La XVII Legislatura aprobó modificaciones a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública para fortalecer la actuación de las autoridades.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.-La XVII Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó el dictamen presentado por las comisiones permanentes de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Asuntos Fiscales y Administrativos, mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública, a propuesta del Gobernador Constitucional, Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, en materia de seguridad pública.
El dictamen señala que el objetivo de las reformas es el de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como reforzar las acciones de prevención, investigación y combate al delito, lo anterior mediante el uso de inteligencia e información estratégica, con perspectiva de género.
Es preciso señalar que las reformas en la materia obedecen a un proceso de armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar contradicciones normativas que generen posibles actos inconstitucionales por parte de la autoridad.
Relativo a la reforma y adición del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este consolida la estrategia de seguridad pública y de protección a la población, así como robustecer el combate a la delincuencia, esto con el fin de reducir los índices de criminalidad y garantizar la paz social.
En consecuencia se reforma al artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, y se reforma y adición a diversas fracciones de los artículos 21 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, con el objeto de incorporar las nuevas directrices, coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como el de homologar y establecer estándares uniformes de actuación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno, asegurando la concurrencia efectiva y armónica de las autoridades en materia de seguridad pública, bajo un marco de colaboración intergubernamental.
