José Martín Talamantes Geraldo enfrenta cargos por simulación y un presunto desfalco de más de 14 millones de pesos.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Baja California Sur informó que tras siete horas y media de audiencia inicial, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex tesorero de Los Cabos, José Martín Talamantes Geraldo, a quien se le acusa por el delito de abuso de autoridad por simulación.
En la audiencia inicial se presentaron pruebas en su contra, remarcando el antecedente de que el 18 de octubre de 2022, Talamantes Geraldo firmó un contrato con una empresa dedicada a la gestión de servicios de trámites financieros para que sirviera como intermediaria en la contratación de un crédito simple para el Ayuntamiento de Los Cabos.
En su carácter de tesorero municipal del Ayuntamiento de Los Cabos pagó 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa, a pesar de que no realizó ningún trámite para que el gobierno adquiriera el crédito simple con ninguna institución bancaria.
El juez de Control impuso tres medidas cautelares al extesorero de Los Cabos:
· La firma periódica al imputado de manera quincenal, ante la Coordinación de Servicios Previos a Juicio en La Paz
· La prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos
· La prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos y/o los denunciantes, sin afectar el ejercicio de su defensa, por el plazo dure el proceso
El delito de abuso de autoridad por simulación está previsto y sancionado por el artículo 276 del Código Penal de Baja California Sur y expresa lo siguiente:
“A quien teniendo la calidad de servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el correspondiente servicio o no se cumplirá el contrato o cualquier acto jurídico dentro de los plazos establecidos, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”
