Convocan marcha en La Paz mientras autoridades descartan actividades ilegales dentro de la reserva
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- La controversia por los presuntos trabajos relacionados con el proyecto denominado “Santuario del Tío Checo” en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna escaló este jueves luego de que la activista y habitante Elizabeth Álvarez Rosas denunciara públicamente un supuesto hackeo de sus cuentas tras difundir videos, coordenadas y evidencia aérea sobre el traslado de estructuras metálicas hacia el segundo valle de la sierra mediante helicópteros.
La denuncia surge apenas horas después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Gobierno de Baja California Sur informaran que, tras recorridos efectuados los días 6 y 7 de mayo, no localizaron actividades de construcción ni remoción de vegetación dentro de la reserva.
Sin embargo, en el mismo comunicado conjunto, las autoridades reconocieron haber encontrado “materiales de construcción resguardados en sitios cercanos a las cabañas que existen en el valle Sierra La Laguna”.
En respuesta, Álvarez Rosas aseguró que las estructuras mostradas por Profepa coinciden con las que ella documentó previamente en un predio ubicado arriba de El Romerillal, en la delegación de Miraflores, municipio de Los Cabos, donde —afirmó— operó una empresa contratada para la instalación de ocho cabañas de lujo.
“Ahí llega el helicóptero, enganchan con canasta estas estructuras metálicas de fierro y las llevan hasta el segundo valle en Sierra La Laguna”, expresó la activista durante una transmisión difundida en redes sociales.
De acuerdo con su testimonio, los sobrevuelos habrían sido registrados desde el 1 de mayo mediante drones que documentaron vuelos recurrentes aproximadamente cada 25 minutos. La activista afirmó que dichas evidencias fueron integradas previamente a denuncias presentadas ante autoridades ambientales.
“Me hackearon mi cuenta hoy en la mañana. Me quieren bloquear porque estamos dando a conocer con evidencias, con trabajo que los rancheros y la gente de a pie estamos haciendo”, denunció.
Las imágenes y la geolocalización
En las publicaciones difundidas por la activista se incluye una geolocalización correspondiente a un predio identificado en la delegación de Miraflores, desde donde presuntamente se estarían almacenando y movilizando estructuras metálicas.
Las imágenes aéreas muestran vigas y materiales apilados sobre una superficie de terracería, así como piezas similares colocadas posteriormente dentro de una zona boscosa de la Sierra La Laguna.
Según la denuncia pública, las estructuras serían trasladadas mediante helicópteros hacia una zona considerada ambientalmente sensible dentro de la reserva.
La activista aseguró que existe coincidencia visual entre las estructuras documentadas en sus videos y las fotografías difundidas posteriormente por Profepa durante el operativo de inspección.
“Esas estructuras de fierro son las mismas que están en el predio en la delegación municipal de Miraflores”, sostuvo.
Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente el destino de dichos materiales, ni ha informado si existe autorización vigente para el traslado aéreo o eventual instalación de infraestructura en la zona señalada.
El comunicado oficial
La tarde del 7 de mayo, Profepa, Conanp y autoridades estatales difundieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que inspectores y guardaparques realizaron recorridos de vigilancia dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
Las autoridades señalaron que la inspección se efectuó en atención a publicaciones en redes sociales, medios digitales y denuncias telefónicas relacionadas con presuntas actividades de desmonte.
“Al momento del recorrido no se detectaron actividades de desmonte o remoción de vegetación en la zona”, indicó el comunicado.
No obstante, el mismo documento reconoce el hallazgo de materiales de construcción en áreas cercanas a cabañas existentes dentro del valle.
Profepa añadió que continuará con labores de inspección y vigilancia debido al interés ambiental y social que reviste la protección de la sierra, considerada una de las principales zonas de recarga hídrica de Baja California Sur.
La postura del gobernador
El conflicto también se intensificó luego de declaraciones recientes del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien señaló que el gobierno estatal no impedirá desarrollos o construcciones privadas mientras cuenten con permisos y acrediten legalidad sobre la propiedad.
Las declaraciones provocaron críticas entre colectivos ambientalistas y organizaciones ciudadanas que han solicitado incluso la expropiación de predios relacionados con proyectos dentro de la Sierra La Laguna.
Entre los grupos que han impulsado esa postura se encuentra Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía A.C., cuyos integrantes han advertido sobre posibles riesgos ambientales derivados de desarrollos en zonas de conservación.
Álvarez Rosas cuestionó directamente la postura gubernamental durante su mensaje en redes sociales.
“¿Cómo no? No es cualquier propiedad del pueblo de abajo. Ya está impactada toda la costa en Baja California Sur. Y ahora se quieren meter con nuestro tinaco de agua”, expresó.
La activista también insistió en que la Sierra La Laguna representa una zona estratégica para el abastecimiento de agua en municipios como La Paz y Los Cabos.
El antecedente del proyecto rechazado
La polémica ocurre meses después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desechara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la asociación Hermandad en Armonía A.C.
El expediente, identificado con la clave 03BS2026TD002 y bitácora 03/MP-0021/01/26, contemplaba la instalación de infraestructura relacionada con un centro de conservación y reproducción de vida silvestre dentro de la Sierra La Laguna.
Entre los elementos descritos en documentos oficiales se encontraban instalaciones tipo laboratorio, áreas de manejo de fauna, clínica veterinaria, sistemas fotovoltaicos y un helipuerto.
El trámite ingresó formalmente el 22 de enero de 2026 y posteriormente recibió requerimientos de información adicional por parte de Semarnat.
El 19 de febrero de 2026, mediante el oficio ORE.SEMARNAT-BCS.0376/26, la autoridad ambiental federal emitió un acuerdo para desechar la solicitud.
A pesar de ello, organizaciones ambientales han sostenido que continúan registrándose movimientos, sobrevuelos y presuntas actividades logísticas vinculadas con la zona.
Un video que habla de trabajos detenidos
En medio de la controversia también comenzó a circular un video atribuido presuntamente a trabajadores vinculados con una empresa denominada “Frondoso” que realiza actividades en la sierra, en el que se menciona que existe trabajo avanzado relacionado con “unas cabañas” y que las labores no han iniciado formalmente debido a temas pendientes con Semarnat.
“Es un dinero que se está esperando de un trabajo que se está haciendo, no sé si escucharon ustedes de la sierra. De la Sierra de la Laguna, se van a hacer unas cabañas ahí y ya se tiene un chingo de jale hecho ahí, pero todavía no han autorizado por cuestión de Semarnat”, se escucha en la grabación.
La autenticidad del audio no ha sido confirmada oficialmente por autoridades.
La visita del “Niño Verde” al Gobierno del Estado
En paralelo a la discusión ambiental, en redes sociales volvió a circular una publicación realizada el pasado 23 de marzo en la que se observó al exdirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Emilio González Martínez, conocido públicamente como “El Niño Verde”, esperando atención en oficinas del Gobierno de Baja California Sur.
La imagen generó nuevas especulaciones debido a que distintos colectivos han relacionado políticamente al exsenador con intereses inmobiliarios y turísticos en Baja California Sur.
Hasta ahora no existe información pública oficial que vincule directamente al exdirigente con operaciones actuales dentro de la Sierra La Laguna.
No obstante, organizaciones ambientalistas mantienen señalamientos y exigencias de transparencia sobre posibles intereses privados relacionados con desarrollos dentro de la reserva.
Convocan marcha en defensa de Sierra La Laguna
En medio de la creciente tensión, activistas y organizaciones ciudadanas comenzaron además a convocar a una marcha en defensa de la Sierra La Laguna para el próximo 14 de mayo en La Paz.
La movilización partirá a las 09:00 horas desde el Parque Morelos, frente a la secundaria José María Morelos y Pavón, y contempla avanzar hacia Palacio de Gobierno.
La convocatoria es impulsada por integrantes de Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía A.C., así como ciudadanos y colectivos ambientalistas que exigen transparentar los permisos relacionados con sobrevuelos de helicópteros, el traslado de materiales y cualquier posible proyecto privado dentro de la reserva.
Los organizadores sostienen que la protesta busca presionar a autoridades estatales y federales para ampliar las investigaciones sobre los sobrevuelos documentados durante los últimos días y posibles afectaciones ambientales dentro de una de las principales zonas de recarga hídrica de Baja California Sur.
Un conflicto que escala
La Sierra La Laguna se ha convertido durante los últimos meses en uno de los principales focos de tensión ambiental y política en Baja California Sur.
Mientras autoridades sostienen que no han encontrado actividades ilegales durante sus recorridos, activistas y habitantes de comunidades serranas continúan difundiendo videos, fotografías y sobrevuelos que consideran evidencia de operaciones logísticas vinculadas con desarrollos privados.
La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites permitidos dentro de áreas naturales protegidas, el alcance de los programas de manejo ambiental y la vigilancia institucional sobre proyectos turísticos o inmobiliarios en zonas consideradas estratégicas para la recarga hídrica del estado.
Por ahora, Profepa anunció que mantendrá acciones de inspección y vigilancia dentro de la reserva, mientras colectivos ciudadanos insisten en que las investigaciones deben ampliarse para determinar el origen, destino y legalidad de las estructuras observadas en los sobrevuelos documentados durante los últimos días.
