El INE consideró que se acreditó una causal grave prevista en la ley electoral

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este 12 de marzo la remoción de Alejandro Palacios Espinosa como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS). Esta decisión se tomó tras resolver un procedimiento de remoción relacionado con la presunta realización de actividades remuneradas mientras ejercía el cargo.

La decisión se tomó durante una sesión pública extraordinaria en la que se analizó el expediente UT/SCG/PRCE/PMGC/CG/3/2025. De acuerdo al comunicado oficial del organismo electoral nacional, se demostró una conducta contemplada en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Esta norma regula la permanencia de las consejerías en los organismos públicos electorales locales.

Según la resolución, la conducta analizada estuvo relacionada con la obtención de recursos derivados de actividades docentes; considerado por el Consejo General como una de las causas graves que pueden derivar en la remoción de consejeros electorales locales.

El artículo 102 de la LGIPE establece que las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) pueden ser removidas por el Consejo General del INE cuando incurran en conductas que atenten contra la independencia de la función electoral. También pueden ser removidas si participan en asuntos para los cuales estén impedidos, desempeñen actividades incompatibles con el cargo o incurran en negligencia grave, entre otras causales.

Con esta resolución, el órgano electoral nacional concluyó el procedimiento iniciado tras una denuncia presentada contra Palacios Espinosa. Esto implica su separación del cargo al frente del organismo electoral sudcaliforniano.

Palacios rechaza irregularidades

Tras conocerse la resolución, Alejandro Palacios Espinosa difundió un posicionamiento público en el que rechazó haber incurrido en una falta grave. Además, anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ahora exconsejero presidente explicó que el procedimiento se originó a partir de una denuncia presentada por una consejera electoral. Señaló que Palacios participaba en exámenes profesionales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y que presuntamente recibía pagos por dicha actividad.

Palacios sostuvo que durante la investigación la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral solicitó información tanto a la UABCS como al entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ambas instituciones negaron la existencia de pagos por dichas actividades.

También indicó que el INE consultó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sobre su relación con dicho organismo. En respuesta, explicó que es miembro del SNI desde 1999 y que actualmente cuenta con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 2. Dicho reconocimiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2043.

Según su versión, dicha distinción no implica una relación laboral, sino un reconocimiento académico a la trayectoria de investigación. Señaló además que los integrantes del SNI reciben un apoyo económico considerado como apoyo social, el cual —dijo— no constituye remuneración laboral.

“Los miembros del Sistema Nacional de Investigadores reciben un apoyo social establecido en su reglamento, el cual deja claro que no se trata de una remuneración ni de una relación laboral”, sostuvo.

El exfuncionario afirmó que el INE interpretó su pertenencia al SNI como si se tratara de una actividad laboral incompatible con el cargo electoral. Calificó esta interpretación como incorrecta.

“En ese tenor, todos los adultos mayores que reciben un apoyo social por parte del gobierno federal serían entonces empleados del gobierno”, expresó.

Anunciará impugnación ante el Tribunal Electoral

Palacios Espinosa adelantó que presentará un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta instancia tendrá la última palabra sobre la legalidad de la resolución aprobada por el Consejo General del INE.

“Inconforme con la decisión del Consejo General del INE, interpondré una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, señaló.

El caso se trasladará ahora al ámbito jurisdiccional electoral. Allí se revisará si la determinación del INE se apega al marco legal que regula la actuación de las consejerías electorales en los organismos públicos locales.