Mesa de Seguridad e INM, coordinan esfuerzos en materia de flujo migratorio

Garantizan procesos conforme a la ley y respeto a los derechos humanos

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –Durante sesión de la Mesa de Seguridad, que preside el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, se contó con la participación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad, Manuel Salvador Cordero Esparza, quien informó que en Baja California Sur residen 37,918 extranjeros, entre temporales y permanentes, dio a conocer el secretario General de Gobierno, Homero Davis Castro.

El Secretario apuntó que existe la voluntad, interés y compromiso de la Mesa, de fortalecer los mecanismos de colaboración con el INM, para atender temas relacionados con el flujo, trámites y procedimientos de situación migratoria, apegados a la normatividad y con total respeto de los derechos humanos. 

Señaló, que la migración de personas es afín a áreas prioritarias para el individuo, y una de ellas, es la seguridad, ya que el Estado en su conjunto, debe de generar condiciones que garanticen un trato digno y seguro de quienes, por diversas causas, se ven en la necesidad de salir de sus comunidades, para residir en otras ciudades e incluso en otro país, puntualizó.

En la sesión, se indicó por parte del INM, que 20,955 son residentes extranjeros temporales, destacando como país de origen: Estados Unidos de América (EUA), Canadá, Cuba, Colombia y España.

Mientras que 16, 963 son residentes permanentes, provenientes, principalmente de: EUA, Canadá, Venezuela, Cuba y China. 

De igual manera, se cuenta en territorio estatal con 5 puntos de acciones de verificación migratoria en Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, La Paz y Los Cabos, a fin de que el tránsito de migrantes se dé con base al marco jurídico, con orden y de manera segura.

Así como verificar que el ingreso de las y los extranjeros a Sudcalifornia y, por consiguiente, a México, cumpla con los requisitos que establece la ley en este renglón.

Homero Davis, reiteró la disposición de la administración estatal, de seguir uniendo esfuerzos y recursos, para garantizar el estado de derecho, así como promover e implementar las políticas públicas en esta materia, que desde el Gobierno Federal se impulsan para proteger a las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras.