Once organizaciones solicitaron al Ayuntamiento y al Gobierno de BCS acreditar agua, drenaje y electricidad antes de permitir proyectos de gran escala; advierten presión sobre la infraestructura y los ecosistemas
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.— Once organizaciones ciudadanas pidieron al Ayuntamiento de La Paz suspender nuevas licencias para desarrollos de gran escala en la franja costera mientras no se demuestre que la infraestructura puede atender a la población actual y a los proyectos ya autorizados. La solicitud forma parte de dos escritos que, según un comunicado fechado el 26 de agosto, fueron entregados al gobierno municipal y al gobernador de Baja California Sur.
La coalición que acompañó la defensa de El Saltito plantea que la disponibilidad de agua, drenaje y energía eléctrica se acredite antes de los permisos de desmonte.
En materia de electricidad, solicita comprobar un contrato de suministro con la carga asignada. También pide verificar que cada desarrollo sea congruente con el Programa de Desarrollo Urbano y Centro Poblacional (PDUCP) y registrar en el catastro municipal los accesos públicos a las playas.
En el foco, capacidad de los servicios frente al crecimiento inmobiliario
Las organizaciones citan datos del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, según los cuales entre 2019 y 2025 se otorgaron más de cinco mil 900 licencias de construcción en el municipio, de las que 46% se concentraron en el último año.
“La pregunta no es si hay que crecer. Es con qué agua, con qué energía y con qué infraestructura”, expusieron.
Uno de sus cuestionamientos es la secuencia de las autorizaciones. Según la coalición, los permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la lotificación municipal pueden avanzar sin que previamente se haya acreditado la factibilidad de agua.
Por ello, pide que las propuestas de desaladoras, plantas de tratamiento o nuevos pozos se sometan a evaluaciones independientes antes de considerarse una garantía de abasto.
El comunicado menciona Punta La Paz, un proyecto turístico-residencial en el entorno del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra. Las organizaciones señalaron que su análisis fue incluido en el orden del día del Comité Técnico para Cambio de Uso del Suelo en BCS el 25 de agosto, y sostuvieron que anteriormente se le había negado la autorización de impacto ambiental, entre otras razones, por omitir la presencia de manglares. El documento refiere un trámite por la vía forestal, sin informar de una autorización de desmonte.
La coalición también cita una investigación académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) que identifica al menos 15 proyectos turístico-residenciales de más de 50 hectáreas cada uno entre El Mogote y Ensenada de Muertos. Entre los desarrollos mencionados se encuentran Paraíso del Mar, Puerta Cortez, Punta La Paz, Kuni y El Saltito. A juicio de las organizaciones, su evaluación debe considerar la presión conjunta sobre el agua, los ecosistemas y el acceso a la costa.
Respecto a El Saltito, las agrupaciones sostienen que el programa urbano establece una densidad máxima de 52 cuartos por hectárea en la zona turística donde se ubica el proyecto. Además, denuncian que no se exigieron estudios de impacto ambiental, urbano y vial que consideran necesarios para su autorización. Estos señalamientos forman parte de los argumentos con los que solicitan revisar la congruencia de los desarrollos con los instrumentos de planeación.
Al gobernador, Víctor Castro Cosío, le pidieron que la moratoria mencionada en el comunicado se traduzca en criterios claros que incluyan las costas y los ecosistemas, así como retomar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, que las organizaciones señalan como pendiente desde 2023. También solicitaron condicionar las opiniones técnicas favorables de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales a una disponibilidad hídrica acreditada.
Las agrupaciones ofrecieron participar en la convocatoria de un diálogo con colegios de profesionistas, cámaras empresariales e instituciones académicas para revisar las reglas de crecimiento.
Los escritos solicitan una respuesta fundada y motivada por escrito, con acuse y folio, a la que darán seguimiento público. El comunicado no incluye alguna respuesta del Ayuntamiento, del Gobierno estatal ni de los promoventes de los proyectos mencionados.
Firman las peticiones BCSicletos; Es Mi Playa, Mi Barrio; CERCA BCS; el Colaboratorio de Ciencias Sociales para la Sustentabilidad de la UABCS; el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz; Contener La Paz; Inga; Iniciativa por los Mares y las Costas de México; Ponguinguiola; Conexiones Climáticas y Vigilantes Peninsulares.
