El gobernador reconoció que tiene sobrinos y un yerno en cargos públicos, pidió a Contraloría aclarar las denuncias y defendió a Marcela
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció que varios de sus familiares trabajan en dependencias del gobierno estatal, entre ellos sobrinos y un yerno, pero rechazó que estas relaciones constituyan actos de nepotismo.
Durante su conferencia de prensa de este miércoles 28 de octubre, defendió la trayectoria profesional y las percepciones salariales de su hija Marcela Castro López, funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y negó que reciba un sueldo superior al de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los posicionamientos surgieron tras una denuncia presentada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por presuntas irregularidades en nombramientos de funcionarios relacionados con el mandatario y publicaciones de los ingresos de integrantes de su familia.
Castro Cosío reconoció los vínculos familiares, aunque sostuvo que los trabajadores señalados cuentan con trayectorias anteriores a su llegada al Poder Ejecutivo, en septiembre de 2021, y que no fueron contratados directamente por él.
Reconoce a sobrinos y yerno entre funcionarios
Entre los nombres mencionados por el gobernador se encuentran José Guadalupe Ojeda Aguilar, conocido como Pepe Ojeda, y Fernando Ojeda Aguilar, a quienes identificó como sobrinos suyos.
Sobre el primero, aseguró que tiene más de 30 años de trayectoria en el servicio público y cuenta con una plaza de base, por lo que rechazó haber intervenido en su contratación.
“Yo no lo contraté. Él tiene base”, afirmó.
Castro Cosío defendió su desempeño profesional y recordó que ha ocupado responsabilidades durante administraciones de diferentes partidos políticos.
En el caso de Fernando Ojeda Aguilar, subsecretario de Turismo de Baja California Sur, también argumentó que cuenta con una trayectoria laboral de décadas dentro de la administración pública.
El mandatario reconoció además que Adrián Sobarzo Larrañaga, funcionario de la Secretaría de Salud estatal, es su yerno. Sin embargo, sostuvo que acumula aproximadamente 20 años de servicio en esa institución.
El gobernador insistió en que la existencia de vínculos familiares no significa necesariamente que él haya intervenido para obtener los nombramientos.
También se refirió a Jesús Omar Castro Cota, jefe de la Oficina del Ejecutivo, de quien aseguró que es un amigo cercano desde hace más de 50 años, pero no su familiar por consanguinidad.
Aunque reconoció que mantiene una relación personal estrecha con él, defendió su preparación y aseguró que fue elegido por sus capacidades profesionales.
Una denuncia por presunto nepotismo sigue bajo escrutinio
Como antecedente, el 1 de septiembre de 2026, el semanario ZETA publicó una investigación sobre una denuncia presentada el 9 de julio de 2025 contra el gobernador y su esposa, Patricia Imelda López Navarro, presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).
De acuerdo con esa publicación, el asunto quedó registrado bajo el expediente CG/EPRA/178/2025, relacionado con posibles irregularidades en nombramientos y contrataciones de al menos 13 personas señaladas por sus vínculos familiares, políticos o personales con funcionarios de la administración estatal.
En ese momento, la titular de la Contraloría, Rosa Cristina Buendía Soto, confirmó que el procedimiento se encontraba en etapa de investigación y que se estaban recabando elementos para determinar si existían responsabilidades administrativas.
Durante su conferencia de este miércoles, Castro Cosío pidió que la propia dependencia dé a conocer la información correspondiente a cada caso.
“Yo creo que ya la Contraloría, yo la invito desde ahorita a que dé a conocer esto, uno por uno”, expresó.
También solicitó que se revisen y hagan públicos los perfiles profesionales de los funcionarios señalados, con el propósito de esclarecer las circunstancias de sus contrataciones.
¿Qué establece la ley sobre nepotismo?
El artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que incurre en nepotismo un servidor público que, aprovechando las facultades de su cargo, interviene directa o indirectamente para nombrar o contratar a familiares dentro del ente público donde ejerce sus funciones.
La disposición comprende vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado, parentesco por afinidad hasta el segundo grado y relaciones de matrimonio o concubinato.
Por lo tanto, el parentesco entre un funcionario y otra persona que trabaja en el sector público no acredita por sí solo una falta administrativa. Para determinar responsabilidades deben examinarse las circunstancias del nombramiento, las atribuciones ejercidas y la posible intervención del servidor público.
Marcela Castro reportó mayores ingresos que su padre
La conferencia también abordó las percepciones de Marcela Castro López, hija del mandatario y funcionaria federal del IMSS.
Una nota publicada por 24 HORAS el 6 de octubre de 2026, con base en registros públicos, señaló que Marcela Castro López reportó ingresos por un millón 533 mil 51 pesos durante 2025, mientras que su padre declaró un millón 89 mil 55 pesos por su desempeño como gobernador.
La diferencia entre ambas cantidades es de aproximadamente 444 mil pesos anuales.
El gobernador no negó que su hija perciba ingresos superiores a los suyos. Por el contrario, reconoció esa circunstancia, pero sostuvo que su remuneración corresponde a su trayectoria profesional y a las responsabilidades que desempeña dentro del IMSS.
La información pública permite identificar a Marcela Castro López como coordinadora de Modernización y Competitividad del instituto.
Su ficha curricular institucional registra su incorporación al IMSS en febrero de 2019, más de dos años antes de que su padre asumiera la gubernatura de Baja California Sur.
También consigna una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora.
Entre sus antecedentes laborales aparecen cargos en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (CDMX) y en la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina.
Estos registros respaldan que su trayectoria laboral es anterior al gobierno estatal de Castro Cosío, aunque por sí mismos no permiten establecer las circunstancias completas de sus designaciones o promociones.
“Nadie gana más que la presidenta”, sostiene
Al abordar las publicaciones que comparan el sueldo de su hija con el de Claudia Sheinbaum, el gobernador rechazó que Marcela perciba una remuneración superior a la de la presidenta de México.
“Nadie gana más que la presidenta, es una mentira, fabulosa mentira”, manifestó.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 establece una remuneración ordinaria mensual neta de 134 mil 290 pesos para la presidenta.
Por otra parte, la declaración patrimonial presentada por Sheinbaum en mayo de 2026 reportó ingresos anuales netos por un millón 791 mil 441 pesos durante 2025.
La comparación debe realizarse entre periodos y conceptos equivalentes, distinguiendo las remuneraciones brutas de las netas, así como el salario ordinario de otras prestaciones.
Los ingresos de Marcela Castro publicados por 24 HORAS corresponden a 2025 y son inferiores al ingreso anual neto declarado por la presidenta para ese mismo año, aunque para una comparación definitiva deben cotejarse los rubros de ambas declaraciones.
Castro se conmueve al defender a sus hijas
Durante su intervención, el mandatario se mostró visiblemente conmovido cuando habló de los cuestionamientos dirigidos a sus hijas.
“Cuando se meten con tus hijas, tus hijos, con calumnias…”, expresó antes de insistir en que ambas tienen derecho a desempeñar actividades profesionales sin ser descalificadas por su parentesco con el gobernador.
Castro Cosío también mencionó que su otra hija ha trabajado en el sector público federal y que obtuvo una plaza mediante un proceso de selección. “Son mi orgullo de padre”, manifestó.
Finalmente, rechazó que su familia haya obtenido privilegios por su posición política y atribuyó los señalamientos a una estrategia de ataques contra su administración.
De acuerdo a la ley, la Contraloría estatal será la instancia encargada de determinar, con base en las pruebas y las disposiciones legales aplicables, si existieron irregularidades en los nombramientos denunciados.
