La autoridad ambiental impuso sanciones económicas por 610 mil 956 pesos a la CCI de La Paz y por 678 mil 840 pesos a la planta de Punta Prieta
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. — Inspecciones recientes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron irregularidades en dos de las principales plantas generadoras de electricidad en la capital del estado. Estas plantas son la Central de Combustión Interna (CCI) y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta. Ambas son operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las revisiones derivan de un juicio de amparo promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esto sucedió luego de que una jueza federal ordenara reabrir una denuncia presentada en 2023. Consideró que la autoridad ambiental no había agotado las investigaciones correspondientes.
Omisiones en registros y control de emisiones
De acuerdo con los resultados de la inspección, ambas centrales no acreditaron cumplir con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Dichos límites están establecidos en la normativa ambiental y de salud.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la falta de registros sobre la operación de las plantas. Además, se detectaron omisiones en los reportes de emisiones contaminantes y ausencia de información que permita verificar el cumplimiento de la normatividad.
En el caso de la CCI de La Paz, la Profepa identificó además inconsistencias en los registros de consumo de combustibles. También encontró deficiencias en el seguimiento del funcionamiento y mantenimiento de los equipos encargados de controlar las emisiones.
Por su parte, en la Central Termoeléctrica de Punta Prieta se detectaron omisiones similares. Particularmente, estas omisiones ocurrieron en la documentación sobre la operación de los sistemas destinados a reducir la contaminación.
Multas superan el millón de pesos
Como resultado de estas irregularidades, la autoridad ambiental impuso sanciones económicas por 610 mil 956 pesos a la CCI de La Paz y por 678 mil 840 pesos a la planta de Punta Prieta. Esto en conjunto supera el millón de pesos.
Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que estas medidas resultan insuficientes frente al impacto que las emisiones pueden tener en la calidad del aire y la salud de la población.
Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA, señaló que “las multas no reparan el daño ambiental ni reducen las emisiones que afectan la calidad del aire en La Paz”. Añadió que la legislación vigente establece que, ante irregularidades, la autoridad debe ordenar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de los límites de contaminación.
Exigen estrategia integral y transición energética
A este posicionamiento se sumó la Alianza por la Calidad del Aire, que hizo un llamado a las autoridades para acompañar las sanciones con una estrategia integral que asegure la correcta operación de las plantas existentes. Al mismo tiempo, pidió impulsar la transición hacia fuentes de energía más limpias.
La Paz concentra buena parte de la generación eléctrica de Baja California Sur, basada principalmente en la quema de combustibles fósiles. Esto incide directamente en la calidad del aire y en riesgos para la salud de la población.
Caso sigue en revisión judicial
El proceso se mantiene en revisión, mientras la autoridad judicial evalúa si la Profepa cumplió con lo ordenado en la sentencia derivada del amparo.
La resolución que emita la jueza será determinante para definir si las sanciones económicas son suficientes. También servirá para decidir si deben ordenarse acciones adicionales que obliguen a las plantas a reducir sus emisiones y cumplir con la normatividad ambiental.
Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de que las autoridades federales y locales adopten medidas concretas para garantizar el control de emisiones contaminantes. Además, buscan mejorar la calidad del aire en la capital sudcaliforniana.
