El abogado de los pescadores frente a Tres Santos pide intervención de las autoridades y reparación de los daños ambientales
Diario Humano | Todos Santos, Baja California Sur.— El colapso parcial del muro de protección del hotel San Cristóbal y las afectaciones a sus instalaciones en Punta Lobos eran previsibles, sostuvo el abogado ambientalista John Moreno Rutowski, representante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos en la defensa de sus concesiones y su espacio de trabajo frente al desarrollo Tres Santos.
En entrevista con Diario Humano, señaló que los daños recientes devuelven al centro de la discusión las advertencias que los pescadores formularon durante la construcción del proyecto sobre la erosión y las posibles consecuencias de modificar el entorno costero.
“Son hechos completamente previsibles”, expresó. Recordó que, en reuniones entre autoridades, desarrolladores y cooperativistas, se señalaron riesgos relacionados con la plataforma, la duna, el humedal, el cauce del arroyo y el muro de contención.
Según Moreno, esas intervenciones alteraron las condiciones de la playa y afectaron el área utilizada por los pescadores. A su juicio, lo sucedido confirma la relevancia de los motivos que llevaron a la comunidad a organizarse y acudir a los tribunales.
Sus declaraciones ocurren después de que el 9 de noviembre circularan grabaciones del muro parcialmente colapsado. Al día siguiente, Diario Humano documentó maquinaria derribando parte de una edificación de dos niveles del establecimiento.
Una voz vinculada a la defensa de los pescadores
La participación de Moreno en el conflicto está documentada desde hace aproximadamente una década como representante legal de la cooperativa en sus reclamos sobre las concesiones y la delimitación de la propiedad privada en Punta Lobos.
Su actuación también recibió atención de organizaciones de derechos humanos. En 2017, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) enviaron una comunicación al relator de Naciones Unidas para personas defensoras, en la que denunciaron lo que consideraban una criminalización de Moreno por su labor ambiental, incluida su participación en el caso Tres Santos.
El abogado fue detenido en mayo de 2017 por una acusación de despojo relacionada con un asunto de 2014. Mientras su defensa vinculó el proceso con su actividad en favor de los pescadores, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sostuvo entonces que la detención no correspondía a las demandas de la desarrolladora. En agosto obtuvo libertad bajo caución, después de permanecer más de tres meses encarcelado.
Tras el colapso del hotel San Cristóbal en noviembre de 2026, Moreno sostuvo que las reclamaciones de la cooperativa tenían fundamentos y buscaban proteger tanto la actividad pesquera como el entorno.
“No eran reclamos vanos, ni sin sustento”, manifestó.
Juicios ganados y una respuesta que cuestiona
Moreno afirmó para Diario Humano que la cooperativa obtuvo resoluciones favorables en procedimientos relacionados con sus concesiones federales y con actuaciones de las autoridades ambientales. Sin embargo, cuestionó que esos resultados no se hayan traducido en medidas efectivas de protección.
“Se les ganó el juicio porque pretendían desplazar y despojar a las cooperativas de su concesión federal. Se ganó y se puso en salvaguarda dichas concesiones”, declaró.
El litigante señaló que la duración de los procedimientos ha dificultado una respuesta oportuna frente a las afectaciones denunciadas.
“Justicia tardía no es justicia. Son juicios que duran cinco, seis, siete años”, expresó.
Las afirmaciones sobre el alcance y cumplimiento de esas resoluciones corresponden a su versión como representante legal de la cooperativa.
Advertencias sobre la dinámica de la costa
Los cuestionamientos sobre la evaluación ambiental también fueron retomados por Mario Sánchez Castro, director regional de la Oficina Noroeste del CEMDA, quien en una entrevista a la periodista Adriana Márquez recordó que durante la evaluación del proyecto Desarrollo Turístico Integral Playa Santos se habían presentado observaciones sobre la insuficiencia del análisis de la dinámica costera.
Consideró que las características del sitio, entre ellas la presencia de un humedal y una zona de descarga de arroyo, debieron tener mayor peso en su planeación.
Pide supervisar las obras y reparar las afectaciones
Moreno pidió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con las autoridades estatales y municipales, intervenga para determinar las medidas de seguridad y corrección necesarias ante los daños y los trabajos posteriores.
Afirmó que las maniobras se realizan bajo condiciones de contingencia y sin las autorizaciones correspondientes. La existencia y el alcance de esos permisos no quedaron acreditados en la entrevista.
Su exigencia inmediata, explicó, es impedir que la abertura del muro o las intervenciones en el lugar provoquen mayores afectaciones a los pescadores, visitantes, trabajadores y al entorno natural. También solicitó determinar, con sustento técnico y de manera transparente, si la estructura debe permanecer o retirarse.
Existen asuntos pendientes en el seguimiento como el destino de los escombros, el sustento técnico y legal de la demolición y las medidas previstas para el tramo abierto del muro.
El abogado adelantó que promoverá acciones, en representación de la cooperativa, para buscar que se determinen responsabilidades y se cubran los costos de restauración que procedan.
Subrayó que las consecuencias también alcanzan a la comunidad, porque Punta Lobos es un espacio de trabajo e identidad para los habitantes de Todos Santos. Aun si las instalaciones se retiran o continúan operando, consideró difícil recuperar las condiciones anteriores de la playa.
“Que permitan a las cooperativas continuar operando garantizando sus concesiones, garantizando su actividad primaria, así como el acceso a todo el público en general al disfrute de ese bien nacional”, demandó.
