Podrían ser vinculados a proceso Rubén Gregorio “N”, Juan Ramón “N” y Pilar Eduardo “N” por actos de corrupción
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida convoca a los habitantes de La Paz a asistir a la audiencia inicial del juicio penal contra los exfuncionarios municipales implicados en actos de corrupción relacionados con el megaproyecto Punta Norte.
Esto después de cuatro años de intensa batalla ciudadana y jurídica que culminaron en la cancelación definitiva del controvertido proyecto inmobiliario, aseguran.
Arturo Rubio Ruíz, representante legal del Frente Ciudadano y encargado de este emblemático caso, explicó que, apoyado por un equipo compuesto por 10 especialistas en derecho, se interpusieron denuncias penales y administrativas contra los responsables, desembocando en el actual procedimiento penal.
Los imputados en este proceso son Rubén Gregorio “N”, conocido popularmente como “El Mentiritas”, Juan Ramón “N”, sin alias conocido, y Pilar Eduardo “N”, alias “El Pílalo”, detalló Arturo Rubio Ruíz.
Estos exfuncionarios enfrentarán cargos por el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tipificado por el artículo 280 del Código Penal de Baja California Sur, por actos realizados en perjuicio del ayuntamiento de La Paz y sus habitantes.
Consideró particularmente grave que Rubén Gregorio “N”, antes de asumir como presidente municipal de La Paz, fuera empleado y accionista de Century 21, empresa promotora del proyecto Punta Norte, lo cual expuso, evidencia un claro conflicto de interés y abuso de poder para favorecer intereses privados sobre el bienestar público.
La audiencia inicial, un momento clave en el proceso judicial, tendrá lugar el próximo 4 de abril a las 11:00 horas en la sala de oralidad número 2 del Centro de Justicia Penal de La Paz, ubicado en Colosio y Las Garzas.
En dicha audiencia, el Fiscal Anti corrupción formulará oficialmente la imputación contra los exfuncionarios y se solicitarán medidas cautelares necesarias para evitar que evadan la justicia, pongan en riesgo a testigos o denuncias, o destruyan evidencias esenciales para el caso.
Rubio Ruíz destacó que, si los imputados son encontrados culpables, enfrentarán penas de prisión de entre 2 y 12 años, acompañadas de una multa económica que, según detalló, resulta “ridícula” e insuficiente respecto al daño ocasionado, ya que esta oscilaría únicamente entre $2,606.40 y $34,752.00 pesos.
Además, el artículo 268 del Código Penal estatal establece que los acusados podrían quedar inhabilitados para desempeñar cargos públicos o participar en contratos públicos durante un periodo que va desde uno hasta diez años.
La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía que desee acudir y presenciar el desarrollo de este juicio en todas sus etapas.
Pidió cumplir con requisitos básicos como vestir de manera decorosa, no portar equipo de grabación ni objetos peligrosos.
Este proceso busca sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en Baja California Sur, por lo que se exhorta a la población a involucrarse activamente y apoyar con su presencia este ejercicio de justicia y transparencia.
