Organizaciones ambientalistas denunciaron vuelos de helicóptero y posible traslado de materiales en zonas vinculadas al proyecto “Santuario del Tío Checo”; el gobernador Víctor Castro afirmó que cualquier obra deberá apegarse a la ley.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- Los reportes sobre sobrevuelos de helicópteros y presunto traslado de materiales en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna volvieron a colocar en el centro de la discusión pública al proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, mientras organizaciones ambientalistas mantienen exigencias de inspección y algunos colectivos insisten en la posibilidad de expropiar terrenos relacionados con el caso.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sostuvo que cualquier construcción o intervención dentro de predios ubicados en la sierra deberá ajustarse a la legislación ambiental y urbana vigente.
“Que nadie se salga del marco de la ley”, declaró el mandatario estatal al ser cuestionado sobre denuncias interpuestas por asociaciones civiles y rancheros de la zona.
Castro Cosío señaló que, si existen afectaciones ambientales derivadas de construcciones o movimientos de tierra, deberán intervenir las autoridades competentes; sin embargo, también defendió el derecho de particulares a desarrollar obras dentro de sus propiedades, siempre que cuenten con autorizaciones.
“Si son gente que tiene su propiedad legítima, pues yo no les voy a impedir que hagan su baño… nomás que saquen sus autorizaciones debidas”, expresó.
El gobernador reveló además que ha recibido peticiones relacionadas con una eventual expropiación del predio señalado por colectivos ambientales, aunque aseguró que su administración no contempla actuar en ese sentido sin una revisión jurídica y técnica.
“Nosotros no queremos entrar en esa vía de quitarle los derechos a la gente. No sé de qué se trata sinceramente, por las redes. No tengo ningún documento sí leí una nota, pero no me guío por las redes”, afirmó.
La postura surge luego de que integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) plantearan públicamente la necesidad de que el Estado analice mecanismos legales para proteger áreas consideradas estratégicas para la captación de agua y conservación ambiental dentro de la Sierra La Laguna.
En distintos posicionamientos y manifestaciones realizadas desde principios de 2026, integrantes de estos colectivos han pedido revisar la situación legal de predios adquiridos en la zona serrana por actores vinculados a Hermandad en Armonía A.C., asociación promotora del proyecto “Santuario del Tío Checo”.
Las alertas aumentaron tras reportes ciudadanos sobre sobrevuelos de helicópteros y aparente ingreso de materiales en áreas relacionadas con el proyecto ambiental y turístico.
Desde febrero de 2026, la bióloga Lazuli Piceno había denunciado públicamente posibles movimientos de maquinaria y remoción de vegetación en sectores cercanos al predio referido.
El antecedente del proyecto
El proyecto “Santuario del Tío Checo” fue ingresado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 22 de enero de 2026 mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) particular.
La propuesta contemplaba infraestructura como helipuerto, clínica veterinaria, laboratorios, granja fotovoltaica y espacios para conservación y reproducción de fauna silvestre.
El expediente quedó registrado bajo la clave 03BS2026TD002 y la bitácora 03/MP-0021/01/26. Posteriormente, la representación de Semarnat en Baja California Sur emitió un oficio de prevención solicitando información complementaria.
El 19 de febrero de 2026, la dependencia federal resolvió desechar la solicitud ambiental mediante el oficio ORE.SEMARNAT-BCS.0376/26.
Pese a ello, colectivos ambientales sostienen que continúan observándose actividades en la zona, situación que derivó en nuevas denuncias ante autoridades ambientales. La Sierra La Laguna se encuentra protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera y contiene zonas núcleo sujetas a restricciones ecológicas federales debido a su relevancia hídrica y ambiental para Baja California Sur.
