Durante el bloqueo, Ibarra Rojas confrontó al presidente municipal por la falta de resultados en materia de desapariciones y cuestionó la actuación de las autoridades locales en tareas de búsqueda y seguridad
Diario Humano | Los Cabos, Baja California Sur.— Luego de encarar al presidente municipal Christian Agúndez Gómez durante el bloqueo del acceso al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, la activista Ross Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsqueda San José del Cabo, denunció públicamente que ha recibido amenazas e insultos por su participación en las acciones de protesta encabezadas por familias de personas desaparecidas.
La movilización, que se extendió por más de seis horas el lunes 23 de marzo, fue impulsada por madres buscadoras que exigían la localización con vida de Juan Luis Chico Torres, así como avances en otros casos de desaparición en la región. La presión derivó en la presencia de autoridades municipales y estatales en el lugar.
Horas después, Ibarra Rojas publicó en sus redes sociales que, tras el reclamo directo al alcalde, enfrenta agresiones en su contra: “El día de hoy soy enemiga pública por apoyar a las madres que buscan a sus hijos. Estoy recibiendo amenazas directas, insultos en muchos comentarios por las acciones realizadas para rescatar vidas”, expresó.
A pesar del contexto de hostilidad, la activista sostuvo que no abandonará el acompañamiento a las familias: “Yo jamás dejaré sola a ninguna madre que busca a su hijo, sin importar quién sea”, escribió, al tiempo que llamó a mantener el apoyo ciudadano a las protestas.
Reclaman al alcalde Christian Agúndez omisiones institucionales
Durante el bloqueo, Ibarra Rojas confrontó al presidente municipal por la falta de resultados en materia de desapariciones y cuestionó la actuación de las autoridades locales en tareas de búsqueda y seguridad.
“Sí te compete, porque tú eres el comandante de las fuerzas de seguridad aquí en el municipio. La orden tuya tiene valor”, reclamó frente a Agúndez Gómez.
En la misma intervención, la activista señaló presuntas omisiones institucionales y la ausencia de respaldo a los colectivos: “El municipio, desde que existen los colectivos de búsqueda, jamás ha aportado nada para ayudar a las madres buscadoras, nada… una botella de agua por parte del municipio a las madres buscadoras nunca se ha dado”.
También advirtió sobre el clima de miedo en el que viven las familias: “Nosotros no tenemos la paz. Tenemos hijos, están expuestos… no tenemos para pagar un guardaespaldas”.
La activista incluso planteó señalamientos graves sobre posibles vínculos o tolerancia institucional frente a la violencia: “Estamos hablando de una problemática grave… hay personas vinculadas, policía municipal de Los Cabos participó en desapariciones de personas”, afirmó durante el intercambio.
En respuesta, el alcalde reconoció limitaciones en sus atribuciones, al señalar que las investigaciones corresponden a la fiscalía, aunque ofreció acompañamiento: “Yo no soy procurador… pero puedo dejar a compañeros del jurídico para que les den seguimiento”, dijo.
Destacan presión social para recuperar a dos desaparecidos
Sin embargo, las familias manifestaron desconfianza en las autoridades. “No confiamos, sinceramente no confiamos… todo continúa igual, no hay solución”, respondió una de las personas presentes.
El episodio evidenció la tensión entre autoridades y colectivos, así como la persistente exigencia de resultados frente a una problemática que, de acuerdo con testimonios, continúa sin resolverse en la entidad.
Desde el colectivo Búsqueda San José del Cabo se insistió en que la presión social fue determinante para obtener respuestas inmediatas en algunos casos, pero advirtieron que aún hay múltiples familias sin noticias de sus seres queridos.
“Cuando el pueblo presiona, hay respuesta; cuando el pueblo calla, hay abandono”, difundieron en un posicionamiento.
La denuncia de amenazas contra Ibarra Rojas se suma al contexto de riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y buscadoras en México, quienes han señalado reiteradamente la falta de garantías para ejercer su labor sin represalias.
