Adrián Chávez, presidente del Consejo Estatal de Morena en BCS resaltó que harán evaluación interna en el partido, para buscar excluir a agresores de sus candidaturas.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – Legisladores trabajan en el Congreso de Baja California Sur (BCS) para evitar que agresores sexuales y deudores alimentarios lleguen a las candidaturas para los comicios de 2024, informaron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal y del Consejo Estatal de Morena.
Se busca tapar los huecos de las modificaciones legales de la reforma electoral del 2023, que no evitan que agresores y deudores obtengan candidaturas para futuras elecciones.
Karina González Gavarain, secretaria de Mujeres de Morena, aseguró que antes se tumbaban o quitaban candidaturas aprovechando artículos de la Ley Electoral. Aunque el plan B no pone freno a agresores y deudores, dijo que si se requiere harán modificaciones.
Ante las diferentes críticas, Adrián Chávez, presidente del Consejo Estatal de Morena en BCS resaltó que harán evaluación interna en el partido, para buscar excluir a agresores de sus candidaturas.
“El partido siempre ha tenido su filtro interno, independientemente de lo que refiere la autoridad electoral, los primeros que han sido vigilantes de evitar candidaturas no deseables son los propios morenistas”, agregó el presidente.
“La autoridad electoral fungía como responsable de evitar que ciertos personajes pudieran ser candidatos con distintas acusaciones”, dijo.
En el plano estatal responsabilizó al exgobernador Carlos Mendoza Davis por haber vetado la Ley 3 de 3 durante su administración, aunque el rechazo legal del mandatario panista entró de forma extemporánea.
“¿Quién fue el que vetó que pudiéramos contar con esta ley ya vigente? El gobernador Carlos Mendoza Davis antes de salir nos dejó como herencia el veto a esta ley que no se pudo aprobar en esta legislatura porque faltaba reglamentar cómo se construye el padrón de deudores y violentadores”, destacó
La reforma electoral está discutiéndose en el Congreso local, no vendrá en el plan B aprobado en febrero, pero en lo estatal se maneja en la agenda de diputados de Morena y de PT, agregó que trabajan por una “3 de 3” actualizada, vigente y aplicable con un padrón de agresores que sirva a instancias judiciales.
