Una iniciativa ciudadana propone crear un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 60 años de prisión el homicidio de autoridades y mandos de seguridad
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.— Una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso de Baja California Sur busca crear un nuevo tipo penal para sancionar con mayor severidad el homicidio cometido contra la o el titular del Poder Ejecutivo estatal, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales, así como integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
La propuesta, denominada por sus promoventes como “Ley Carlos Manzo”, fue turnada como un proyecto para adicionar el artículo 128 Bis al Código Penal del Estado. Fue recibida por el Congreso local y turnada a comisiones.
El planteamiento establece penas de 35 a 60 años de prisión para quien prive de la vida a personas que ocupen esos cargos (o que hayan sido electas y se encuentren en periodo de transición para asumirlos) cuando el crimen esté relacionado con su encargo, sus funciones o actos derivados del ejercicio público.
La iniciativa fue entregada por Vicente Gerardo Zúñiga Pacheco, quien se identificó como simpatizante del Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California Sur. También es conocido por su trabajo informativo como director fundador del medio local MetropoliMx.
El argumento central: blindar cargos públicos ante la violencia
En la exposición de motivos, sostuvo que el asesinato de autoridades no debe tratarse como un homicidio común, al considerar que representa un impacto institucional.
“El homicidio de un gobernador o gobernadora, presidenta o presidente municipal o diputada y diputado local, no puede ni debe ser tratado como un homicidio común. Es un delito que trasciende la esfera individual”, se plantea en la iniciativa.
Se añade además un agravante: cuando el homicidio tenga como finalidad influir, coaccionar, intimidar o alterar el funcionamiento del Gobierno del Estado, de los ayuntamientos o del Poder Legislativo, la pena podría aumentar hasta en una mitad del máximo previsto.
De Michoacán a Baja California Sur
La iniciativa toma como referencia el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, hecho que los promoventes colocan como detonante simbólico de la propuesta.
“Su muerte no puede quedar impune ni olvidada, debe transformarse en un punto de inflexión legislativo”, se señala en el documento.
En el caso de Baja California Sur, también se menciona el homicidio de Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, asesinado en La Paz el pasado 25 de febrero de 2026.
Ampliación del alcance y postura sobre modelo actual
Gerardo Zúñiga explicó que la propuesta no solo replica lo planteado en otras entidades, sino que busca ampliarlo. El promovente también cuestionó el tratamiento actual de estos casos en el sistema penal.
“Nosotros aquí la retomamos, pero la estamos amplificando porque finalmente la iniciativa va más ampliada en el tema de contemplar a los servidores públicos de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia”, expuso para Diario Humano.
“Se está trabajando de la misma manera como un homicidio común cuando debe ser un homicidio de un servidor público, debe de llevar recursos especializados, reacción inmediata y una respuesta rápida”, agregó.
El Código Penal actualmente contempla de 25 a 50 años por homicidio común. “Nosotros queremos elevarlo a 35 a 60 años cuando se trate de servidores públicos”, explicó.
Una iniciativa con lectura política
La propuesta es parte de las actividades del Movimiento Independiente del Sombrero. “Es una ley que no solamente beneficia al gobernador, a los alcaldes, sino también a los diputados y sobre todo a las personas que están desprotegidas en las instituciones de seguridad pública”, sostuvo Zúñiga.
El proyecto deberá seguir el trámite legislativo ordinario: turno a comisiones, análisis, posible dictaminación y, en su caso, discusión ante el Pleno.
En sus artículos transitorios, la propuesta establece que, de aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
La discusión quedará en manos del Congreso local: si el homicidio de autoridades y mandos de seguridad requiere un tratamiento penal autónomo o si el marco actual es suficiente para sancionar estos delitos.
Gerardo Zúñiga no se descartó para buscar la candidatura independiente a la gubernatura, por lo que adelantó, buscará una propuesta de ley para reducir el número de firmas requeridas para conformar una opción sin partido en la boleta electoral.
