
Existen testimonios de casos en los que servidores de la nación han advertido sobre el posible retiro del apoyo económico para niñas, niños y jóvenes diagnosticados con autismo
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Padres de familia y representantes de personas dentro del espectro autista se manifestó la mañana de este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar en Baja California Sur para denunciar supuestas irregularidades en la evaluación y permanencia de beneficiarios del programa de pensión para personas con discapacidad.
Durante la protesta, las familias señalaron que existen testimonios de casos en los que servidores de la nación han advertido sobre el posible retiro del apoyo económico para niñas, niños y jóvenes diagnosticados con autismo. Particularmente esto ocurre en los niveles considerados como grado uno o grado dos.
Marcela Arrevillaga, madre de familia y vocera del colectivo que acudió a la manifestación, explicó que una de las principales preocupaciones es que el autismo estaría siendo evaluado con los mismos criterios que otras discapacidades visibles. Además, aseguran, esto no corresponde a la naturaleza del trastorno.
“Estamos preocupados porque se está evaluando al autismo como cualquier otra discapacidad, pero bien sabemos que es una discapacidad que muchas veces no se ve y no se pueden utilizar los mismos criterios para evaluarlo”, señaló durante la protesta.
Dudas en torno a procesos de certificado

Las familias también denunciaron confusión en torno a los procesos para obtener el certificado digital de discapacidad, requisito necesario para acceder o mantener los apoyos.
Según explicaron, en los materiales informativos se mencionan instituciones como Ceredi (Centro Regional de Desarrollo Infantil), el Centro de Salud Calandrio y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Sin embargo, afirman que en algunos casos las dependencias se remiten entre sí sin brindar una solución clara.
Otro de los señalamientos expuestos durante la manifestación es que algunos verificadores realizan preguntas sobre habilidades básicas de las personas con autismo, como si comen solos o se visten por sí mismos. Así determinan si requieren o no el apoyo.
“Que tengan habilidades no significa que no haya una discapacidad. Detrás de eso hay terapias, medicamentos y un trabajo constante de las familias”, expuso Arrevillaga.
Menores con autismo grado 1 y 2 pierden apoyo de $3,300: Padres

De acuerdo con las familias, la pensión para personas con discapacidad asciende a aproximadamente 3 mil 300 pesos bimestrales. Este recurso, aseguran, se utiliza principalmente para cubrir terapias especializadas, consultas médicas, medicamentos y traslados.
Durante la manifestación también se presentaron testimonios de padres y madres de familia que señalan haber sido visitados por personal del programa para actualizar diagnósticos o realizar verificaciones domiciliarias. Esto ha generado incertidumbre sobre la continuidad del apoyo.
Llevarán queja a Derechos Humanos
El colectivo anunció que presentará queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar lo que consideran una posible vulneración de los derechos de las personas dentro del espectro autista en Baja California Sur.
Los manifestantes indicaron que buscan que cualquier proceso de reevaluación de diagnósticos sea realizado por especialistas en la materia. Además, no quieren que sea hecho por personal que, señalan, no cuenta con formación médica para determinar el grado de discapacidad.
El documento entregado por integrantes de la comunidad autista en Baja California Sur expone presuntas vulneraciones a los derechos de personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), particularmente en relación con los procesos de verificación vinculados a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con el escrito, desde febrero de este año familias de municipios como La Paz y Los Cabos reportaron visitas o llamadas de personal identificado como “Servidores de la Nación” para actualizar datos y aplicar cuestionarios que buscan determinar si las personas beneficiarias continúan cumpliendo con los criterios para recibir el apoyo.
Según testimonios recabados por el colectivo, estas evaluaciones han incluido preguntas generales sobre habilidades cotidianas como vestirse o comer por sí mismos lo que, advierten, no contempla las características específicas del autismo.
El documento también señala que este tipo de verificaciones podría generar decisiones administrativas que no reflejan la realidad clínica de las personas dentro del espectro, especialmente si son realizadas por personal sin formación médica especializada en neurodesarrollo.
Las familias advierten que una eventual suspensión del apoyo económico actualmente utilizado para terapias, consultas con especialistas, medicamentos y estudios clínicos, podría afectar la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de las personas autistas.
Asimismo, expresan preocupación por el proceso legislativo de la nueva Ley de Autismo en Baja California Sur, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la legislación previa al considerar que no se realizó una consulta adecuada a las personas con discapacidad.
Diario Humano solicitó una postura oficial a la delegada estatal de los Programas para el Bienestar en Baja California Sur, Yanssén Weichselbaum. Ella recibirá a este medio el martes a las 10:30 de la mañana para abordar el tema y aclarar la situación sobre los apoyos.





