La dependencia federal explicó que las sanciones por condiciones sanitarias corresponden a autoridades de salud; su función se limita a vigilar precios, básculas y prácticas comerciales
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene facultades para imponer multas a establecimientos por motivos relacionados con sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, luego de que circularan declaraciones que sugerían lo contrario respecto a la venta de tortillas.
La institución emitió la precisión después de que el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas, mencionara la posibilidad de sanciones millonarias contra negocios que transporten o vendan tortillas en hieleras o motocicletas. Según Profeco, esa afirmación fue incorrecta.
De acuerdo con el organismo, las sanciones vinculadas con condiciones sanitarias corresponden a autoridades del sector salud. La procuraduría, en cambio, interviene únicamente en aspectos relacionados con las relaciones de consumo, como la transparencia de precios y el respeto a los derechos de los compradores.
En ese marco, la dependencia explicó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, mantiene un monitoreo permanente del precio de este alimento en más de 600 tortillerías del país mediante el programa Quién es Quién en los Precios. Además, supervisa que los establecimientos tengan los precios visibles para el público y que estos se respeten al momento de la venta.
Otra de sus tareas consiste en verificar la calibración de básculas para garantizar que los consumidores reciban kilos completos de producto.
Profeco también indicó que participa en la verificación de disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, que regula las especificaciones sanitarias y comerciales para productos derivados de la masa y la tortilla. No obstante, subrayó que esa participación no implica la facultad de sancionar por condiciones de higiene.
La procuraduría reiteró que su función central es promover relaciones de consumo justas y transparentes, así como orientar tanto a proveedores como a consumidores sobre sus derechos y obligaciones en el mercado.
