La iniciativa plantea cambios en la organización del Tribunal Superior de Justicia, mecanismos de denuncia contra servidores judiciales y adecuaciones para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de Baja California Sur, con el propósito de continuar la armonización de la legislación local con la reforma al Poder Judicial de la Federación publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
La propuesta también contempla modificaciones a artículos transitorios del Decreto 3140, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se hicieron adecuaciones constitucionales en la entidad para alinearse con los cambios impulsados a nivel federal en materia judicial.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa surge de un trabajo interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, derivado de un análisis conjunto para revisar y ajustar aspectos de la reforma constitucional previamente aprobada, tomando en cuenta las características laborales, territoriales, poblacionales e institucionales de Baja California Sur.
Entre los planteamientos centrales destaca la propuesta de que el Tribunal Superior de Justicia funcione mediante Salas Unitarias Especializadas por Materia, con el objetivo de fortalecer su operatividad y agilizar la impartición de justicia en la entidad.
La iniciativa también establece que cualquier persona o autoridad podrá presentar denuncias ante el Tribunal de Disciplina Judicial por posibles faltas administrativas o penales cometidas por personas servidoras públicas del Poder Judicial, lo que busca reforzar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas dentro del sistema judicial estatal.
Otro de los puntos incorporados en el proyecto señala que ningún servidor público del Poder Judicial podrá percibir una remuneración superior a la del Presidente de la República, en concordancia con lo establecido en la reforma constitucional federal en materia de austeridad.
Asimismo, la propuesta contempla adecuaciones para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya fecha límite de entrada en vigor en las entidades federativas es el 1 de abril de 2027.
En ese contexto, se plantea que, por única ocasión, el Consejo de la Judicatura del Estado pueda designar juezas y jueces en materia de oralidad civil y familiar, quienes permanecerían en funciones hasta que estos cargos sean sometidos a elección mediante voto popular durante el proceso electoral ordinario de 2027, conforme al nuevo modelo judicial.
El proyecto también incluye ajustes en lenguaje incluyente y perspectiva de género, con el fin de armonizar el texto constitucional con los principios de igualdad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada y dictaminada antes de su eventual discusión en el pleno legislativo.
