El gobernador aseguró que no permitirá obras que afecten áreas naturales protegidas; su declaración ocurre después de meses de denuncias, inspecciones y controversia por el traslado de materiales y proyectos sometidos a evaluación ambiental en la reserva
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Víctor Castro Cosío aseguró que su administración no autorizará ningún proyecto que provoque daños en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, luego de meses de controversia por el traslado de materiales, posibles obras y proyectos sometidos a evaluación ambiental dentro de esta área natural protegida ubicada entre los municipios de La Paz y Los Cabos.
“No hay en el Gobierno del Estado ningún proyecto ni vamos a autorizar ningún proyecto que lastime, no solo a Sierra La Laguna, La Giganta, todas las áreas naturales protegidas”, declaró para Diario Humano durante su conferencia semanal de este miércoles 14 de octubre.
La postura del mandatario fue expresada al ser cuestionado sobre su reciente reunión con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, realizada en Ciudad de México, y sobre las preocupaciones que han surgido este año alrededor de posibles intervenciones en Sierra La Laguna.
El encuentro con Bárcena ocurrió días antes y tuvo entre sus temas proyectos de desalación, energías limpias, aprovechamiento sustentable de recursos naturales y turismo de naturaleza para Baja California Sur.
Entre las propuestas presentadas estuvo una desaladora para el ejido Matancitas, en Comondú, cuyo estudio de impacto ambiental deberá ser evaluado por las autoridades federales.
Sin embargo, Sierra La Laguna arrastra desde meses atrás una controversia distinta. En mayo, habitantes, organizaciones ambientalistas y rancheros denunciaron vuelos de helicópteros y traslado de materiales de construcción hacia las zonas altas de la sierra, lo que provocó movilizaciones y exigencias de información a las autoridades.
Castro recordó este miércoles que incluso habitantes de la zona hicieron llegar una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que las autoridades intervinieron al detectarse el ingreso de materiales que no debían ser introducidos hacia una propiedad privada.
“Hubo, se detuvo, porque estaban subiendo material indebido y se cerró a un rancho como propiedad privada”, señaló el gobernador, quien agregó que las explicaciones sobre el procedimiento corresponden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El antecedente se remonta, al menos públicamente, a los días 6 y 7 de mayo, cuando inspectores de Profepa, guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y personal del Gobierno de Baja California Sur realizaron un recorrido después de recibir denuncias sobre posibles desmontes y construcciones.
En aquel momento, Profepa informó que durante la inspección no encontró actividades de construcción ni remoción de vegetación, aunque sí localizó materiales de construcción almacenados cerca de las cabañas existentes en el valle de Sierra La Laguna. Las autoridades anunciaron entonces que mantendrían las labores de inspección y vigilancia.
Ese mismo 7 de mayo, el Congreso de Baja California Sur aprobó un exhorto a Semarnat para informar públicamente sobre el estatus legal de proyectos y actividades desarrolladas en la reserva, y pidió a Profepa realizar inspecciones y aplicar, de ser necesario, medidas de seguridad. El acuerdo legislativo citó expresamente las denuncias sobre vuelos constantes de helicópteros y traslado de materiales de construcción hacia zonas altas.
La controversia continuó. Diario Humano documentó el 25 de mayo que el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) acusó falta de transparencia sobre quién había trasladado materiales mediante helicóptero, quién financiaba las intervenciones y qué responsabilidad existía detrás de los trabajos denunciados. La organización hizo esos señalamientos después de una mesa de trabajo con Semarnat, Profepa, Conanp, Conagua, Gobierno del Estado y los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos.
Además, desde marzo se había informado sobre distintos trámites ambientales relacionados con proyectos dentro de Sierra La Laguna. Entre ellos aparecieron propuestas de infraestructura turística y de conservación promovidas por la asociación Hermandad en Armonía, de acuerdo con documentación de Semarnat divulgada públicamente.
El asunto volvió al Congreso estatal en septiembre. El 15 de septiembre, legisladores turnaron a comisión una propuesta para solicitar a Semarnat que negara autorizaciones de impacto ambiental para dos proyectos: “UMA Centro de Educación, Investigación y Conservación Ambiental (CEICA)” y “Restauración Integral de Instalaciones para la Preservación y Monitoreo de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna”, ambos relacionados con Hermandad en Armonía.
La propuesta legislativa también planteó pedir a autoridades federales investigar posibles obras realizadas de manera irregular. Uno de esos proyectos, el denominado “Restauración Integral de Instalaciones…”, había sido sometido meses antes a consulta pública dentro del procedimiento federal de evaluación de impacto ambiental.
La declaración del gobernador no significa que no hayan existido solicitudes, trámites o proyectos promovidos por particulares dentro o alrededor de la reserva, sino que, según sostuvo, su gobierno no autorizará aquellos que impliquen afectaciones ambientales.
Castro no precisó este miércoles cuál fue exactamente el “material indebido” detectado, hacia qué rancho era transportado, quién era responsable de trasladarlo o si de aquella intervención derivó algún procedimiento administrativo o sancionador.
“En su momento incluso yo dije: bueno, que sea la Profepa, los encargados de dar las respuestas”, expresó.
Sierra La Laguna posee protección federal desde el 6 de junio de 1994 y comprende 112 mil 437 hectáreas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Su relevancia no solamente deriva de sus bosques de pino y encino y de la presencia de especies endémicas: la propia Conanp destaca su función en la recarga de mantos acuíferos y regulación hidrológica del sur de Baja California Sur.
El programa de manejo establece restricciones diferenciadas para sus zonas núcleo y de amortiguamiento, por lo que la propiedad privada dentro de la reserva no elimina la obligación de cumplir las disposiciones ambientales federales.
Activistas insisten en transparentar qué trabajos se han ejecutado realmente, cuáles cuentan con permisos, cuál es el estado de los procedimientos ambientales presentados ante Semarnat y si Profepa determinó responsabilidades por las actividades denunciadas durante el primer semestre del año.
Castro sostuvo que su posición será la misma frente a Sierra La Laguna, Sierra La Giganta y el resto de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur: respaldar inversiones y desarrollo económico únicamente cuando sean compatibles con su conservación.
“Bienvenido el desarrollo, que no haga daño al medio ambiente”, resumió.
