La ciudadana deberá comparecer el 17 de septiembre y presentar pruebas dentro del reporte 586/2026; la nueva audiencia ocurre después de que un primer encuentro concluyó sin acuerdos
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Ariadna Pico Rojas, paciente de cáncer de mama metastásico HER2+ en etapa IV, fue citada nuevamente por la Dirección de Prevención del Delito y Justicia Cívica del Ayuntamiento de La Paz, como parte del procedimiento iniciado por las molestias que atribuye a dos talleres colindantes con su vivienda en la colonia Ampliación El Centenario.
La actualización fue difundida por la ciudadana este 14 de septiembre. El citatorio, fechado el día 9 y recibido el 11 del mismo mes, establece que deberá comparecer voluntariamente ante el Juzgado Cívico el jueves 17 de septiembre de 2026.
El procedimiento corresponde al reporte ciudadano 586/2026, abierto por un conflicto vecinal. El documento le requiere aportar las pruebas que considere pertinentes, las cuales serán desahogadas durante la audiencia. También advierte que el reporte podría ser desechado si no acude sin una justificación.
El citatorio confirma la continuidad del procedimiento administrativo, pero no determina responsabilidades ni acredita por sí mismo alguna irregularidad en los establecimientos señalados.
Pico Rojas explicó que uno de los predios es utilizado, según su denuncia, para trabajos automotrices, de hojalatería y pintura, reparación de maquinaria pesada e industrial, estructuras metálicas y herrería. Sobre el segundo, afirmó que inicialmente lo identificó como una herrería, pero posteriormente conoció que estaría vinculado con actividades de fabricación, instalaciones y equipamiento.
“Lo que estoy solicitando no es un privilegio. Es algo elemental: poder vivir en mi casa con paz, seguridad y tranquilidad; respirar aire limpio y que se respete nuestro derecho constitucional a la salud y a un medio ambiente sano”, manifestó.
La nueva comparecencia fue programada después de una primera audiencia, realizada el 7 de septiembre, en la que no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes. Posteriormente, Pico Rojas denunció que trabajadores retiraron estanterías, fierros y otros materiales colocados junto a una barda perimetral que, según sostiene, presenta cuarteaduras.
La ciudadana solicitó conocer las actas de inspección y la respuesta a una denuncia que afirmó haber presentado ante Protección Civil desde el 21 de agosto. También pidió revisar el manejo de pinturas, solventes, aceites, llantas y otros residuos que atribuye a las actividades desarrolladas en los predios.
El caso se hizo público el 3 de septiembre, cuando Pico Rojas denunció que los ruidos, las vibraciones y los olores le impedían descansar en su vivienda un día después de recibir quimioterapia, ya que su estado de salud la obliga a permanecer gran parte del tiempo en casa.
Días después también reportó la colocación de una cámara que, de acuerdo con su versión, inicialmente apuntaba hacia su domicilio. Solicitó a las autoridades revisar su alcance ante una posible afectación a su privacidad.
Por su parte, una persona que se presentó ante Diario Humano como arrendataria de uno de los espacios aseguró previamente que el taller cuenta con autorización de uso de suelo, alineamiento y capacitación en Protección Civil. Indicó que las autoridades habían visitado las instalaciones y reconoció que los trámites de la licencia de funcionamiento se encontraban en proceso.
El arrendatario afirmó que la cámara fue instalada para proteger las instalaciones y al personal, y sostuvo que se colocó una barrera visual entre ambas propiedades. También acusó a Pico Rojas de grabar hacia el interior del taller y de acosarlo.
Pico Rojas consideró que el conflicto refleja la necesidad de revisar la planeación urbana y la convivencia entre viviendas y actividades que generan ruido o emisiones. “No basta con recibir reportes: es necesario verificar, inspeccionar y hacer cumplir la ley”, expresó.
Durante el procedimiento ante Justicia Cívica y mediante las inspecciones de las dependencias competentes, se valorarán las pruebas de ambas partes. Hasta ahora no se ha difundido una resolución oficial que establezca infracciones, daños o responsabilidades por los hechos denunciados.
