Padres señalan omisiones; autoridades dicen que los protocolos limitan sus acciones

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur.– Una pelea en la secundaria José Vasconcelos, turno vespertino, en la colonia Diana Laura, de La Paz dejó a una alumna de 14 años con una lesión documentada en el hombro, derivó en una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y terminó con al menos dos estudiantes fuera del plantel por decisión de sus familias.

El caso se sostiene en testimonios, audios, documentos médicos y constancias ministeriales en poder de este medio, que muestran cómo un conflicto escolar escaló progresivamente hasta convertirse en un asunto de seguridad para las familias involucradas.

De antecedentes ignorados a una agresión documentada

De acuerdo con el testimonio de una madre de familia, a quien nombraremos “Nadia” para reservar su identidad, el conflicto con su hija no comenzó el día de la agresión. Señaló que desde meses atrás existían antecedentes de hostigamiento y empujones que ya habían sido reportados a directivos y personal escolar repetidamente.

El 24 de febrero, alrededor de las 17:40 horas, recibió una llamada para informarle que su hija estaba lesionada. Cuando llegó al plantel, la menor ya era trasladada en ambulancia.

Según su testimonio, en ese momento se manejó la versión de que la adolescente se había caído; sin embargo, sostiene que se trató de una agresión directa ocurrida dentro de la escuela.

“A los de la ambulancia les dijeron que se había caído en la escuela, que no había sido una agresión”, relató; sin embargo, afirmó que su hija fue agredida dentro del plantel, por lo que posteriormente presentó una denuncia.

La documentación médica revisada por este medio establece que la menor ingresó al área de urgencias pediátricas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en La Paz con una “luxación de hombro derecho en riña escolar”, diagnosticada como luxación.

También presentó lesiones en el rostro y requirió seguimiento médico posterior, incluyendo rehabilitación para su hombro, con la posibilidad de requerir intervención quirúrgica. Ella juega voleibol, por lo que temen, tendrá que dejar su pasión por tiempo indefinido.

La denuncia: el caso cruza al ámbito penal

Un día después de los hechos, esta familia presentó una denuncia ante la PGJE. La carpeta de investigación fue abierta por lesiones que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60 días, en grado de consumado, y fue turnada a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes.

Nadia sostiene que la agresión no fue un hecho aislado y que la escuela ya había sido notificada de los antecedentes antes de este suceso. De acuerdo a su versión, hubo omisiones en la atención preventiva.

Videos, adultos presentes y reclamo por falta de intervención

Otro de los puntos centrales del testimonio es la existencia de videos del momento de la agresión. Según la madre, en estas grabaciones se observa la presencia de adultos dentro del plantel que no intervinieron.

También afirmó que, tras los hechos, acudió en diversas ocasiones a la escuela y con autoridades educativas, incluyendo el supervisor de zona, sin obtener una solución que le diera certeza sobre la seguridad de su hija.

“Nosotros no somos investigadores, no somos… juzgadores. Las escuelas tienen que responder a eso… todo individuo tiene derecho a estudiar”, fue la respuesta que recibió. Después de semanas sin una respuesta que considerara suficiente, decidió darla de baja.

Un segundo caso: amenazas, mensajes y temor constante

Un segundo testimonio, el de otra madre de familia a quien llamaremos “Gabriela” por motivos de protección de datos personales, describe un escenario distinto, pero con elementos que coinciden en la falta de contención del conflicto.

Relató que durante marzo su hija, también de 14 años, fue objeto de amenazas constantes dentro y fuera del aula por las mismas compañeras agresoras. Señaló que la menor era buscada en el salón y a la salida del plantel.

El 19 de marzo, dijo, ocurrió un hecho que consideró decisivo: una compañera dejó mensajes con la advertencia “te voy a matar”.

Según su testimonio, ya existían antecedentes de intentos de agresión y amenazas verbales, por lo que comenzó a acudir antes por su hija para evitar un posible ataque.

Aseguró que presentó evidencia de mensajes enviados por redes sociales —incluidos insultos y amenazas por Instagram y Facebook—, pero que la respuesta que recibió fue que su hija “no hiciera caso”.

Otro elemento: riña previa y versiones no confirmadas

Gabriela también hizo referencia a una riña ocurrida durante una tardeada escolar, que habría quedado registrada en video. Señaló que circularon versiones sobre la presencia de objetos peligrosos; sin embargo, sobre este punto únicamente refirió lo que escuchó y no afirmó haberlo presenciado directamente, pero no constituye un hecho confirmado.

Deserción escolar ante la violencia

Tras reuniones con autoridades escolares, la madre señaló que la explicación que recibió fue que la escuela estaba limitada por derechos humanos y que no podía actuar más allá de ciertos márgenes.

También cuestionó que una de las medidas propuestas fuera la participación de padres de familia en guardias con chalecos durante los horarios de entrada y salida, mientras, según su testimonio, el plantel mantiene accesos abiertos.

El 20 de marzo decidió dar de baja a su hija.

Director: “no podemos expulsar alumnos”

Consultado por Diario Humano, el director del plantel, Antonio Bareño Arce, confirmó que tiene conocimiento de los conflictos entre alumnos y de las denuncias presentadas por padres de familia.

Explicó que la escuela ha realizado acciones como llamados a padres, canalización a psicología y actividades de prevención de la violencia. Sin embargo, subrayó que legalmente no pueden expulsar estudiantes.

Su argumento central es que la escuela debe actuar dentro de los límites normativos y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que también se solicitó apoyo institucional, incluyendo la intervención de Escuela Segura, y que se acordó implementar guardias con padres de familia como medida de prevención.

“Si quiere venir a defender a los chamacos de la escuela, venga y póngase un chaleco”, fue lo que Nadia dijo haber escuchado del director.

Posteriormente, el propio director señaló que han solicitado el apoyo de las autoridades como la Policía Municipal y lo han recibido, aunque “no como quisieran”, con presencia policial o de tránsito, aludiendo el problema a la falta de patrullas.

“Sí, han venido. No con la constancia ni en los horarios que nosotros quisiéramos. No puedo decir que no hayan venido. Si vienen, pero no así constantemente. Sí, eso es un tema ya de de su organización, pues aquí tenemos una comandancia a a a una cuadra. Sin embargo, me dicen, es que no tenemos patrullas”, expone el director.

Afirmó que sí han contado con acompañamiento de la SEP y que incluso el personal recibió apoyo para reforzar protocolos, ya que reconoció que algunos miembros de su personal aparecen en los videos de la riña sin intervenir.

“A ver, si yo estoy viendo un conflicto y no intervengo, estoy siendo omiso”, reconoció el director.

SEP: protocolos, no castigos

La directora de Educación Secundaria en Baja California Sur, Ofelia Elizabeth Ochoa Romero, señaló que la SEP tuvo conocimiento del caso y activó los protocolos correspondientes.

Explicó que estos protocolos están diseñados para prevenir, detectar, atender y dar seguimiento a casos de violencia escolar, no como mecanismos de castigo.

También indicó que, de acreditarse omisiones por parte del personal, se deberán deslindar responsabilidades.

Subrayó que la atención de estos casos es una responsabilidad compartida entre escuela, familias y entorno social.

Entre orientación, advertencias y reclamos

En testimonios acompañados por algunas grabaciones hechas llegar a este medio, se escucha a personal escolar y autoridades educativas referirse al caso.

En una de las conversaciones se reconoce la necesidad de investigar la denuncia y se menciona la presunción de inocencia, incluso ante la existencia de evidencia. También se habla de la posibilidad de medidas cautelares por la vía judicial, fuera del ámbito directo de la escuela.

En otra comunicación, atribuida a la titular de la SEP, Alicia Meza Osuna, se señala que el caso debía ser atendido y que no debía quedar impune, según el dicho de la madre que proporcionó el audio.

El punto de fondo: cuando la escuela ya no es suficiente

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El material recabado expone las diferencias entre lo que las familias esperan como respuesta inmediata ante un riesgo y lo que las escuelas pueden hacer dentro de los límites legales.

Mientras los padres exigen intervención más firme y preventiva, las autoridades sostienen que sus acciones están acotadas por protocolos y derechos.

¿Qué sigue?

El caso de la alumna lesionada continúa bajo investigación ministerial. En el ámbito educativo, las autoridades sostienen que hubo atención y seguimiento; las madres, en contraste, afirman que la respuesta fue tardía o insuficiente.

En medio de esta tensión, dos alumnas dejaron el plantel: una con una lesión documentada y una denuncia activa; otra, tras semanas de amenazas y temor.

La pregunta permanece abierta: si los protocolos actuales son suficientes para evitar que un conflicto escale hasta convertirse en una agresión con consecuencias físicas y legales.