La medición de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group le otorga 26 por ciento; Morena registra 39 por ciento en intención de voto en Baja California Sur
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Milena Quiroga Romero aparece como el perfil con mayor respaldo para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, de acuerdo con una encuesta publicada este jueves por QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group en El Heraldo de México.
La medición otorga a la alcaldesa de La Paz con licencia 26 por ciento de las preferencias entre los perfiles considerados para representar al partido en la próxima elección estatal.
El estudio también coloca a Morena en el primer lugar de la intención de voto por partido, con 39 por ciento de las menciones. La información difundida no detalla en qué posición aparecen las demás fuerzas políticas ni la distancia entre Quiroga Romero y el resto de los aspirantes morenistas.
Tras conocerse los resultados, Quiroga Romero consideró que las encuestas muestran únicamente las preferencias registradas al momento de realizar el levantamiento.
“Las encuestas son una fotografía del momento, pero también muestran que cuando se gobierna con honestidad y cercanía con la gente, la confianza se fortalece. Vamos a seguir caminando con humildad y poniendo por delante el bienestar de Baja California Sur”, declaró.
La aspirante señaló que continuará con sus recorridos por los cinco municipios de la entidad como parte de sus actividades para buscar la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur.
Los resultados se conocen mientras Morena desarrolla su proceso interno y sus aspirantes intensifican encuentros con distintos sectores. Hasta el momento, el partido no ha definido oficialmente la candidatura para la gubernatura.
Explotación, despojo, desprecio y represión psicológica
Por: Gilberto Piñeda Bañuelos
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – El 15 de octubre de 2002 fueron despedidas injustificadamente 100 trabajadores, 80% de ellos eran mujeres de una compañía capitalista extranjera, de origen coreana (HANJIN TRADING, CORP. LTD KOREA) a través de una compañía mexicana fachada (HANJIN MÉXICO, S.A DE C.V) representada en México por JIN MOON KIM PARK con la justificación de que ya no había calamar que maquilar, cuando faltaba un mes para que concluyera la temporada; El 23 de julio de 2008 la Secretaría Comunicaciones y Transportes suspendió las operaciones de AeroCalifornia, una compañía capitalista local de trascendencia nacional, representado por RAUL ARÉCHIGA, por una adeudo millonario y como medida precautoria, el 5 de agosto de 2008 estalló una huelga de 1 mil 372 trabajadores y trabajadoras de aire y tierra sindicalizados concentrados en varias ciudades del país; el 21 de noviembre de 2008 los 81 trabajadores sindicalizados del Hotel Los Arcos estallaron una huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo ya que los dueños de la compañía, representados por MARIO COPPOLA, empezaron a contratar personal de base de manera unilateral. Ya pasaron casi 24 años del despido injustificado de las trabajadoras que maquilaban calamar gigante en Santa Rosalía, y 18 años de los estallidos de la huelga de trabajadores aeronáuticos y gastronómicos, y siguen sin resolverse los conflictos laborales.
Para que usted tenga una idea de este tiempo tan largo, desde entonces, fueron gobernadores Leonel Cota Montaño, Narciso Agúndez Montaño, Marcos Covarrubias Villaseñor, Carlos Mendoza Davis y Víctor Manuel Castro Cosío; fueron presidentes de México, Vicente Fox Quesada, Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Claudia Sheinbaum Pardo; o sea que Baja California Sur y en México, en estos 24 años, gobernaron partidos de todos los colores y sabores, mientras que las compañías capitalistas involucradas en estos conflictos laborales han gozado de impunidad gracias a la complacencia y la corrupción de las autoridades locales y federales. Esto es una prueba de que el mercado electoral está lleno de promesas, de despilfarros y de pactos con el poder del dinero y del capital; solo le sirve a la clase política y a unos cuantos ciudadanos y ciudadanas cercanos a ellos y a ellas. Entonces, ir a votar, solo convalida un sistema político podrido por la práctica de los partidos, sin excepción.
¿Cuál es el estado que guardan los conflictos laborales de HANJIN, HOTEL LOS ARCOS Y AEROCALIFORNIA?
HANJIN. L@s 96 trabajador@ss calamarer@s, que trabajaban jornadas nocturnas de 12 horas sin pago de horas extras y ganaban un salario a destajo de 30 centavos el kilo de calamar limpiado, después de 24 años de lucha jurídica se han quedado en estado de indefensión, y el adeudo de HANJIN MÉXICO, S.A DE C.V. y HANJIN TRADING CORP LTD KOREA, hasta septiembre de 2025 rebasaba los 92 millones de pesos, sin embargo hace 10 meses la representación en La Paz de l@s trabajador@s despedid@s injustificadamente de HANJIN, entregaron al gobernador una propuesta que consistía en lo siguiente: “Lo que les proponen las compañeras trabajadoras calamareras despedidas es que el gobierno consideré como gasto social en el presupuesto estatal el monto de indemnización constitucional al momento del despido el 15 de octubre de 2002 actualizado con la inflación al año 2025 y agregar algo de los salarios caídos” (Cisslaboral, A.C., 20 septiembre 2025), la inflación de octubre de 2002 a septiembre de 2025 fue de 142%; en concreto la propuesta que le hicieron al gobernador es que calculara la indemnización constitucional de tres meses del salario integrado, la parte proporcional de vacaciones y aguinaldo y la prima de antiguedad, al 15 de octubre de 2002 y le aplicara el índice inflacionario a la fecha actual; pero el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no se dignó a contestar el escrito, ni para decir si, ni para decir no, a la solicitud que le hicieron; o sea, no quiso saber nada de ellas; y algo similar sucedió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se concretó a enviar un escrito del representante de la Secretaria de Gobernación en la entidad, para decir que no era competencia de la presidencia de México; o sea, tampoco quiso saber nada de ellas. Pero en estos 24 años lo que han tenido que recorrer ha sido un verdadero Vía Crucis: tardaron 7 años para traducir la demanda al coreano; vendieron ilegalmente los predios embargados en favor de las trabajadoras despedidas, cancelaron indebidamente el embargo precautorio de los predios en favor de las trabajadoras despedidas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del municipio de Mulegé; registraron ilegalmente nuevas escrituras en favor de un empresario gasolinero proveedor del gobierno; y cancelaron la demanda laboral internacional, y cosas por el estilo.
HOTEL LOS ARCOS. El adeudo del Hotel Los Arcos (parece que la razón social adoptada en 2014 es Hoteles y Turismo S.A. de C.V.) a los 81 trabajadores en huelga ronda los 155 millones de pesos, según la actualización del laudo obligatorio resultado del arbitraje de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje calculado recientemente; y lo que ha informado la representación sindical es que “un juzgado federal tuvo a bien emitir una sentencia donde se reconoce a los trabajadores sus derechos y aunque no se concluye con esta sentencia es un paso más en este largo proceso de la defensa de los trabajadores huelguistas del hotel Los Arcos” y menciona que “la buena noticia es que con esta actualización, lo que procede y lo estaremos haciendo esta misma semana, es solicitarle al Registro Público de la Propiedad dos cosas: trabar el embargo de manera oficial de todas las propiedades de la familia Coppola que son aproximadamente cinco, para que ya no puedan hacer uso de ellas, y actualizar o incluso ampliar el propio embargo con más propiedades que eventualmente pudieran tener” (El Sudcaliforniano, 12 de julio de 2026); aquí viene otro Vía Crucis para los trabajadores del Hotel Los Arcos en huelga: después de la resolución del juez federal, tendrán que promover ante la autoridades laborales la ejecución de la resolución del pago de la indemnización y los salarios caídos; de no acatarlo la empresa, hacer un nuevo avalúo pericial de los bienes embargados y promover el remate de los inmuebles embargados, entre ellos el edifico del Hotel Los Arcos, esperar a que haya postores dispuestos a comprar; pero mientras esto sucede, no hay que descartar alguna jugada legaloide que quiere hacer la empresa, para evitar nuevos embargos y el remate.
AERO CALIFORNIA. El adeudo de AeroCalifornia S.A. de C.V con los 1 mil 372 trabajadores sindicalizados, al 31 de agosto de 2009 era de 519 millones 431 mil 589 pesos según el laudo obligatorio resultado del arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México; el adeudo actualizado con los salarios caídos a valor presente rebasa seguramente los 2 mil 870 millones de pesos; y recientemente, ex trabajadores de aire y tierra de Aerocalifornia denunciaron que dicho laudo “nunca se ejecutó a su favor, no fueron notificados ni liquidados. En contraste, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) afirma que el asunto quedó <<total y definitivamente concluido>> en 2021 tras la adjudicación de bienes al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de AeroCalifornia” y terminan diciendo: para nosotros “la Ley Federal del Trabajo es letra muerta”. (El Sudcaliforniano, 29 de septiembre de 2025); al mismo tiempo que esto sucedía, se supo por declaraciones de un capitán ex trabajador de AeroCalifornia que: “Nosotros queremos que se resuelva nuestro problema, que es el mismo que el de Mexicana, la liquidación para lo que alcance. Nosotros tenemos otra situación legal, hay un juicio interpuesto por una compañía aseguradora muy importante –Inbursa- por los aviones que se quedaron, ese pago está pendiente” (a21.com, 22 de agosto de 2023) y es que una aseguradora, al parecer INBURSA, presentó una demanda federal por varios miles o millones de dólares contra AeroCalifornia, que presuntamente ganó la aseguradora, por lo cual debió pagarse, si así fuera, esto no es cosa menor, ya que ante cualquier otro acreedor, en este caso INBURSA, hay prioridad absoluta de los trabajadores por el derecho preferencial que tienen de acuerdo a la Ley Laboral, estarían en primer lugar las y los trabajadores de AerCalifornia, quienes debería recibir ese pago. Pero en este caso todo es confusión, no sabemos a ciencia cierta lo que ha pasado, y lo grave de todo es que los trabajadores de aire y tierra quedaron en completa indefensión.
Estos tres casos, dan cuenta que la explotación, el despojo, el desprecio y la represión psicológica que el capitalismo sudcaliforniano ejerce sobre trabajadores y trabajadoras, ayudados por la pirámide laboral y estatal, ha probado una y otra vez que la justicia no es ni pronta ni expedita, llega a ser hasta inexistente.
La Paz, Baja California Sur, a 16 de julio de 2026.
Víctor Castro dijo que primero conocerá el plan maestro y esperará los estudios de Semarnat; no precisó qué opinión emitirán las dependencias estatales sobre el desmonte solicitado
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío no se sumó al llamado de organizaciones ciudadanas para negar el cambio de uso de suelo forestal solicitado en la playa El Saltito y señaló que esperará conocer el plan maestro antes de emitir una postura definitiva.
En respuesta a una pregunta de Diario Humano durante la conferencia de prensa del 22 de julio, el mandatario indicó que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisar el proyecto y determinar si cumple con las disposiciones ambientales.
“Primero hay que conocer el proyecto, el plan maestro, y creo que para esto la Semarnat lleva a cabo una serie de consultas públicas, como es obligado cuando están este tipo de planteamientos”, respondió.
Castro Cosío manifestó su confianza en la dependencia federal y en su titular, Alicia Bárcena. Como referencia, mencionó proyectos suspendidos recientemente en otras entidades después de que organizaciones ciudadanas señalaran posibles irregularidades o incumplimientos ambientales.
El gobernador sostuvo que no busca detener las inversiones, pero condicionó su respaldo a que los proyectos no provoquen afectaciones comprobadas al entorno.
“Por supuesto, no pretendemos detener el desarrollo, pero el que cause y se compruebe que causa daño al medio ambiente, yo no estoy de acuerdo. Esa sería mi opinión”, declaró.
También consideró necesario revisar la cantidad y el tipo de vegetación que sería retirada, así como las acciones de restauración planteadas por el promovente.
“Habría que revisar bien el impacto que tenga en el medio ambiente, qué es lo que van a tumbar, si van a reponer o nada”, agregó. Como ejemplo, recordó que durante la ampliación de la carretera a Pichilingue se aplicaron medidas de reposición debido a la intervención de una superficie cercana a una zona de manglar.
La pregunta dirigida al gobernador también buscaba conocer qué opinión presentarían las dependencias estatales ante la solicitud. Sin embargo, Castro Cosío no detalló si el Gobierno de Baja California Sur formulará observaciones técnicas ni cuál será su posición dentro de las instancias que participan en la evaluación forestal.
Semarnat analiza actualmente el trámite “El Saltito Segunda Etapa”, con bitácora 03/DS-0011/03/26, promovido por Banco Ve Por Más, S.A., como fiduciaria del Fideicomiso 1,157. La solicitud permitiría retirar vegetación forestal de 109.622 hectáreas, una superficie equivalente a más de 150 canchas de futbol.
El estudio destina 58.745 hectáreas a lotes residenciales, 16.669 a una parte del campo de golf, 13.134 a cuerpos de agua artificiales y el resto a vialidades, servicios, infraestructura, áreas comunes, un hotel y un club de playa.
Organizaciones que revisaron el expediente estiman que dentro del polígono existen alrededor de 17 mil 400 cardones y 880 biznagas, especie clasificada como amenazada. También cuestionan que el impacto sea considerado “bajo” al compararlo con un área 113 veces mayor, mientras que dentro de la superficie solicitada se removería casi toda la vegetación de un sitio descrito con un estado de conservación “alto”.
La etapa sometida a evaluación se relaciona con un proyecto de mayor magnitud. Una Manifestación de Impacto Ambiental autorizada de forma condicionada en 2009 describió un desarrollo de casi 709 hectáreas, con 559 lotes, campo de golf de 18 hoyos, hotel, club ecuestre, clubes de playa y dos plantas desaladoras.
Hasta el momento, Semarnat no ha autorizado el permiso forestal. La resolución deberá establecer si las medidas de rescate, reubicación y restauración son suficientes para mitigar los efectos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua.
El modelo incorpora hidroponía, avicultura y vermicomposta para promover la seguridad alimentaria y la educación ambiental.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – La Alcaldesa de La Paz en funciones, Amor Fenech Montaño, dio a conocer que el huerto comunitario y avícola que actualmente está en desarrollo en la subdelegación de Santa Rita, permitirá tener acceso a una alimentacióm sostenible, al contar con la posibilidad de producir sus propios alimentos mediante un modelo integral que fortalece la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.
Detalló que el “Sistema Integrado Avícola–Vermicomposta–Hidroponía para la Soberanía Alimentaria y Restauración Ambiental” es impulsado por el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Delegacional Sustentable, en coordinación con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR).
Asimismo esta iniciativa se implementa en la Telesecundaria No. 46 de la subdelegación de Santa Rita y beneficiará directamente a 70 estudiantes de nivel preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato, y sus familias, quienes tendrán acceso a verduras frescas, proteínas de origen avícola y un espacio de aprendizaje enfocado en la educación ambiental y la producción sustentable.
Fenech Montaño agregó que este modelo contempla la construcción de un invernadero con un sistema hidropónico y un gallinero con capacidad para 30 gallinas ponedoras, integrando procesos que favorecen el uso eficiente del agua y la producción de alimentos de alto valor nutricional.
Asimismo, destacó que este es el segundo proyecto de este tipo en la región; el primero se instaló a principios de este año en la misma delegación, en la comunidad de Puerto Chale, donde se lograron exitosas cosechas de cilantro, arúgula, acelgas, espinacas y lechuga, mediante la implementación de tecnologías que permiten ahorrar agua y operar en zonas alejadas.
Finalmente, la Alcaldesa en funciones reiteró el compromiso del Ayuntamiento de La Paz con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales del municipio.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – Baja California Sur enfrenta uno de los desafíos territoriales más complejos para garantizar servicios médicos oportunos. El estado posee una superficie de 73 mil 909.4 kilómetros cuadrados, está dividido en cinco municipios y, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, tenía 798 mil 447 habitantes. Su densidad era de apenas 10.8 habitantes por kilómetro cuadrado, la más baja del país.
Sin embargo, el promedio estatal no explica por completo la realidad demográfica. Mientras Los Cabos concentraba 351 mil 111 habitantes y La Paz 292 mil 241 —en conjunto, más de ocho de cada diez habitantes del estado—, amplias regiones de Mulegé, Comondú y Loreto mantenían poblaciones pequeñas distribuidas en comunidades rurales, pesqueras, agrícolas y mineras separadas por grandes distancias.
Esta combinación de concentración urbana y dispersión territorial determina la forma en que debe organizarse la atención médica. En La Paz y Los Cabos se concentra la mayor parte de los hospitales, especialistas, laboratorios y estudios de mayor complejidad. En contraste, localidades del Pacífico Norte, la sierra, el Golfo de California y las zonas rurales dependen de centros de salud, consultorios, unidades de medicina familiar, hospitales comunitarios, ambulancias y traslados que pueden prolongarse durante varias horas.
La red pública está integrada por establecimientos del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otras instituciones del sector. Cuando Baja California Sur se incorporó al modelo IMSS-Bienestar fueron transferidas 66 unidades: 57 del primer nivel, seis hospitales generales y tres unidades de especialidades médicas. A esta infraestructura se suman las unidades del IMSS y del ISSSTE, que atienden a sus respectivas poblaciones derechohabientes.
El IMSS reportó que su población derechohabiente en la entidad pasó de 491 mil personas en 2018 a 558 mil en 2023. También informó sobre la contratación de especialistas, la recuperación de unidades médicas y la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Los Cabos. Estos datos muestran que existe una capacidad pública importante, pero distribuida entre instituciones que históricamente han funcionado con sus propios padrones, expedientes, presupuestos, ambulancias y procedimientos de referencia.
El problema de Baja California Sur no consiste solamente en la falta de infraestructura. También se relaciona con su fragmentación. En una misma ciudad puede existir un hospital con camas disponibles, mientras otra institución enfrenta saturación; un especialista puede encontrarse en una unidad pública, pero no atender a pacientes afiliados a otra; una ambulancia puede estar disponible, aunque administrativamente no pertenezca a la institución que solicita el traslado.
El decreto publicado el 17 de abril de 2026, mediante el cual se crea el Servicio Universal de Salud del Gobierno de México, abre la posibilidad de superar esas divisiones. Su primera etapa de intercambio de servicios está prevista para comenzar el 1 de enero de 2027.
El nuevo sistema no implica la desaparición del IMSS, del ISSSTE ni del IMSS-Bienestar. Cada institución conservará su personalidad, presupuesto, personal e infraestructura. El cambio deberá producirse en la operación: coordinar capacidades para que la población reciba atención conforme a su necesidad clínica y no solamente de acuerdo con su afiliación.
Para que este propósito funcione en Baja California Sur, se requiere una conducción estatal que traduzca el decreto federal en decisiones concretas. La primera medida debería ser constituir un Comité Estatal de Coordinación del Servicio Universal de Salud, encabezado por la autoridad sanitaria estatal e integrado por IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, servicios de urgencias, Protección Civil, autoridades municipales y las instituciones públicas que participen mediante convenios.
Este comité tendría que elaborar un diagnóstico único de la infraestructura disponible: ubicación de las unidades, número de camas, especialidades, horarios, quirófanos, laboratorios, equipos de imagenología, unidades de hemodiálisis, bancos de sangre, ambulancias, medicamentos críticos y personal médico existente.
No sería suficiente contar con un catálogo estático. Baja California Sur necesita un Centro Estatal de Coordinación Médica, activo las 24 horas, que disponga de información actualizada sobre la capacidad de cada hospital. Ante una urgencia, este centro determinaría dónde existe una cama, qué unidad cuenta con el especialista requerido y cuál es la ruta más segura para trasladar al paciente.
La referencia médica dejaría de realizarse únicamente dentro de la institución de origen. El criterio central sería combinar tres elementos: gravedad clínica, tiempo de traslado y capacidad resolutiva. La unidad receptora confirmaría previamente la aceptación y recibiría el expediente, los estudios y la información necesaria para continuar la atención.
Esta coordinación debe acompañarse de una reorganización territorial. Las jurisdicciones sanitarias pueden conservar sus funciones administrativas, epidemiológicas y preventivas, pero la prestación médica requiere regiones funcionales que respondan a las vías de comunicación y a los tiempos reales de desplazamiento.
Una regionalización adecuada podría dividir al estado en seis zonas: Pacífico Norte, Mulegé-Golfo Norte, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos.
La región del Pacífico Norte comprendería Guerrero Negro, Vizcaíno, Bahía Tortugas, Bahía Asunción, Punta Abreojos, La Bocana y las comunidades cercanas. Por su lejanía de la capital, necesita capacidad permanente para atender urgencias, estabilizar pacientes, realizar estudios básicos y conectarse mediante telemedicina con especialistas.
Guerrero Negro y Vizcaíno deberían constituir el nodo principal de esta región. También sería indispensable fortalecer las ambulancias terrestres y establecer protocolos de traslado aeromédico para infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, urgencias obstétricas y otras situaciones en las que cada minuto modifica el pronóstico.
El carácter nacional del Servicio Universal de Salud permitiría, además, construir acuerdos interestatales. Para determinadas comunidades del norte puede resultar más rápido llegar a un hospital público de Baja California que recorrer el estado hasta La Paz. En esos casos, la frontera administrativa no debería imponerse sobre la seguridad del paciente.
La región de Mulegé-Golfo Norte tendría como centro hospitalario a Santa Rosalía e incluiría Heroica Mulegé, San Ignacio y las comunidades cercanas. El hospital regional debe contar con capacidad suficiente para resolver medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general, urgencias y hospitalización de mediana complejidad.
Los centros de salud de la región funcionarían como puertas de entrada para prevención, consulta general, seguimiento de enfermedades crónicas y estabilización. Los pacientes que requieran servicios de mayor complejidad serían trasladados solamente después de confirmar qué hospital cuenta con los recursos necesarios.
Loreto requiere una organización propia por su ubicación entre Mulegé y Comondú. Su hospital comunitario debe resolver urgencias, partos de bajo riesgo, hospitalización básica, estudios diagnósticos y consultas periódicas de especialidad. Dependiendo del padecimiento, la referencia podría dirigirse a Ciudad Constitución o La Paz, evitando establecer una sola ruta para todos los casos.
En Comondú, el Hospital General de Ciudad Constitución debe consolidarse como centro regional del estado. Su fortalecimiento permitiría resolver cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, traumatología básica, laboratorio e imagenología sin enviar automáticamente a los pacientes a la capital. Ciudad Constitución también podría concentrar consultas programadas de especialistas provenientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. Esta estrategia acercaría la atención a la población de Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes, Puerto Adolfo López Mateos y las comunidades del Valle de Santo Domingo.
La Paz continuaría como el principal centro estatal para los servicios de mayor complejidad. No obstante, su función debe ser atender los casos que realmente requieran especialización, no recibir indiscriminadamente toda la demanda procedente de los municipios. La coordinación entre los hospitales de La Paz permitiría distribuir pacientes según especialidad, disponibilidad y capacidad resolutiva. Los tratamientos posteriores, la rehabilitación y el control de enfermedades crónicas deberían regresar a la unidad más cercana al domicilio del paciente mediante una contrarreferencia organizada.
La región de Los Cabos debe operar como una red hospitalaria propia, debido a su volumen poblacional y crecimiento acelerado. Las unidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas tendrían que compartir información, servicios diagnósticos, especialistas y disponibilidad hospitalaria.
La infraestructura proyectada y existente en Los Cabos debe permitir que la mayoría de los casos de mediana y alta complejidad se resuelvan dentro de la región. Los traslados hacia La Paz quedarían reservados para procedimientos o especialidades que no puedan proporcionarse localmente. Esta regionalización debe ser flexible. Una persona de Los Barriles podría ser atendida en San José del Cabo cuando esa ruta resulte más rápida. Los habitantes de Todos Santos podrían dirigirse a La Paz o Cabo San Lucas según el servicio requerido. La geografía sanitaria debe adaptarse al paciente, no obligar al paciente a recorrer una ruta determinada únicamente por razones administrativas.
La organización territorial requiere un sistema único de referencia y contrarreferencia. La unidad de primer contacto valoraría al paciente, realizaría los estudios iniciales y solicitaría apoyo al centro coordinador. Una vez identificado el hospital receptor, se enviaría la información clínica y se organizaría el traslado. Después del alta, la persona regresaría a su localidad para continuar el tratamiento. Este procedimiento evitaría ambulancias recorriendo largas distancias sin aceptación hospitalaria, pacientes que llegan a unidades sin camas disponibles y familias obligadas a trasladarse de una institución a otra buscando atención.
El expediente clínico electrónico interoperable será esencial. Los médicos autorizados deberán consultar antecedentes, alergias, diagnósticos, estudios, recetas y tratamientos, aunque la persona haya sido atendida previamente en otra institución. Esto reducirá la duplicación de pruebas, facilitará la continuidad terapéutica y disminuirá riesgos. En las comunidades donde la conectividad es limitada, la plataforma tendrá que funcionar temporalmente sin acceso permanente a internet y sincronizarse posteriormente. La digitalización no puede convertirse en una nueva barrera para las poblaciones rurales.
La telemedicina debe ocupar un lugar central en este modelo. Los centros de salud podrán conectarse con especialistas para revisar estudios, ajustar tratamientos, vigilar embarazos de riesgo y dar seguimiento a personas con diabetes, hipertensión, cáncer, insuficiencia renal o enfermedades cardiovasculares. No toda consulta requiere un traslado. En muchos casos, la valoración remota puede resolver dudas, definir estudios previos o determinar si la atención presencial es indispensable. Utilizada correctamente, la telemedicina reduce gastos familiares, evita desplazamientos innecesarios y mejora el uso de los especialistas.
También se necesita una red estatal de transporte sanitario. Las ambulancias deben coordinarse según cercanía y disponibilidad, aunque pertenezcan a instituciones diferentes. Para los casos críticos deben establecerse protocolos diferenciados de código infarto, código cerebro, urgencias obstétricas y traumatismos graves.
El intercambio de servicios tendrá que acompañarse de reglas financieras transparentes. Cuando una institución atienda a una persona afiliada a otra, el servicio deberá registrarse y compensarse conforme a costos previamente acordados. De esta forma se evitará que los hospitales con mayor capacidad absorban por sí solos la demanda y los gastos del sistema.
La puesta en marcha del Servicio Universal de Salud ofrece a Baja California Sur la posibilidad de pasar de varias redes separadas a una sola organización pública coordinada. No se trata de concentrar todas las decisiones en La Paz, sino de construir regiones médicas capaces de resolver localmente la mayor parte de los padecimientos y enlazarlas con los servicios estatales de mayor especialización.
El principio que debe orientar esta transformación es claro: ninguna persona debería ser rechazada, trasladada durante horas o enviada de una institución a otra cuando exista una unidad pública cercana con capacidad para atenderla. En un territorio tan extenso y disperso, la universalidad de la salud no puede medirse solamente por el número de hospitales construidos. También debe medirse por la capacidad de las instituciones para compartir recursos, coordinar decisiones y llegar oportunamente hasta las comunidades.
La Profeco recuerda que las aerolíneas deben presentar información clara, veraz y precisa; la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil respaldan a las y los pasajeros
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – A fin de brindar información oportuna que fortalezca el papel consumidor de las familias mexicanas durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor recuerda los derechos de las pasajeras y pasajeros al viajar en avión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y la Ley de Aviación Civil, las aerolíneas deben proporcionar información veraz, comprobable, clara y puntual a través de los sitios web oficiales, salas de espera, mostradores, centrales de reserva, en cada asiento de la aeronave y en medios impresos a bordo.
Asimismo, las empresas de transporte aéreo tienen la obligación de dar a conocer los términos y condiciones aplicables, así como desglosar tarifas, comisiones, impuestos y cualquier otro cargo en el costo total de los boletos. En caso de ofrecer servicios adicionales, tales como seguros, renta de auto, asistencia o donaciones, no está permitido obligar ni condicionar su contratación.
Ante retraso del vuelo por causas atribuibles a la aerolínea, las personas tienen derecho a recibir descuentos para boletos posteriores hacia el mismo destino, más alimentos y bebidas si la demora es mayor a una hora e inferior a cuatro horas.
Si la espera para abordar la aeronave supera las dos horas, el descuento no debe ser menor al 7.5% del precio pagado. Frente a una demora mayor a cuatro horas, cancelación del vuelo y sobreventa, las y los afectados pueden elegir entre el reembolso total o de la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del costo del boleto; o transporte sustituto en el siguiente avión disponible, alimentos, alojamiento y traslado terrestre desde y hacia la terminal.
En los mismos supuestos, otra alternativa a la que las personas tienen derecho es a transporte en una fecha posterior al mismo destino, más una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.
Por otra parte, las familias que viajen a su destino vacacional en avión, por ley, pueden documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje o dos piezas de mano que en conjunto no excedan los 10 kg, de acuerdo con la capacidad de la aeronave. Las dimensiones en la segunda opción no pueden superar los 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto. Sin embargo, en caso de exceso conforme a la capacidad disponible del avión, la aerolínea tiene permitido solicitar un pago adicional.
Adicionalmente, la Procuraduría señala que las compensaciones e indemnizaciones derivadas de inconsistencias en el viaje, deben ser pagadas por la aerolínea a las personas afectadas en un periodo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación, con excepción de alimentos, bebidas y hospedaje, que tienen que ser cubiertos cuando ocurre el retraso, demora o cancelación.
Como parte de las medidas implementadas para salvaguardar los derechos de las familias mexicanas que viajen en avión durante las vacaciones de verano, la Procuraduría dispone de módulos en distintos aeropuertos de la República, donde brinda asesoría, orientación y conciliación en beneficio de las y los consumidores.
La alcaldesa en funciones encabezó una jornada para escuchar a las familias e identificar áreas de mejora en los servicios municipales.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – Como parte de una política de trabajo cercana a la ciudadanía, integrantes de diversas dependencias del Ayuntamiento de La Paz, encabezados por la alcaldesa en funciones Amor Fenech Montaño, recorrieron las colonias Esperanza 1 y 2 para escuchar directamente a las y los vecinos.
Al respecto, la edil paceña, destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer la cercanía con la población y consolidar un gobierno que escucha y atiende directamente en las colonias.
“El trabajo en territorio no solo nos permite conocer las necesidades reales de la gente, sino también actuar con mayor eficacia y sensibilidad para mejorar los servicios públicos”, expresó.
La dinámica consistió en visitas casa por casa, donde servidores públicos establecieron contacto directo con las familias para conocer de primera mano su percepción sobre los servicios públicos que brinda el Gobierno Municipal, así como identificar necesidades específicas en cada entorno.
Este ejercicio forma parte de una estrategia de levantamiento de información en territorio, que permitirá construir un diagnóstico más preciso y, a partir de ello, implementar acciones concretas que respondan a las demandas reales de la ciudadanía.
La Alcaldesa en funciones de La Paz, dijo que su compromiso es trabajar desde las colonias, escuchando, atendiendo y dando seguimiento a las inquietudes de la población, con el objetivo de fortalecer una gestión más cercana, eficiente y sensible.
Los materiales almacenados en Chametla no representan riesgo biológico y serán desechados conforme a la legislación vigente.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – La Secretaría de Salud dará confinamiento final a materiales que fueron recibidos durante la pandemia, pero que por motivos desconocidos no se usaron en su momento, los cuales estaban acopiados en un inmueble de Chametla, en La Paz.
Cabe señalar que no se trata de medicamento, sino de equipo de protección desechable, bolsas para esterilizar y otros insumos que, al no haber sido utilizados, no representan un riesgo biológico.
La dependencia estatal está realizando procedimientos logísticos para que una empresa especializada lleve a cabo el destino final de estos materiales, a fin de evitar riesgos por el uso de artículos que están fuera de su periodo de vida útil.
Además, se hizo el resguardo de documentación oficial que en su momento se apiló en ese sitio, al que solo tiene acceso personal autorizado, con el objetivo de llevar a cabo su adecuado confinamiento conforme la legislación vigente.
El programa cultural del Ayuntamiento de La Paz ofrecerá una velada gratuita para promover el talento artístico local y la convivencia familiar.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –La Dirección Municipal de Cultura de La Paz invita a la ciudadanía a disfrutar de una nueva edición del programa “Serenatas del Bermejo”, espectáculo musical al aire libre que sirve de escenario para el talento local, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio a partir de las 18:30 horas en el Jardín Velasco.
En esta ocasión, el emblemático espacio del Centro Histórico será escenario de la presentación del reconocido trío romántico Bolero y Algo Más, agrupación que deleitará al público con un repertorio lleno de nostalgia, romanticismo y tradición musical.
Al respecto, el director municipal de Cultura, Juan Lara Guzmán, destacó que Serenatas del Bermejo tiene como objetivo fortalecer la vida cultural de esta zona de la ciudad mediante actividades artísticas y musicales dirigidas a las familias paceñas y visitantes.
Cabe señalar que este programa también forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para acercar la cultura a la ciudadanía y fomentar el disfrute de expresiones artísticas de calidad en entornos accesibles para todas y todos.
Finalmente, Lara Guzmán reiteró la invitación a la población para asistir y disfrutar de manera gratuita de una agradable tarde de música y cultura en uno de los espacios más representativos de la capital sudcaliforniana.
El organismo explicó que el Programa de Medición busca conocer el consumo real de los usuarios y fomentar el uso eficiente del recurso.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –El director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS), Abimael Ibarra Abúndez, aclaró que la tarifa del servicio de agua potable no ha tenido ningún incremento y explicó que el Programa de Medición, aprobado de manera temporal por la Junta de Gobierno, busca fortalecer la medición del consumo para promover un uso más eficiente del agua.
Precisó que “no hubo aumento a la tarifa, sigue siendo la misma; se aprobó un programa temporal de 15 meses con una aportación de 11 pesos con 72 centavos, equivalente al 10% de la UMA diaria, que sirve para medir el agua. La intención es conocer el consumo real, porque lo que no se mide no se dimensiona, lo que no se dimensiona no se valora y lo que no se valora termina por desperdiciarse o no recibir la importancia que tiene”, expresó.
Ibarra Abúndez señaló que conocer el volumen real que utiliza cada vivienda permite a las familias identificar sus patrones de consumo, detectar posibles fugas y tomar decisiones que contribuyan al ahorro del agua.
En este sentido el programa ya ha arrojado resultados positivos al detectar consumos inusuales en diversos domicilios; en algunos casos, usuarios que habitualmente pagaban 217.83 pesos registraron facturaciones considerablemente más altas, lo que derivó en revisiones por parte del Organismo.
Agregó que se contempla la instalación de 22 mil 500 medidores en un periodo de 15 meses, con una meta mensual de mil 500 equipos. Actualmente existen alrededor de 112 mil 500 tomas activas en La Paz, de las cuales cerca de 77 mil carecían de medidor al inicio del programa, por lo que reducir este rezago es fundamental para avanzar hacia un uso más responsable y eficiente del agua.
Concluyó que el éxito de esta estrategia depende del compromiso conjunto entre el Organismo y la ciudadanía para garantizar la disponibilidad del recurso en el futuro, y agregó que se mantendrán abiertas las vías de atención para resolver dudas relacionadas con su aplicación.
Víctor Manuel Castro destacó las acciones de fiscalización, vigilancia ciudadana y combate a la corrupción durante la Conferencia para el Pueblo.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –Durante la Conferencia para el Pueblo, en donde estuvo acompañado por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Rosa Cristina Buendia Soto, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, subrayó que, durante los casi cinco años de su responsabilidad, nos ha distinguido la transparencia, la honradez y ejercicio responsable de los recursos del pueblo, así como sanciones a quienes han incurrido en conductas que van contra los principios de la Cuarta Transformación.
Castro Cosío destacó el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCyTG), tanto para cuidar el buen uso del dinero de las y los sudcalifornianos, como para responder con toda oportunidad las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación.
“Quiero que la entrega-recepción de esta administración sea de una manera completamente transparente, y que cada área entregue cuentas claras, que se preocupen hasta el último día, que se haga responsable cada quien de lo que administre”, dijo.
La titular de la Contraloría, destacó el compromiso de proteger la confianza pública y garantizar que cada acción del gobierno se ejerza con honestidad y transparencia. En ese sentido, comentó que se han constituido mil 221 comités, con la participación de dos mil 930 ciudadanos que vigilan la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de su comunidad.
En ese sentido, se realizan los concursos “Premio Nacional de Contraloría Social” que busca promover la vigilancia ciudadana en la gestión pública; así como el “Concurso Nacional de Transparencia en Corto”, con el fin de fomentar la participación activa de los jóvenes mediante tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia.
En materia de fiscalización y supervisión, se han realizado mil 119 supervisiones a obra pública en todo el estado, con más de ocho mil millones de pesos supervisados; así mismo, se han realizado más de 75 auditorías aplicadas en obra pública, con un monto superior a los mil 231 millones de pesos.
El Gobernador puntualizó que esta es una administración de transformación, se recupera la confianza ciudadana al fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal contra la corrupción, además de asegurar que los funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California Sur actúen con ética, legalidad y responsabilidad, agregó.
La honestidad no es una meta: es nuestro camino. Seguiremos construyendo un Estado transparente, íntegro y orgullosamente Sudcaliforniano, “porque los recursos públicos son sagrados y la decencia debe ser rectora de todos nuestros actos”, finalizó Castro Cosío.
Las acciones coordinadas por COEPRIS, SAMU y la Jurisdicción Sanitaria 1 permitieron reducir riesgos a la salud de la población.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –El trabajo de prevención y control sanitario que con toda oportunidad llevó a cabo el personal operativo de la Jurisdicción Sanitaria 1 durante el incendio registrado hace unos días en San José de Comondú ratifica el trabajo logístico y de coordinación institucional que ha desarrollado la Secretaría de Salud para fortalecer su capacidad de respuesta ante la eventualidad de una contingencia natural.
La secretaria de Salud en el estado, Ana Luisa Guluarte Castro, subrayó que esta labor comprometida que efectuaron tanto las y los trabajadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), como las y los paramédicos del Sistema de Atención Médica en Urgencias (SAMU) tras el siniestro presentado en esa localidad, refleja las previsiones que ha tomado la dependencia estatal para asistir a la población tras un desastre natural.
Al sostener un encuentro con el jefe de esa jurisdicción sanitaria, Marcelino Monreal Tamayo y con el responsable de COEPRIS en ese municipio, Luis Collins Atondo, Guluarte Castro reconoció el desempeño puntual que tuvieron las y los compañeros de la institución para reducir riesgos a la salud de las y los habitantes de esta localidad, mediante acciones que se coordinaron con el ayuntamiento y con otras dependencias estatales.
Tanto la prestación de servicios preshospitalarios que mediante el uso de ambulancias brindaron las y los paramédicos de SAMU, como con las acciones de fomento y control sanitario que efectuaron las y los verificadores de COEPRIS, fue posible reducir el impacto a la salud para quienes residen en el lugar, apuntó la médica al establecer que con esto se evitaron brotes de enfermedades infecciosas.
Se hicieron acciones de monitoreo y cloración de agua, se distribuyó material para la desinfección de alimentos, se brindó información para reforzar la preparación higiénica de alimentos, se promovieron las medidas de higiene básica y se hizo una búsqueda intencionada de casos para prevenir riesgos, como parte de procedimientos que deben seguir las cuatro jurisdicciones sanitarias de la entidad ante eventualidades como esta o las de carácter hidrometeorológicas para preservar el bienestar de la población, puntualizó Guluarte Castro.
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