Anfitriones aseguran que el cobro fijo por UMA afecta más a tarifas económicas y al turismo por motivos médicos, laborales o trámites

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Anfitriones de hospedaje por plataformas digitales en La Paz manifiestan su inconformidad por el esquema de cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental. Consideran que pagar 234.62 pesos —equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización (UMA)— por noche resulta desproporcional frente a los 82.12 pesos o 0.70 de UMA que pagarán los hoteles por habitación ocupada por estancia, tomando en cuenta que en promedio se renta por 1.7 noches, aseguran.

Las prestadoras de servicio contactaron a Diario Humano y expusieron que el monto impacta directamente al turismo de bajo presupuesto. Además, afecta a personas que viajan pocos días por motivos médicos, laborales o trámites, no necesariamente por recreación.

Señalan que una habitación de 600 pesos puede elevarse de forma significativa tras sumar el derecho ambiental. Igualmente, aumentará con el 16% de IVA y el 4% del impuesto sobre hospedaje.

“Si alguien renta una habitación en 600 pesos, termina pagando cerca de mil. Para quien viene por necesidad, no por vacaciones, sí es un golpe fuerte”, indicaron.

Estancias cortas y tarifas bajas

De acuerdo con los anfitriones, los alojamientos independientes en La Paz manejan tarifas que oscilan entre 600 y mil 500 pesos por noche. Asimismo, la estancia promedio es de 1.7 noches.

En contraste, señalan que los hoteles operan comúnmente con tarifas que van de mil 500 a 3 mil 500 pesos por noche. Bajo ese escenario, el cobro fijo de dos UMAs representa un porcentaje mayor sobre el precio total de un hospedaje económico. Además, esto es mayor que sobre una tarifa hotelera más alta.

“Nosotros no estamos en contra de pagar, pero queremos que sea proporcional y piso parejo. Si a hoteles se les cobra 0.70 UMA, que sea igual para plataformas; o si es dos UMAs para plataformas, que sea igual para hoteles […] que nos dejen igual por noche, con menos UMAs o que sea proporcional al valor del hospedaje”, expresaron.

Los anfitriones también reiteran que el cobro de saneamiento ambiental podría calcularse como un porcentaje del valor real de la tarifa. Por otro lado, podría hacerse y no mediante una cuota fija vinculada a la UMA.

Consumo de agua y servicios

Otro de los puntos expuestos durante la entrevista fue el consumo de agua y energía. Las inconformes señalaron que los alojamientos independientes suelen tener un consumo menor en comparación con desarrollos verticales y complejos de gran escala.

“Nosotros tenemos agua dos veces por semana en el centro. Muchas veces dependemos de pipas que cuestan entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos. Nuestro consumo es mínimo comparado con torres de 40 o 50 departamentos”, comentaron.

En ese contexto, cuestionaron que el cobro no distinga entre distintos niveles de infraestructura o consumo de servicios.

Temor por el impacto al destino

Los anfitriones también hicieron referencia al caso de Tulum, Quintana Roo, donde el Derecho de Saneamiento Ambiental comenzó a aplicarse en 2019. Además, señalaron que temen un impacto negativo si no se revisa la proporcionalidad del esquema.

“Queremos cuidar el destino. La Paz todavía conserva un perfil más familiar, más accesible. No queremos que se vuelva un lugar donde ya no pueda venir el turismo económico”, señalaron.

Afirmaron que este segmento deja derrama en mercados, comercios locales y pequeños servicios, sectores que podrían resentir una disminución en visitantes.

Alcaldesa confirma aplicación conforme a ley

Sobre estas inconformidades, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó que el Ayuntamiento aplicará el derecho conforme a lo aprobado por el Congreso local.

“Sí lo manifestaron. Sin embargo, el compromiso que se hizo fue platicar con el Congreso porque viene así desde la reforma que se hizo en el Congreso del Estado. Nosotros lo vamos a aplicar como está en la ley, tenemos que cumplir con esto”, declaró.

La alcaldesa explicó que el tesorero municipal, Jassiel Enríquez, sostuvo reuniones con cámaras empresariales para detallar la operación del cobro. También explicó la conformación del fideicomiso que administrará los recursos.

“Se quedó el compromiso de platicar con el Congreso del Estado para poder tener el piso parejo”, añadió.

Fondo ambiental y diálogo abierto

El Derecho de Saneamiento Ambiental entrará en vigor en 2026 y sus recursos serán administrados mediante un fideicomiso municipal. Dicho fideicomiso tendrá destino a acciones de protección ambiental, tratamiento de agua y residuos, conservación de playas y mejoramiento de espacios públicos.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que debe cumplir con la ley vigente, los anfitriones insisten en que la revisión del esquema es necesaria. Por ello, buscan evitar afectaciones al turismo económico y a los sectores que dependen de esa derrama en la ciudad.