El proyecto prevé una inversión superior a 116 millones de dólares y se desarrollaría en tres etapas durante 25 años
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– El proyecto Desarrollo Turístico Integral Punta Nayu, sometido a consulta pública por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), contempla la construcción de un complejo turístico-residencial en la playa conocida como San Cristóbal, en el kilómetro 111 de la carretera Transpeninsular, tramo La Paz–Los Cabos.
De acuerdo con el resumen ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad regional, el desarrollo se proyecta sobre los predios denominados Área Restante de San Cristóbal y Santa Margarita, con una superficie total de 558-10-94.40 hectáreas, en el municipio de Los Cabos.
La consulta pública fue abierta por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de SEMARNAT para el proyecto con clave 03BS2025TD093, promovido por Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, como fiduciario del fideicomiso empresarial y de administración con derecho de reversión número 7952/2024.
El periodo para revisar la MIA y presentar observaciones estará abierto del 15 de junio al 10 de julio de 2026, tanto en oficinas de SEMARNAT en Baja California Sur como mediante los mecanismos electrónicos habilitados por la dependencia federal.
Según el documento ambiental, Punta Nayu se presenta como un desarrollo urbano-turístico de baja densidad que incluye dos campos de golf profesionales de 18 y 9 hoyos, áreas turísticas residenciales y hoteleras, casas club, clubs de playa, áreas comerciales, parques, instalaciones de educación ambiental y espacios de conservación de vida silvestre.
El plan maestro plantea un aprovechamiento de 288.83 hectáreas, equivalente al 51.75% del predio, mientras que 269.27 hectáreas, el 48.25%, quedarían destinadas a conservación ambiental.
Entre sus componentes principales se incluyen mil 60 unidades habitacionales, entre viviendas, villas y condominios; infraestructura hotelera y recreativa; 2 mil 540 cuartos hoteleros; planta desalinizadora, planta de tratamiento de aguas residuales, subestación eléctrica, caminos internos y equipamiento de servicios y playa.
La inversión estimada asciende a 116.7 millones de dólares, distribuida en tres fases. La primera etapa concentra la mayor parte del monto, con 92.7 millones de dólares, e incluye campos de golf, vialidades, acceso a playa, infraestructura de CFE y PTAR, desaladora, acceso carretero, spa, casa club y club de playa.
El proyecto está diseñado para ejecutarse en 25 años, dividido en tres etapas: la primera de los años 1 al 10; la segunda del año 11 al 20, y la tercera del año 21 al 25. La vida útil proyectada sería de al menos 50 años, aunque la etapa de operación podría extenderse por tiempo indefinido con mantenimiento y renovación de infraestructura.
La MIA reconoce que el sitio no cuenta actualmente con servicios públicos básicos como energía eléctrica, drenaje sanitario ni agua potable, por lo que plantea una planta modular desaladora para cubrir el 100% de la demanda de agua potable y una PTAR para tratamiento y reúso del agua, principalmente en áreas verdes y campos de golf.
En materia ambiental, el documento identifica impactos negativos como pérdida parcial de vegetación natural, alteración temporal del suelo y modificación de microhábitats, además de generación de residuos sólidos y emisiones temporales por maquinaria. Como medidas de mitigación, plantea rescate y reubicación de especies, viveros para reforestación, mantenimiento de corredores biológicos, control de erosión, franjas de amortiguamiento en cauces de arroyos y reúso de agua tratada.
El promovente sostiene que la Zona Federal Marítimo Terrestre permanecerá libre de construcciones e infraestructura, y que se incorporarán medidas para proteger áreas de anidación de tortugas marinas, incluyendo manejo de nidos, corrales de incubación y programas de liberación monitoreada. La consulta pública permitirá que ciudadanos, especialistas, organizaciones y sectores interesados presenten observaciones antes de que SEMARNAT emita una resolución sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
