Este 2 de junio, se discutirá el proyecto presentado el pasado 26 de mayo y presentado por una comisión legislativa
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).-
Se votará este jueves 2 de junio la iniciativa ciudadana para la despenalización de la interrupción del embarazo, antes de las 12 semanas de gestación en Baja California Sur (BCS).
Conforme al proceso legislativo del Congreso de BCS, el proyecto fue presentado el pasado 26 de mayo por la ciudadana Mónica Iris Jasis Silberg, con diversas reformas a la Ley de Salud y al Código Penal.
Posteriormente fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, luego de algunas modificaciones; cabe destacar que, si los abortos se practican posteriormente al plazo señalado, serán castigados por la ley.
El documento inicial contemplaba inclusive “14 semanas de gestación”; no obstante, se redujo a 12 semanas, mismas que entrarían en vigor como plazo límite para practicarlos, en caso de ser aprobadas.
La argumentación de la iniciativa señala que el Estado debe proteger todos los derechos humanos y en el caso de las mujeres, debe proteger sus derechos con el fin de eliminar la discriminación, violencia y desigualdad ejercida en su contra; “por ello la protección de sus derechos debe prever la no criminalización del aborto”, dice el texto.
Expone la iniciadora que la persecución de este delito ha llevado a que muchas mujeres “lo practiquen de manera insegura y clandestina”, poniendo en riesgo la vida; consideró imprescindible que derechos sexuales, reproductivos de las mujeres y las decisiones sobre su cuerpo se conviertan en “derechos de todas las mujeres mexicanas”.
En su momento, la diputada presidenta del Congreso BCS, Gabriela Montoya, turnó la iniciativa a las mencionadas comisiones para su estudio y dictamen; estas consideraron que la criminalización del aborto es violatoria de derechos humanos.
“Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la criminalización del aborto es una condición violatoria de los derechos humanos, y que dicha situación ha sido señalada para el caso mexicano repetidas ocasiones en instancias internacionales y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el texto de manera literal.
Además, marca que el Gobierno de BCS deberá realizar los ajustes y modificaciones administrativas reglamentarias y financieras, “necesarias y suficientes” para garantizar este “derecho a la salud sexual y reproductiva”.
“Deberá garantizarse que exista por lo menos una o un médico que practique la interrupción del embarazo en las instituciones públicas de salud”.
En caso de que se apruebe por la XVI Legislatura, el decreto entraría en vigor al día siguiente al de su publicación del el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de BCS.
