La Asamblea Feminista sostiene que la violencia no se limita a agresiones individuales, sino que también se sostiene por estructuras institucionales y sociales que normalizan, minimizan o encubren la violencia de género
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Con consignas, pancartas y pronunciamientos dirigidos a autoridades y sociedad, cientos de mujeres marcharon este 8 de marzo por el malecón de La Paz para exigir justicia ante la violencia feminicida, la desaparición de mujeres y lo que calificaron como fallas estructurales en la respuesta institucional frente a la violencia de género.
La movilización inició alrededor de las 17:00 horas en la intersección de Márquez de León y Álvaro Obregón, desde donde el contingente avanzó por el paseo costero hasta el monumento conocido como “La Paloma”. Ahí, en 5 de Mayo y Álvaro Obregón, se concentraron para leer un pronunciamiento colectivo.
Durante el recorrido, las participantes portaron carteles con consignas como “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Ni una más” y “No es un caso aislado, se llama patriarcado”. Además, el contingente avanzaba de forma pausada, sumando a más mujeres en el trayecto.
La manifestación se desarrolló en un ambiente mayormente pacífico y formó parte de las movilizaciones realizadas el mismo día en distintos municipios del estado. Entre ellos estaban Los Cabos, Loreto y Mulegé.
Violencia y desapariciones: el contexto señalado por colectivas
Durante la concentración final se dio lectura a un pronunciamiento de la Asamblea Feminista de Baja California Sur. En él se denunció que la violencia contra las mujeres en el estado continúa sin una respuesta institucional efectiva.
El documento sostiene que la violencia no se limita a agresiones individuales, sino que también se sostiene por estructuras institucionales y sociales que normalizan, minimizan o encubren la violencia de género.
Entre los datos presentados, se señaló que en 2025 se registraron 28 homicidios de mujeres y seis feminicidios en Baja California Sur. Además, hubo 115 niñas y adolescentes y 81 mujeres reportadas como desaparecidas, de acuerdo con cifras citadas de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Las colectivas señalaron que detrás de las cifras existen casos que no han sido tipificados como feminicidio. También denunciaron que muchas familias continúan esperando avances en las investigaciones.
“La justicia que tarda no es justicia”, expresaron en el pronunciamiento al referirse a casos de feminicidio ocurridos en años anteriores. Estos casos aún no cuentan con sentencia o resolución judicial.
Reclamos sobre aborto, salud y violencia institucional
Entre las demandas planteadas durante la lectura del posicionamiento se incluyeron críticas a las condiciones en que se brinda el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Baja California Sur.
Las colectivas señalaron que, aunque el aborto es legal hasta las 12 semanas en la entidad, el acceso a este servicio en instituciones públicas enfrenta limitaciones de personal, horarios restringidos y estigmatización hacia las usuarias.
Asimismo denunciaron casos de violencia obstétrica, acoso por parte de personal médico y falta de acceso a métodos anticonceptivos. A raíz de ello —según expusieron— muchas mujeres recurren a abortos autogestionados ante la falta de atención institucional.
También se exigió ampliar la cobertura de estos servicios, garantizar atención las 24 horas y eliminar la criminalización del aborto en la legislación penal.
Denuncias sobre violencia en escuelas y espacios laborales
Otro de los apartados del pronunciamiento se centró en la violencia que, según señalaron, persiste en instituciones educativas y espacios laborales.
En ese contexto, las colectivas denunciaron presuntos casos de acoso y encubrimiento institucional en el Instituto Tecnológico de La Paz. Además, señalaron directamente al director Mario Cortés Larrinaga y a la subdirectora Carmen Angulo por presuntamente proteger a un funcionario señalado por agresiones contra mujeres.
En el documento también se menciona al subdirector de Servicios Administrativos, identificado como Pablo N., quien fue señalado como agresor. Además, se denunció que se habría intentado inhibir las denuncias internas al advertir que las personas que reportaran acoso podrían ser identificadas mediante cámaras del campus.
Las colectivas exigieron la aplicación real de protocolos contra la violencia de género. También exigieron que ninguna institución educativa proteja a agresores o revictimice a quienes denuncian.
Violencia contra niñas, adolescentes y activistas
El posicionamiento también incluyó señalamientos sobre presuntas fallas en la protección de niñas y adolescentes bajo resguardo institucional, particularmente en Casa Hogar y Casa Cuna en La Paz. Estas instituciones están vinculadas al sistema DIF estatal.
Las colectivas demandaron investigaciones con enfoque de derechos humanos, sanciones a funcionarios responsables por acción u omisión y transparencia sobre las condiciones en que viven las menores en estos centros.
Asimismo denunciaron que activistas han enfrentado intimidación institucional, recordando que en 2024 policías estatales acudieron a domicilios de asistentes a la marcha del 8M para advertirles sobre la protesta. Según expresaron, esto fue una violación a sus derechos.
“Vivas, libres y sin miedo nos queremos”
Al concluir la lectura del pronunciamiento, las participantes reiteraron que la movilización busca mantener la visibilización de la violencia que enfrentan las mujeres. Además, exigen cambios estructurales.
“Marchamos por las que ya no están, por las que sobrevivieron y por las que vienen”, señalaron.
La jornada cerró con consignas colectivas y llamados a continuar organizadas para exigir justicia y condiciones de vida libres de violencia.
El pronunciamiento concluyó con una frase repetida por las asistentes:
“Vivas nos queremos. Organizadas nos necesitamos. No tendrán nunca más la comodidad de nuestro silencio.”
