Diputados plantearon mesas de trabajo, posibles acciones legales y reformas ambientales; rancheros denunciaron amenazas y traslado de materiales en helicóptero
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- Entre reclamos por la falta de respuesta de autoridades federales, denuncias de amenazas y exigencias para retirar materiales introducidos en la Sierra La Laguna, diputados locales y activistas sostuvieron una reunión de trabajo en el Congreso local para abordar el conflicto ambiental relacionado con proyectos y movimientos detectados en la reserva.
Durante la sesión, derivada de una manifestación realizada el pasado 14 de mayo, representantes de organizaciones y habitantes de rancherías señalaron que la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna abarca alrededor de 112 mil hectáreas y representa la principal zona de captación hídrica del sur del estado.
Guillermo Trasviña advirtió sobre litigios relacionados con terrenos dentro de la reserva, presuntos intereses mineros y procesos de compra de tierras vinculados a desarrollos privados. “La Sierra la Laguna representa el tinaco de agua para los pueblos del sur”, sostuvo.
Además, señaló preocupaciones por proyectos asociados a Hermandad en Armonía y cuestionó permisos relacionados con sobrevuelos de helicópteros y traslado de materiales.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Elizabeth Álvarez Rosas, ranchera de San Dionisio, entre lágrimas, denunció públicamente amenazas de muerte por difundir información relacionada con la defensa ambiental.
“Dígale que le baje a las redes sociales (…) porque si no le vamos a dar cuello”, relató ante diputados.
La activista aseguró que en la Sierra permanecen más de 100 estructuras metálicas, vigas, cemento, combustible y campamentos presuntamente relacionados con trabajos en la zona núcleo. “Ya estaban listos para operar”, denunció.
También pidió que el gobierno estatal retire el material y planteó la expropiación de terrenos dentro de la reserva.
Durante la reunión, Javier Ávila, integrante de Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, cuestionó al diputado Erick Iván Agúndez Cervantes sobre la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) frente a su exdirigente nacional Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”.
En respuesta, Agúndez Cervantes aseguró que el partido en Baja California Sur se deslinda de cualquier actividad relacionada con proyectos señalados por activistas.
“Nosotros nos deslindamos de ese tipo de actividades. No es parte de nuestra agenda”, afirmó.
El legislador sostuvo que todos los asuntos ambientales en la actual legislatura han sido votados por unanimidad y recordó que el Congreso buscó integrarse al Consejo Asesor de la reserva, aunque únicamente con voz y sin voto.
La diputada Karina Olivas Parra, Partido del Trabajo (PT), reconoció que el Congreso enfrenta dificultades para obtener respuesta de dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Mientras nosotros hacemos todo por la vía institucional, otros ganan tiempo llevando materiales allá arriba”, expresó.
En ese contexto, activistas señalaron que la falta de atención a exhortos y solicitudes exhibe un debilitamiento político del Poder Legislativo.
“Eso quiere decir que el Congreso está debilitado políticamente”, reclamó Javier Ávila.
La diputada Guadalupe Saldaña del Partido Acción Nacional (PAN) planteó revisar la posibilidad de que el Congreso presente denuncias formales y promueva reformas legales relacionadas con protección ambiental.
“Yo sí estaría dispuesta a comprometernos con ellos, a nosotros poner la denuncia”, declaró.
Al cierre, diputados y activistas encabezados por el presidente del Congreso, el diputado Martín Escogido Flores (Nueva Alianza), elaboraron una minuta para impulsar comparecencias y organizar mesas de trabajo con autoridades estatales y federales relacionadas con el caso Sierra La Laguna.
