Castro Cosío sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona en caso de comprobarse responsabilidades penales
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.— En medio del escándalo relacionado con el presunto desvío de recursos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció públicamente que hay corruptos en Morena que utilizan su afiliación política como mecanismo de protección ante acusaciones. Estas declaraciones ocurren en un contexto marcado por señalamientos que alcanzan incluso al entorno político nacional.
Esto ocurrió luego de que el gobernador fuera cuestionado sobre el contenido del libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, del periodista Julio Scherer Ibarra. En dicho libro, se exponen tensiones internas en el movimiento político gobernante y presuntos actos de corrupción. Castro Cosío respondió que no había leído la obra. Sin embargo, sostuvo que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas.
“Hay muchos que se cobijan con el manto de Morena y hacen de su cobijo una especie de paraguas [..] he admirado siempre a Don Julio Scherer… no he leído el libro, entonces sería muy ligero comentar. Pero si tiene algunas pruebas consistentes, hay que presentarlas”, expresó.
El mandatario añadió que el combate a la corrupción debe mantenerse como principio, incluso cuando los señalamientos alcancen a personas vinculadas al propio movimiento político.
El pronunciamiento ocurre mientras continúa el proceso judicial derivado de las investigaciones por las presuntas irregularidades en el INVI. Este caso derivó en la detención de un exfuncionario, mientras su madre permanece prófuga. Ambos son señalados por su presunta participación en el desvío de recursos públicos.
Reportaje vincula presunto desvío con precampaña presidencial
El caso adquirió una dimensión nacional luego de que el medio N+ difundiera un reportaje tras la audiencia judicial de la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal González. En dicho reportaje se señalan presuntos testimonios que vinculan el desvío de aproximadamente 10 millones de pesos en 2022 con actividades relacionadas con la precampaña presidencial del entonces aspirante de Morena, Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con el reportaje, la acusación se sustenta en declaraciones atribuidas a la persona actualmente detenida por el caso. Dicha persona habría señalado el destino de los recursos durante el proceso judicial.
Hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de un proceso judicial en curso. Deberán ser confirmadas o descartadas por las autoridades correspondientes conforme avance la investigación.
Gobernador menciona beneficios económicos vinculados a familiares
Durante su intervención, el gobernador también hizo referencia a presuntos beneficios económicos vinculados a familiares de personas señaladas en el caso. Señaló que corresponde a la justicia determinar responsabilidades.
“Que le regresen al pueblo lo que le robaron (…) que entreguen a la mamá que fue la que recibió un carro del año, recibió bienes, sus cuentas están en internet”, declaró.
El mandatario insistió en que cualquier señalamiento debe sustentarse en pruebas formales y presentarse ante las instancias judiciales.
Gobierno estatal rechaza protección política
Castro Cosío sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona en caso de comprobarse responsabilidades penales.
“Si alguien tiene pruebas de corrupción, que las haga llegar a las autoridades competentes”, expresó.
Asimismo, reiteró que el combate a la corrupción debe realizarse mediante procesos legales y no a través de señalamientos sin sustento jurídico.
Proceso judicial continúa en curso
El caso del INVI permanece bajo investigación judicial. Mientras tanto, las autoridades analizan testimonios, documentos financieros y demás elementos relacionados con el presunto desvío de recursos públicos.
Las declaraciones del gobernador se producen en un contexto de creciente atención pública. Reconoce la posibilidad de que actores políticos utilicen su afiliación partidista como mecanismo de protección. Al mismo tiempo, el proceso judicial continúa su curso y podrían surgir nuevas implicaciones conforme avancen las investigaciones.
