El tribunal federal sostuvo que las capturas podían valorarse como pruebas indiciarias cuando son aportadas por alguno de los participantes de la conversación
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Una resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió un debate nacional sobre los límites entre la privacidad de las comunicaciones y la sanción de la violencia política de género. Cabe destacar que la Sala está presidida por la magistrada sudcaliforniana Rebeca Barrera Amador.
El caso involucra a María Emma Zermeño López, funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa. El expediente se abrió tras la denuncia de una diputada local con licencia tras la difusión de capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp sostenidas entre 2024 y 2025.
Las conversaciones fueron compartidas por una persona que participó en el intercambio. Luego, se usaron como indicios dentro del procedimiento sancionador. Con base en ese material, la Sala Regional Guadalajara revocó una resolución previa del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Antes, ese tribunal había considerado improcedente analizar comunicaciones privadas.
En la resolución, la Sala Regional del TEPJF sostuvo que las capturas podían valorarse como pruebas indiciarias cuando son aportadas por alguno de los participantes de la conversación. Según el tribunal, esto no implica una intervención ilegal en las comunicaciones.
Bajo este criterio, se ordenó al tribunal electoral sinaloense emitir una nueva resolución con perspectiva de género. Así, determinará si las expresiones contenidas en los mensajes constituían violencia política de género en su modalidad simbólica.
Debate por el alcance de la resolución
El caso generó cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y especialistas en derecho electoral. Por ejemplo, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa manifestó su preocupación por el precedente que podría establecer el uso de conversaciones privadas como base para sancionar expresiones.
En un posicionamiento público, la organización señaló que este tipo de criterios jurisdiccionales podría derivar en “formas indirectas de censura” si no se establecen límites claros entre la protección contra la violencia política de género y la privacidad de las comunicaciones.
La red advirtió que permitir el análisis de diálogos privados podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. Además, señaló que esto ocurre particularmente cuando se trata de intercambios personales fuera del ámbito institucional.
“Combatir la violencia política contra las mujeres es una obligación del Estado. Pero esa obligación no debe abrir la puerta a precedentes que inhiban el intercambio privado de ideas, la crítica o el disenso”, señala el posicionamiento difundido por la organización.
El criterio del tribunal
De acuerdo con el análisis difundido por la propia Sala Regional Guadalajara, los tribunales electorales pueden valorar indicios como mensajes o testimonios. Esto es posible cuando se denuncian actos de violencia política de género ocurridos en espacios privados.
El tribunal también sostuvo que la revelación voluntaria de mensajes por parte de uno de los participantes no vulnera el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Según el tribunal, esto no se considera una intervención ilegal por parte de terceros o autoridades.
Este criterio, explicó el órgano jurisdiccional, busca facilitar el acceso a la justicia. Es necesario en casos donde las conductas denunciadas ocurren fuera del espacio público y resultan difíciles de probar.
Proceso aún en curso
Tras la resolución federal, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa debe emitir una nueva determinación conforme a los criterios fijados por la Sala Regional.
El caso continúa abierto y ha sido señalado por diversos especialistas como uno de los primeros en analizar la posible violencia política de género a partir de comunicaciones privadas en plataformas digitales. Por lo tanto, esto podría influir en futuros precedentes dentro de la justicia electoral mexicana.
