El Frente Ciudadano acusó omisiones de Semarnat, Profepa y otras instituciones al señalar que aún no se transparenta quién movió materiales en helicóptero hacia la Sierra ni quién financia las obras denunciadas
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- Luego de semanas de protestas, clausuras, sobrevuelos documentados y presión social por las denuncias relacionadas con Sierra La Laguna, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) aseguró que las propias autoridades ya reconocieron la existencia de actividades ilegales en la zona, aunque afirmó, persisten la opacidad y la falta de acciones penales.
La organización difundió un posicionamiento tras la mesa de trabajo celebrada el 21 de mayo con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gobierno del Estado y ayuntamientos de La Paz y Los Cabos.
De acuerdo con el comunicado, el Freciudav reclamó que, pese a las inspecciones y procedimientos administrativos iniciados en distintos puntos vinculados con las denuncias ciudadanas, las autoridades siguen sin informar quién es propietario del helicóptero utilizado para trasladar materiales a zonas altas de la Sierra, cuántos vuelos se efectuaron ni quién contrató esas operaciones.
“La población hemos sabido cómo, cuándo, varios puntos del dónde y para qué se trasladó el material de construcción a la parte alta de la Sierra de la Laguna, pero las autoridades siguen sin informar el quién del material y el quién del helicóptero”, señaló el Frente.
El conflicto ambiental escaló desde marzo, cuando habitantes, activistas y organizaciones comenzaron a denunciar sobrevuelos constantes hacia zonas serranas y el presunto traslado de vigas, combustible, cemento y materiales de construcción relacionados con proyectos denunciados cerca de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
Las denuncias detonaron movilizaciones en La Paz, protestas frente a oficinas ambientales y marchas al Congreso del Estado, donde ciudadanos exigieron transparencia sobre posibles desarrollos turísticos y presuntas obras irregulares en áreas serranas.
En paralelo, distintas autoridades comenzaron procedimientos administrativos e inspecciones.
El Ayuntamiento de Los Cabos informó al Freciudav que el 11 de mayo ejecutó una clausura en el predio San Miguelito, propiedad vinculada a Hermandad en Armonía A.C., al detectar presuntos trabajos sin autorización de uso de suelo y licencia de construcción.
Posteriormente, el 12 de mayo, autoridades municipales reportaron otro procedimiento en El Romerillal, sitio señalado por activistas como posible punto de traslado de materiales hacia la Sierra. Ahí se colocaron sellos de clausura tras detectar rastros de obra.
Además, el municipio de Los Cabos notificó que el 15 de mayo interpuso dos denuncias ante Profepa relacionadas con estos hechos y adelantó que, a más tardar el 29 de mayo, promoverá una denuncia penal vinculada con ambos predios.
Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz informó que el 18 de mayo efectuó acordonamiento y suspensión de materiales localizados en la Sierra.
A pesar de ello, el Freciudav sostuvo que las acciones siguen siendo insuficientes. El área jurídica de la organización afirmó que todas las autoridades que tengan conocimiento de hechos con apariencia de delito ambiental tienen obligación de denunciarlos y advirtió posibles responsabilidades administrativas por omisión.
En el documento, el Frente también acusó a Semarnat de no entregar expedientes solicitados desde hace más de dos meses sobre trámites o solicitudes de proyectos en la Sierra La Laguna y zonas colindantes.
Asimismo, cuestionó a Profepa al asegurar que únicamente ha atendido una denuncia relacionada con los hechos denunciados y que no presentó información sobre evidencias, embalaje o cadena de custodia.
El comunicado incluye un balance de actuaciones oficiales hasta el 21 de mayo, en el que el FRECIUDAV sostiene que Semarnat, Conanp, Conagua y el Gobierno del Estado no habían promovido denuncias penales relacionadas con el caso.
Pese al escenario de confrontación, las partes acordaron una segunda mesa de trabajo para revisar avances en procedimientos administrativos, denuncias ante Profepa y posibles acciones penales.
La controversia alrededor de Sierra La Laguna se mantiene como uno de los principales focos de tensión ambiental y política en Baja California Sur, particularmente por tratarse de una de las zonas de mayor importancia ecológica e hídrica del estado.
