
La Reforma Electoral debe tener como prioridad evitar vacíos en los temas de paridad, equidad de género y definir con claridad el asunto de los bloques de competitividad.
Pirotecnia Política: Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. (Mahatma Gandhi)
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS). La Reforma Electoral que se pretende construir en Baja California Sur (BCS), tiene un punto de coincidencia –sobre todo– entre los representantes populares integrados en el Congreso Local y las dirigencias de todos los partidos políticos con registro; se trata de arrebatarle de las manos al Instituto Nacional Electoral (INE) y sobre todo al Instituto Estatal Electoral (IEE BCS), la posibilidad de decidir sobre temas de candidaturas, ya que, en los últimos dos procesos locales, manosearon a su antojo esos asuntos, que en legislaturas pasadas fueron incapaces de atender, sobre todo lo relacionado a los “bloques de competitividad”.
La pretendida armonización de la ley electoral local con la federal, que forzosamente se tiene que definir antes de la primera semana de diciembre de 2023, justo cuando inicie el proceso electoral que concluirá con elecciones federales y locales a realizarse el domingo 2 de junio de 2024, tiene además como prioridad evitar vacíos en los temas de paridad, equidad de género y definir con claridad el asunto de los bloques de competitividad, situación que se viene a combinar con lo que ya es una realidad en Sudcalifornia, como lo es tema de la redistritación local.
Ni bien se define la nueva ley electoral y ya se dejan correr versiones que evidencian la desesperación de poder consolidar un esquema legal que determine sin mayores miramientos, el hecho de que se considere que los municipios de La Paz y Los Cabos, sean gobernados por mujeres; si los interesados lo que buscan con la reforma es un equilibrio en cuanto a la representatividad política en todos los sentidos, será imposible entonces que logren su objetivo de gobernar al 75 por ciento de los habitantes de Baja California Sur, al menos que su contraparte, así lo permita.





