desgaste adicional. Desde su primera denuncia pública, difundida el 3 de septiembre, ha sostenido que el ruido, las vibraciones y los olores generados por los talleres le impiden descansar después de recibir quimioterapia.
En respuesta a la primera publicación, la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica confirmó que la queja se encontraba en proceso y que la audiencia inicialmente prevista para el 4 de septiembre había sido reprogramada para el día 7 por motivos de salud de la denunciante.
Por su parte, una persona que se identificó como arrendataria del espacio afirmó previamente a Diario Humano que el taller cuenta con autorización de uso de suelo y alineamiento, así como con capacitación en Protección Civil. Reconoció entonces que los trámites relacionados con la licencia de funcionamiento se encontraban “en proceso”.
El arrendatario sostuvo que la cámara fue instalada para proteger al personal y las instalaciones, y aseguró que colocó una barrera visual entre ambas propiedades. También acusó a Pico Rojas de grabar hacia el interior del taller y de acosarlo en redes sociales y personalmente.
El fragmento documental compartido por el arrendatario menciona una autorización de uso de suelo compatible con casa habitación y taller de herrería en una zona de corredor urbano. La imagen no permite revisar el documento completo, su vigencia ni si ampara todas las actividades denunciadas.
Tras concluir la audiencia sin acuerdos, el conflicto permanece pendiente de las respuestas que emitan Protección Civil y las demás autoridades involucradas. También falta conocer si las inspecciones derivaron en medidas correctivas, si los establecimientos cuentan con todos los permisos necesarios y qué determinarán las instancias competentes respecto de las molestias y daños denunciados.
