Ya van tres y siguen cayendo, quizá sean más los culpables de la debacle financiera contra de las arcas estatales en la pasada administración.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – De acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer el 14 de octubre del 2021, la deuda multimillonaria que heredó el gobierno panista de Carlos Mendoza Davis a la actual administración estatal de Víctor Castro Cosío, asciende a 9 mil 164 millones de pesos, por tal motivo, el Mandatario Sudcaliforniano ordenó una exhaustiva auditoría a ese gobierno, y se informó también que 10 altos funcionarios de ese régimen, estaban en la mira para procesarlos, para que, esto que se considera un delito, no quede impune.
Gastos excesivos que esa administración pasada realizó en viáticos, en combustibles, en pago de servicios de telefonía celular, en renta de autos, de casas, en compras directas sin licitación a empresas familiares que en este último caso, casi llegaron a los 200 millones de pesos en la adquisición de boletos de avión; o en una autoliquidación de retiro sin justificación alguna, todo, por supuesto, con cargo al erario, dinero que el pueblo sudcaliforniano pagó a través de sus impuestos.
En el afán por tratar de recuperar ese dinero propiedad del pueblo sudcaliforniano, se inició todo un proceso de investigación que dio por resultado, el que la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, de la Procuraduría General del Estado (PGJE), procediera a vincularlos a proceso judicial, por el uso indebido de atribuciones y mal uso de los recursos públicos, por lo que se consideró al ex titular de las finanzas “Isidro N”, quien ya se encuentra con una carpeta de investigación en proceso y ayer, tocó el turno al ex subsecretario de finanzas de esa administración “Joaquín Guillermo N”, por el asunto de la compra ilegal de boletos de avión a una empresa propiedad de un familiar del primero, en el que utilizaron cerca de 200 millones de pesos.
El otro asunto, se refiere a la ex titular del Instituto de Vivienda (INVI), “Rosalba N”, por realizar de manera indebida una autoliquidación por retiro, por casi 2 millones de pesos, de recursos propios de la institución. Igual tema, que se encuentra en proceso judicial.
Ya van tres y siguen cayendo, faltan otros siete, y quizá sean más los culpables de la debacle financiera que cometieron en contra de las arcas estatales, y si así como van las indagatorias y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que vienen realizando elementos de Agente del Ministerio Público de la Fiscalía encargada, pronto caerán esos ex funcionarios que hicieron un uso ilegal de las finanzas del estado.
Por lo pronto, como se señala, ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la Procuraduría General del Estado (PGJE), que aportó datos de prueba que permitieron vincular a proceso a Joaquín Guillermo “N”, quien fungió como subsecretario de finanzas de la administración pasada, se le abrió carpeta de investigación, por lo que se encuentra bajo proceso judicial.
A pesar de que este asunto de la auditoría a la administración pública del gobierno de Carlos Mendoza Davis, lleva un proceso de investigación lento, esta, ya está arrojando resultados, y en breve estaremos conociendo de más ex funcionarios que cometieron ilícitos y uso indebido de atribuciones de esa administración pública.
Decimos que conoceremos, porque ese gobierno siempre ocultó a la ciudadanía por no transparentarlo y tampoco realizó un uso adecuado de los recursos financieros. Y otro ejemplo de ese nivel de corrupción, que se ejerció del 2015 al 2021, fue el enorme gasto que se dio tan solo la que ejercía la secretaría particular en viáticos sobre todo en salidas al interior del país como al extranjero, y de cuánto gastaban en sus estadías al lugar donde concurrían sin justificación oficial alguna.
Así como estos tres personajes, otros irán cayendo para ser sometidos ante el imperio de la ley y no queden impunes los delitos que cometieron en contra el dinero del pueblo sudcaliforniano.
Van tres, pero faltan otros siete, al menos eso es lo que se sabe extraoficialmente, porque se debe ejercer acción penal contra quienes le hicieron un daño al patrimonio económico de los sudcalifornianos.
Eso esperamos todos, para que se siente un precedente que todos los funcionarios públicos actúen con honradez, ejerciendo una disciplina financiera que le permita al estado, aprovechar los recursos que con mucho esfuerzo aporta la población a través del pago de los diferentes impuestos y contribuciones fiscales. Y en el caso de los tres personajes aquí señalados, si son culpables de lo que se les acusa, devuelvan lo que se llevaron y paguen con la penalidad que la autoridad competente determine.
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