SEP sostiene que, en materia de salud, hay condiciones, no hay riesgo por la COVID-19 y cuentan con la guía práctica para el regreso responsable a clases para concluir el ciclo escolar.
La máxima autoridad en educación en la entidad sostiene que, en materia de salud, hay condiciones, no hay riesgo por la COVID-19 y cuentan con la guía práctica para el regreso responsable a clases para concluir el ciclo escolar.
Me parece que el regreso a clases presenciales al 100 por ciento a las escuelas, tras más de dos años de cierre por la pandemia, es un paso clave para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes. Quienes tenemos hijos en edad escolar sabemos que es necesario y urgente.
Regresar a clases con el aforo a su máxima capacidad, es posible en estos tiempos ante la baja en el número de contagios; sin embargo, las condiciones en las que lo ha planteado la SEP no son posibles; y, para citar un ejemplo, han marcado en sus protocolos que la distancia en el aula de clases debe ser de un metro entre alumnos, lo cual es prácticamente imposible por las dimensiones de los salones.
Si bien es cierto que otras situaciones pueden afectar el regreso a clases presenciales a 100 por ciento de aforo -como los eternos problemas de falta de agua en los planteles, que no sirvan los baños o no cuenten con alumbrado- esos casos deben ser los menos y por supuesto deben ser atendidos de manera pronta por las autoridades de educación y las autoridades de los planteles. No hay pretexto.
Hasta el momento más de ochenta y seis mil alumnos de educación básica han regresado a las aulas y, sin embargo, no se ha logrado llegar a un regreso total. Las mismas escuelas (directores y maestros) han puesto trabas para que se cumpla el objetivo y en esos casos deberá la autoridad (SEP) hacer valer lo que se instruyó en el comunicado firmado por la secretaria Alicia Meza la semana pasada.
El regreso anunciado de clases con un aforo en 100 por ciento deberá darse en los próximos días, ya no debe dilatarse y dependerá en gran medida de la confianza y colaboración de la comunidad escolar – estudiantes, docentes, personal de apoyo y padres de familia- no debe desalentarse desde los centros educativos.
Aprovechar la tregua que la pandemia nos ha dado en las últimas semanas es un momento oportuno, por un mejor aprendizaje, convivencia y un sano desarrollo para nuestros niños. Repito, no hay pretexto. Mucho menos por parte de los maestros. Así las cosas, ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…
RUBÉN GREGORIO MUÑOZ ALVAREZ, negocios al amparo del poder; ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ, tráfico de influencias; ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, veto a la reforma de la Ley Federal del Trabajo
UNA VEZ MÁS queda al descubierto que a éste par de legisladores federales, poco o nada le importan los ciudadanos. Pues no se conoce que hayan hecho algo bueno por Baja California Sur, por el contrario, aprovechan las relaciones políticas que tienen a nivel central para hacer negocios al amparo del poder.
Y NO SERÍA EXTRAÑO que hubieran recibido algún jugoso patrocinio para pretender modificar la Ley Federal del Trabajo y desproteger a la clase trabajadora del país.
DE ESE TAMAÑO es el compromiso de RUBÉN GREGORIO MUÑOZ ALVAREZ y ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ para con Baja California Sur. Está demasiado claro que ninguno.
AL AMPARO DEL PODER políticohay quienes se ofrecen al mejor postor, a cambio de aprobar presupuestos importantes para obras en estados y municipios, lo cual se les renumera de manera considerable. Pudiera ser quizás éste el caso, tal vez no.
DEMASIADAS SOSPECHAS quedan sobre ambos legisladores federales, quienes de antemano saben que difícilmente podrían volver a recibir el voto popular, a menos que sean designados en candidaturas plurinominales.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR anunció que vetaría tal iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Al menos no se verá vulnerada la percepción salarial de los trabajadores.
Y LO CIERTO es que tanto MUÑOZ ALVAREZ como PORRAS DOMÍNGUEZ, decepcionan cada vez más a los electores. Con su actuación no sólo pierden credibilidad, sino también la oportunidad de participar en próximas elecciones, precisamente por la ciudadanía tal vez no vuelva a confiar en ellos.
HABRÁ QUE ESTAR ATENTOS al nocivo desempeño de este par de diputados federales que, además de recurrir al tráfico de influencias, se alejan cada día de los intereses de la ciudadanía y dan prioridad a sus propios beneficios que les reditúa mantenerse en el poder político.
A GRANEL…
OSCAR LEGGS CASTRO, alcalde de Los Cabos, sacó adelante y con éxito las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo 2022. Y para ello contó con el respaldo de su equipo: ARIEL CASTRO CÁRDENAS, JONATAN VARGAS AGÚNDEZ, MARTÍN TALAMANTES GERALDO, CUAUHTÉMOC CARMONA, LORENA BERBER HOLGUÍN, ALEJANDRA ESTRADA OBREGÓN, JACOBO POLLORENA, JULIO GUZMÁN, entre otros…HOMERO DAVIS CASTRO, Secretario General de Gobierno, sometido a tratamiento especial sobre el manejo político e institucional. Y aunque es natural el respaldo que le da a la Revocación de Mandato porque tiene pertenencia política al Movimiento de Regeneración Nacional, algunos insisten en hacerlo parecer de otra manera…GABRIELA MONTOYA, diputada local por el PT, activa en el trabajo legislativo y recorre su distrito por la zona de Los Cabos…JOSÉ MARÍA “CHEMA” AVILÉS CASTRO, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, aplicado en mantener los equilibrios políticos al interior del Congreso de Baja California Sur…Nuestro correo: eliseo.zuloaga@hotmail.com
Arturo Rubio Ruíz, abogado y presidente de Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana (Letras), hizo saber que de manera personal presentó esta iniciativa a los diputados, sin tener una respuesta, dijo.
“Presentamos ante ustedes, en diciembre retropróximo, iniciativa para remover al presidente del Tribunal de Justicia Estatal, que lleva ilegalmente 11 años ininterrumpidos en el encargo”, expuso públicamente.
“Cuando la Constitución local, vigente hasta 2021, marcaba como límite 3 años para ocupar el encargo […] ya precluyó el plazo para que emitan su dictamen, sin que se hayan pronunciado respecto a mi solicitud en específico”, expresó.
Arturo Rubio Ruiz dijo que aunque “en el inter (sic)” no se pronunciaron sobre la destitución del servidor, sí se hicieron otras reformas constitucionales.
“Ustedes consideraron que 3 años es mucho tiempo y se corre el riesgo de que se creen cotos de poder, -sobre todo en los periodos transexenales-, por lo que modificaron la Constitución y redujeron de 3 a 2 años el periodo para ocupar la presidencia del Tribunal”, añadió.
“Así se establece en la reforma publicada el mes pasado. Entonces, damas y caballeros integrantes del Congreso Local, si 3 años son muchos ¿por qué permiten que este sujeto siga once años ilegalmente en la presidencia del Tribunal?”, dijo Rubio Ruíz.
Consideró el abogado que Daniel Gallo Rodríguez “les jugó el dedo en la boca”; ya que les dijo que “se iba en abril, pero no les dijo de qué año”.
“Llámenlo a cuentas y destitúyanlo. Ustedes son los garantes de la constitucionalidad en el ejercicio público en la entidad ¡Actúen en consecuencia!”, finalizó.
ACONTECIMIENTOS ocurridos durante el pasado martes al interior y exterior del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), donde hubo reclamos, reproches y confrontaciones públicas entre ciudadanos y autoridades, dejan al descubierto no sólo la necesidad de una sociedad que demanda ser escuchada, sino también la disponibilidad de atención por parte de quienes ejercen el poder público.
VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO fue llevado al callejón de las confrontaciones ante el abierto reclamo por parte de DANIEL HERNÁNDEZ, padre de JONATHAN HERNÁNDEZ ultimado en marzo del 2010 en el bar Las Micheladas ubicado en el malecón de La Paz. Durante el desencuentro público ante los medios de comunicación, hicieron acto de presencia palabras altisonantes dirigidas hacia el mandatario, quien pidió respeto y tolerancia.
HABÍA SIDO INCREPADO en la Sala de Sesiones del Congreso del Estado, donde dijo que respondería una vez fuera del recinto. Y así fue: en el forcejeo verbal salió a relucir el reclamo por la reparación del daño, al tiempo que CASTRO COSÍO le hacía ver que el tema correspondía atender a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Y LO CIERTO es que más allá de un desencuentro verbal, pudo observarse a un Gobernador que no rehúye ni se esconde de los reclamos ciudadanos, por el contrario, tomó la decisión de responder de frente.
NO SE OCULTÓ ni salió por la puerta trasera, tampoco hizo uso de la fuerza pública para evadir su responsabilidad de escuchar a los ciudadanos, tal cual ocurrió algunas ocasiones en administraciones pasadas. Fue al encuentro y respondió.
INCLUSO, salió a relucir que ya habían tenido un encuentro y conversación privada entre ambos en el despacho del Jefe del Ejecutivo. Y esta ocasión fue diferente.
JUSTICIA y reparación del daño el tema central. Justo el reclamo de DANIEL HERNÁNDEZ.
TAMBIÉN es cierto que la justicia no se negocia, tal cual lo dijo CASTRO COSÍO en una de sus respuestas.
PERO AÚN ASÍ será necesario no llegar a acuerdos, sino buscar la correcta aplicación de la justicia. Y también es necesario que, en el ejercicio del poder público, se continúe en esa tónica de escuchar, atender y no evitar a los ciudadanos, como hubo casos en el pasado.
ESCUCHAR, en política ya no es un arte. Debe ser el distintivo de quienes ejercen la gobernanza, tal como se empieza a dar.
A GRANEL…
GUADALUPE VÁZQUEZ insiste en la celeridad para la creación de la Fiscalía Anticorrupción en Baja California Sur. El Congreso del Estado comenzará los trabajos en ese sentido a partir de la próxima semana, y primero se deberá habilitar el consejo ciudadano para tal efecto, el cual tendrá que revisar las nominaciones de las candidatas y candidatos al cargo…ELMUTH CASTILLO SANDOVAL, dirigente de la Sección III del SNTE, se encuentra contra la pared: responde y se suma a los reclamos de los trabajadores de la educación, o se mantiene al servicio de los patrones que le ayudaron a llegar al puesto, tal como lo ha hecho desde que asumió la dirigencia sindical… Nuestro correo: eliseo.zuloaga@hotmail.com
Burócratas exigen se democratice la elección de la dirigencia estatal del sindicato y que sus 7 mil afiliados, mediante voto libre, directo y secreto elijan libremente a su líder estatal y no solo sean 45 delegados efectivos los que tomen esa decisión. Piden a convencionistas poner fin a uno de los últimos resquicios de la antidemocracia en BCS.
Llegaron mediante un proceso democrático ejemplar. Y sin embargo, tienen temor de elegir democráticamente al dirigente estatal de la burocracia.
Son los seccionales de Mulegé, Loreto y Comondú, el último resquicio de la antidemocracia en Baja California Sur (BCS), mientras la CROC, se cuece aparte.
Son los que tienen temor de perder privilegios, canonjías, y sobre todo, a sus parientes, amigos y compadres que mantienen como “comisionados” ante el comité estatal, que no son otra cosa más que aviadores, con los cuales pagan favores políticos.
Rosario Almaraz, de Comondú; Luis Enrique Leal Arce, de Loreto y Víctor Hugo Sánchez Meléndrez, de Mulegé, son los dirigentes del sindicato de burócratas en esos municipios que no quieren democratizar el proceso de elección del voto directo, libre y secreto de sus representados para elegir al líder estatal de la burocracia.
Son dirigentes que no representan más de 2000 basificados contra los poco más de 5 mil de La Paz y Los Cabos, quienes si desean ese proceso democrático y se acaben con los contubernios de los del bloque del norte (Mulegé, Loreto y Comondú), que aliados, mantienen esa “supremacía” ficticia en la dirigencia estatal.
Los trabajadores sindicalizados de La Paz y Los Cabos, poco más de 5 mil, ¿van a permitir que menos de dos mil basificados de Mulegé, Loreto y Comondú, sigan imponiendo condiciones para nombrar al dirigente estatal?
¿O van a exigir en la próxima asamblea se democratice el proceso y que los votos de los 7 mil sindicalizados valgan unitariamente lo mismo?
¿o prefieren que 45 delegados efectivos -9 por sección sindical- de los cuales 27 representan a Mulegé, Loreto y Comondú, sigan imponiendo sus condiciones por encima de 7 mil trabajadores sindicalizados?
¿Por qué insistimos en este tema? Porque a finales de este mes de marzo en los cinco seccionales se tienen que ¿elegir? O nominar a los 9 delegados efectivos -en cada sección- que asistirán a la convención estatal que se efectuará en San José del Cabo, los días 12,13 y 14 de mayó entrante, en uno de los hoteles más caros de esa cabecera municipal.
Es decir, para esa convención estatal, ya estarán “elegidos” los 9 delegados efectivos por sección sindical, los que tendrán en sus manos decidir por 7 mil sindicalizados, el futuro del gremio, y como lo dice la propia convocatoria, en la orden del día, a partir del punto 3, que es la instalación de la mesa directiva de la convención, donde se eligen al presidente, al secretario y escrutadores.
En el punto 4, el secretario general del comité estatal, rendirá un informe de labores. Pero, en el punto 5, es donde se encuentra lo que no quieren los 7 mil sindicalizados, que es el registro y elección del secretario general del comité ejecutivo estatal del sindicato y el punto seis, es la toma de protesta del secretario general y los titulares de las carteras que conformarán ese comité.
Como verán, ya tienen todo cochupeado. Sin embargo, en esa convención, aún los delegados efectivos, que serán mayoría de los 45 que tienen en sus manos decidir, pueden solicitar mediante una votación general, para que la elección del dirigente y comité, sea mediante un proceso democrático donde participen los 7 mil sindicalizados con su voto libre, directo y secreto y no mediante esta convención, donde solo 45 personas deciden el destino de esa cantidad de agremiados quienes ya piden se acabe con ese gandallismo sindical, tanto de la dirigencia estatal como de las secciones de Mulegé, Comondú y Loreto por sobre las secciones de La Paz y Los Cabos, que representan más de 5 mil sindicalizados.
Para darnos una clara idea de lo qué es y cuánto le cuesta a los sindicalizados una convención estatal, porque finalmente la pagan los trabajadores con la aportación de sus cuotas, les cuesta arriba de los 300 mil pesos, tomando en cuenta el hotel sede donde se llevarán a cabo esas reuniones los días 12, 13 y 14 de mayo próximo que será en el hotel Barceló de San José del Cabo, considerado uno de los más caros, pues el costo por habitación por noche, es de los más elevados, no se diga por la renta del espacio en el salón convenciones y todos los servicios que ofrece esta empresa.
Solo hay que recordar que de los 45 delegados efectivos, solo 36 se hospedarán en ese hotel, los 9 restantes, son anfitriones. Pero a los otros 36, hay que sumarle las dirigencias seccionales, el comité estatal en pleno, y uno que otro ayudante de los dirigentes seccionales, así que súmele, que esos gastos, también los pagan todos los trabajadores sindicalizados con sus aportaciones quincenales.
Aunado a lo anterior, hay que sumarle los gastos de alimentación, los tres diarios a todo ese contingente, pero además de eso, y lo más caro, son las bebidas embriagantes, las cuales circulan a placer entre los asistentes, una vez que dan por terminado su labor diaria, mientras dure la estadía en ese hotel.
¿Qué es lo que piden los cinco mil trabajadores sindicalizados de La Paz y Los Cabos, por encima de los casi dos mil de Mulegé, Loreto y Comondú? Que dignifiquen a su sindicato y defiendan su autonomía.
Es una vergüenza que sigan utilizando procedimientos arcaicos y fuera de la ley, para elegir a su dirigencia estatal. Porque estarían violando la ley laboral, si no se elige el procedimiento del voto libre, directo y secreto.
Como bien lo dice una sindicalizada: “procedan a elegir democráticamente a la dirigencia estatal mediante el voto libre, directo y secreto, háganlo por sus familias y las futuras generaciones” y yo le agregaría, para así acabar con la corrupción sindical, se entreguen y transparenten los recursos de las cuotas de los sindicalizados, y sepan en qué, cómo y cuándo se gastan.
Solo procediendo de manera democrática, los sindicalizados podrán saber acerca de cómo utilizan sus cuotas quincenales que llegan al sindicato, porque, es pregunta ¿después de una convención de esta naturaleza que beneficios han recibido los 7 mil trabajadores sindicalizados? Creo que ninguno.
Luego entonces, es necesario que los 18 delegados efectivos que representan a La Paz y Los Cabos, y los que se les quieran sumar de Loreto, Comondú y Mulegé, exijan en esa convención de mayo, que en vez de proceder a nominar a la directiva del comité estatal, se solicite abrir un proceso democrático donde participen de manera directa los 7 mil sindicalizados en BCS, y nominen mediante su voto libre, secreto y directo al que los guiará en los próximos 3 años.
Porque la única manera de que los patrones no los ninguneen por no estar respaldados por los 7 mil sindicalizados, la única manera es proceder a elegirlo libre y participativamente. Y si no, al tiempo.
Entre tanto, que los dirigentes seccionales, Rosario Almaraz, de Comondú; Luis Enrique Leal Arce, de Loreto y Víctor Hugo Sánchez Meléndrez, de Mulegé, dejen de tener miedo a perder sus prebendas, sus privilegios y no lleven como corderos a sus delegados efectivos a un proceso antidemocrático, sino que les exijan modificar su pensamiento para llevar a cabo una verdadera elección de su dirigencia sindical. Y que estos dirigentes no solo se junten para hacer daño.
Recuerden, ustedes fueron electos de manera democrática mediante el voto libre, directo y secreto. Hagan lo mismo con el estatal, o ¿temen perder privilegios y el acomodo de sus parientes, amigos y compadres como aviadores en el comité estatal, y para los cuales les inventan “comisiones” para justificar su presencia y no justificar ese salario que perciben de sus respectivos ayuntamientos?
¡Ya déjense de gandalleces, acepten y procedan conforme lo exige la ley laboral federal!
Las instituciones educativas serán las encargadas de asignar una persona responsable que asegure el cumplimiento de las medidas sanitarias en las tienditas.
Ante la disminución de contagios de COVID-19 en el municipio de Los Cabos, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que Los Cabos se mantenga en el nivel 1, color verde, del semáforo del Sistema de Alertas Sanitarias de Baja California Sur, al contar con 56 casos activos y 2 hospitalizados.
Al respecto, personal de la Dirección Municipal de Salud en Los Cabos dio a conocer que pese a la disminución, se recomienda en todo momento respetar el aforo del 80% en lugares cerrados, manteniendo la sana distancia de 2.0 metros, mientras que en espacios abiertos se permite el aforo del 100%; en el caso de restaurantes y centros nocturnos con venta de alcohol, se debe respetar un aforo del 80%, así como el cierre de establecimientos hasta las 2:00 de la mañana.
Es importante hacer hincapié en que, derivado del comportamiento actual de la pandemia, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, acordó ante la solicitud de la Secretaría de Educación Pública, que se establecen la medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19, en la nueva normalidad que deberán operar las tienditas en los planteles educativos; por lo que, los centros educativos deberán escalonar los horarios de refrigerios o almuerzo para evitar la aglomeración de los estudiantes.
Para finalizar, personal de la Dirección Municipal de Salud en Los Cabos informó que es importante que la ciudadanía siga portando correctamente el cubrebocas y haciendo uso de gel antibacterial, así como el constante lavado de manos para que el destino permanezca en el nivel 1 color verde, nivel que permite que las actividades económicas se sigan desarrollando.
Previo al periodo de Semana Santa 2022 en el que Gobierno de Los Cabos desplegará un operativo para garantizar la seguridad de la ciudadanía, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil implementa ya recorridos de inspección en las playas y zonas costeras, así como áreas recreativas en las que se espera mayor afluencia de personas.
Estos trabajos, -que se efectúan en conjunto con las direcciones municipales de Servicios Públicos, Seguridad Pública y Zofemat-, tienen como propósito evaluar anticipadamente las condiciones de los caminos, servicio de agua potable, instalación de baños y puntos de auxilio, así como el establecimiento de acciones de vigilancia y ayuda a la ciudadanía.
Personal de Protección Civil Los Cabos, dio a conocer que estos recorridos se realizan desde la comunidad de Buena Vista hasta Migriño, y hasta el momento van 35 playas visitadas además de sitios de ecoturismo, estos últimos ubicados principalmente en las delegaciones de Miraflores y Santiago.
Finalmente, se informa que será la próxima semana cuando autoridades municipales sostengan la primera reunión de logística para el operativo de Semana Santa 2022.
Simplemente “dejan de pagar” a los hospitales, farmacias y sufren abandono de los distribuidores de medicinas: hay afectados con cáncer, diabetes, inmovilización y discapacidad
Aunque dejando de hacer su trabajo colapsaría la cadena productiva de Baja California Sur (BCS), trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) han preferido denunciar públicamente lo que consideran una violación a su derecho a la salud, debido a la “corrupción” e “irregularidades” que denuncian, todavía persisten desde la coordinación médica.
No cuentan con infraestructura de salud en BCS para 250 trabajadores y jubilados de Pemex, además de sus familiares; aproximadamente 500 derechohabientes, deben atenderse en clínicas privadas y recibir fármacos de empresas subcontratadas. En caso de hospitalización, deben abandonar todo y viajar a la ciudad de Guaymas o Ciudad Obregón, Sonora para ser atendidos.
A pesar que el 100 por ciento de los combustibles que mueven a BCS llegan a través de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Punta Prieta, en la carretera a Pichilingue, a 15 minutos desde La Paz, capital del estado, donde además se almacenan las pipas y reservorios de combustible, como el combustóleo, que se usa para generar energía eléctrica.
“Prefieren ver a sus trabajadores muertos, que pagar sus tratamientos”, como ellos relataron para la libreta de este reportero.
Dieron testimonio de los tratos recibidos del supervisor médico sectorial en Guaymas, Dr. Raúl Dena Álvarez, que forma parte estratégica de la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados.
Molestos y narrando sus desencuentros con el cáncer, también una cadera destruida, ellos denuncian la falta de empatía y humanidad en su actuar, ya que solo responde con “largas” para entregar medicina; “solo le importaba el dinero”, lo acusaron ante el micrófono.
Con el inicio de la administración del presidente de Méixco, Andrés Manuel López Obrador, los petroleros relatan que, el servicio que recibían desde instituciones privadas subcontratadas, se redujo a un “infierno” de inconsistencias, que a algunos ha llevado a la muerte durante la pandemia de COVID-19 que apenas mengúa, dijeron los afectados.
La Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Salud reveló a través de una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que, durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, “no compraron” medicamento alguno; mientras los trabajadores seguían exigiendo servicio.
De manera intermitente, informaron que les ha sido negado el servicio médico en 2019 y 2021, es decir, se encuentran en vulnerabilidad plena de su derecho a la salud, dijeron, por la falta de atención médica regular y acusan, que los propios doctores y prestadores de servicio han evidenciado la “falta de pago”, al negar servicios inclusive urgentes.
Sus testimonios revelaron que los superiores les advirtieron que los recursos presupuestados a salud en Pemex ahora iban “a Dos Bocas, a la austeridad republicana y al Tren Maya”.
En 2019, trabajadores también se manifestaron denunciando a Alejandra Zamudio Alvarado como “una persona prepotente”, pero supervisora de Servicios Médicos en Guaymas, Sonora, desde donde administran a los trabajadores en La Paz; de la misma forma señalaron ahora al coordinador sectorial, Raúl Dena Álvarez, a quien consideraron una “persona conflictiva”.
¿Servicios subrogados?
La prestación de servicios subrogados de salud en México, se otorgaba a Pemex por el Consorcio Mexicano de Hospitales, al menos hasta mayo de 2020, mediante un convenio marco de colaboración con los 52 hospitales de 47 ciudades, de 25 estados del país y el sector salud.
Hospitales en BCS parte de dicha red eran “Medical Center” en La Paz, ubicado en Carretera al Norte, a la altura de colonia Fidepaz; mientras que en Cabo San Lucas, se encuentra “American Medical Center”; dejaron de atenderlos en 2021 por falta de pago, denunciaron reiteradamente.
Por lo que se vieron obligados, dijeron, a realizar manifestaciones pacíficas en abril de 2019, para hacer públicas estas inconsistencias en entrega de medicamentos, así como la presunta violación a la cláusula 89, que les garantiza la salud en su contrato colectivo de trabajo.
¿Y si nunca se resuelve el problema?
Jorge Castañeda García, es ayudante de operario contra incendios y persona jubilada, dijo: “A ese Doctor Dena, le interesa más la gente muerta que viva, porque ahí le queda dinero para hacer su vida. Le dan un billete por cada mes de la salida y la gente, es una mafia”, relató para este periódico.
“¿Qué pasaría si la gente se cansa? Que dijeramos saben qué, ya no les llevamos barcos ni pipas hasta que se regule el servicio médico. No lo hemos hecho, ni siquiera nos manifestamos de manera agresiva, tenemos 2 años suplicando”, agregó el trabajador jubilado.
Isaac Plancarte, psicólogo de Pemex con 38 años de antigüedad, dijo haber sufrido una dislocación de cadera y haber sufrido por motivos de “austeridad republicana”; primero, se eliminaron servicios privados y luego llegaron las inconsistencias en el medicamento.
“Nos ponían de pretexto que todas las ganancias que estaba recibiendo Pemex las estaban mandando a la refinería de Tabasco [Dos Bocas], no se nos había dado servicio de medicinas por 2 años, ni médico ni cirugías ¿cuántas personas murieron durante ese tiempo?”, cuestionó.
Dijo que por no recibir a tiempo medicamentos o intervenciones quirúrgicas, muchos no tenían un hospital por la conversión a instalaciones COVID-19; en muchos de los casos, dijo Plancarte, “se nos asignó un hospital no COVID, pero en urgencias nada más te dan un medicamento y te regresan”.
Consideró que, con la elección de Ricardo Aldana Prieto, como nuevo líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se han regularizado algunos servicios, pero dijo hay temor fundado de que de un momento a otro “nos los quiten”.
“Porque sabemos que estamos a 3 mil kilómetros del Hospital de Salamanca y el de la Ciudad de México. Necesitamos que nos paguen los vuelos a esos lugares y nosotros ni ISSSTE tenemos, ni hospital público, ni servicio militar. Tenemos prohibido registrarnos en otra parte”, agregó.
Pero no hay un lugar fijo donde atender a los petroleros, denunció el psicólogo quien aseguró, es urgente un lugar donde puedan recibir una “atención digna” como trabajadores de la nación.
“Quieren arreglar todo desde su lugar. No saben que se nos están muriendo aquí los compañeros de COVID. No saben que hay personas que tienen cáncer personas como yo, que tengo dos clavos de mi cadera y dos caderas artificiales”, añadió.
“Queremos saber cuál es la explicación que hay para no cumplir con la salud de los trabajadores de Punta Prieta y cuántos trabajadores se ven afectados”, agregó.
Medicamento para el cáncer “es muy difícil de conseguir”: Testimonio
Luis Francisco Chicuate y Jorge Castañeda García, trabajadores afectados hablaron para Diario Humano
Luis Francisco Chicuate Gutiérrez tiene 77 años y también fue trabajador de Pemex. Se enfrentó al cáncer de colon y tuvieron que extirpar un tumor con 60 puntos de costura por el intenso dolor; pero en Pemex no podían darle atención en La Paz debido a sus servicios subrogados, aseguró.
Cuando retiraron el cancerígeno, viajaba de La Paz a Guaymas a consultar con “un reputado oncólogo” durante algunos meses, hasta que un hermano le pidió hospedarse en su casa, en la ciudad sonorense; sin embargo, al enterarse el médico que había decidido quedarse, amenazó con “quitarle el tratamiento”.
“Va resultando que era un tumor entonces ya estaba así y estaba negreando la tripa para los lados. Tenía como una pulgada cada lado donde estaba el centro y dice él que trozó aquí y trozó aquí y pegó claro […] luego me dejó este drenaje mientras se caía el hilo (sic)”, relató.
“El doctor me vio una vez y me dijo ‘¿qué haces aquí? y ¿por qué te estás quedando?’, le dije para ahorrar viáticos y transporte a Pemex. Dijo ‘Aquí el que manda soy yo y te regresas a La Paz o te suspendo la atención, regresé a la vieja de andar viajando”, dijo.
Pasados 6 meses de ese episodio, el denunciado Raúl Dena Álvarez, como coordinador de servicios médicos subrogados le informó que le iba a “suspender” el tratamiento de oxaliplatino, medicamento para el cáncer; el doctor no respondió el llamado para la entrevista con este medio.
“Porque es muy difícil, pues ya conseguirlo el oxaliplatino, era el medicamento que me estaban aplicando para el cáncer, que porque sale muy caro. Yo le dije Pemex lo está pagando, tú qué”, relató Chichuate.
“Entonces porque se quedan el billete, esa es la mafia, que hay ahí dentro y son delegados y saben el movimiento. Saben cómo manejar lo que te decía, ahora tienen una camioneta para repartir medicamentos que a veces ni tiene lo que necesitamos se comprometen, pero cuando empiecen a dejar de pagar, vamos a caer en lo mismo y tenemos miedo”, finalizó.
¿Compras consolidadas limpias de corrupción?
Cabe mencionar que, de acuerdo a información oficial de Pemex disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, se registró la compra de 3 mil cajas de oxaliplatino desde el 15 de junio de 2021 en el almacén central de medicamentos; un precio total de 675 mil pesos, a la empresa Ulsa Tech, SA de CV. Esto forma parte del contrato consolidado 4600007254, donde se compraron este y otros medicamentos.
La empresa es filial de “Savi Distribuciones”, empresa sancionada el 2 de marzo de 2015 por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del el IMSS, encabezado entonces por Federico de Alba, con la resolución 00641/30.15/1123/2015.
Destaca que entre 2002 y 2016, la empresa facturó un total de 22 mil millones de pesos, a diferentes entidades del gobierno; fue inhabilitada por simular el cumplimiento de requisitos de una convocatoria y presentar información falsa, según denunció la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En ella se impuso a Savi Distribuciones una inhabilitación de cuatro años, 11 meses y 29 días, además de una multa por 70 millones 99 mil 719 pesos; por presentar un registro sanitario “apócrifo” del medicamento “Doxorubicina”, que a su vez acusó haber recibido de Zurich Pharma.
Pero este grupo empresarial encabezado por Miguel Ángel García Pérez, Francisco José Villela Escobar y José Luis Rubio Santiago, decidieron abrir más empresas para seguir participando en licitaciones, entre las que destacan Ulsa Tech y Ultra Laboratorios, que también venden millones en medicamentos a Pemex.
La empresa fue creada en junio de 2015 y facturó al gobierno al menos 183 millones de pesos entre 2019 y 2021; sus principales clientes son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE), de acuerdo al portal “Quién es Quién” dedicado a monitorear licitaciones y contratos.
Salidas de medicamento para el cáncer revelan existencia en bajas proporciones
Por otro lado, el medicamento oxaliplatino ha sido entregado durante enero de 2022, en bajas proporciones. Lo que significa que sí existe el medicamento y se ha entregado a hospitales centrales:
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL CENTRAL SUR PICACHO con 15 y 18 cajas.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL CENTRAL SUR PICACHO con 13 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL CENTRAL NORTE AZCAPOTZALCO con 4 cajas.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL REYNOSA. TAMPS., con 13 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA,GTO. Con 1 caja.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA,GTO. Con 2 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL POZA RICA,VER. Con 8 cajas.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL POZA RICA,VER. Con 9 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL GENERAL AGUA DULCE,VER. Con 2 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL MINATITLAN,VER. Con 3 cajas.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL MINATITLAN,VER. Con 5 cajas.
El 3 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA TAB. Con 5 y 3 cajas.
El 25 de enero surtieron a HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA TAB. Con 7 cajas.
Lo anterior indica que existe el medicamento en almacén y se distribuyeron 108 cajas del inventario durante el primer mes del año.
Representante de AMLO en BCS se dice “abierta” a gestionar
Yanssén Weichselbaum, delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en Baja California Sur (BCS) fue cuestionada acerca del tema.
Dijo no tener información de esta irregularidad, pero se dijo abierta a intervenir con gestión, ante posibilidad de irregularidades en contrataciones, seguimiento y abasto de medicamentos en compra consolidada.
“No habíamos tenido ningún acercamiento. Entiendo es parte de estos contratos que se han denunciado a nivel central con irregularidades en contrataciones, seguimiento y abasto”, dijo la delegada.
Reconoció que los trabajadores de Pemex requieren una atención médica especializada, diferente a la que ofrecen los sistemas de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“Ellos tienen un tipo de atención diferente, a la que recibimos la normalidad de trabajadores en el caso de nosotros, de gobierno que da el ISSSTE y personas que trabajan en la iniciativa privada el IMSS”, dijo la delegada de programas y representante de Andrés Manuel López Obrador.
“Sí hay diferencia. Entendemos la responsabilidad. El servicio que se daba era más especializado, por el trabajo que desempeñan, pueden ser pilotos, operadores de plataforma, de ductos, todo es trabajo especializado y sus enfermedades son diferentes, requieren tratamiento diferente”, dijo.
Pero se mostró abierta a recibirlos para buscar una vía de solución, mediante los viajes que asegura realiza a la Ciudad de México para gestionar avances en otras dependencias federales, principalmente agrarias y de agua.
Más antecedentes…
Chiapas: Murió trabajador por inadecuada atención médica subrogada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendacón a Pemex con número 38/2020, por la “inadecuada atención médica” a un adulto de 70 años que falleció en un hospital particular subrogado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El entonces director general, Octavio Romero Oropeza, recibió el llamamiento de atención por la violación al derecho humano a la protección de la salud; de acuerdo al análisis del organismo, los actos de particulares como el hospital privado, tuvieron origen en la seguridad social de Pemex.
“Debe proporcionar atención médica de manera directa o a través de servicios subrogados a sus trabajadores en activo, jubilados y sus derechohabientes, de conformidad con su normatividad”, señala la CNDH.
Recalca CNDH el contrato suscrito con el Consorcio Mexicano de Hospitales y una empresa para la ejecución de los servicios de hospitalización subrogada y atención médica integral; se proporcionaron a través de su red médica de hospitales en las localidades designadas.
Conforme a la queja inicial, el paciente fue ingresado el 2 de mayo de 2017 con diversos malestares; el médico en turno del área de Urgencias únicamente le aplicó “una inyección intravenosa”, sin informar a los familiares el medicamento suministrado.
El enfermo mantuvo molestias al siguiente día, por lo que la médico general solicitó la elaboración de diversos estudios de laboratorio que se le practicaron hasta el 4 de mayo.
Le fue diagnosticado “anemia y fiebre tifus”, por lo que le prescribió ocho medicamentos; pero en la farmacia del Hospital Subrogado indicaron que “no contaban con los mismos” y solicitaron acudir al día siguiente para proporcionarlo.
El día 5 de mayo, en la farmacia del Hospital Subrogado indicaron que todavía no contaban con los medicamentos. Solicitaron que al día siguiente se comunicaran vía telefónica para que les informaran si ya contaban con ellos.
En la madrugada del 6 de mayo, y toda vez que el enfermo comentó a sus familiares que sentía que “le faltaba el aire”, nuevamente acudieron al área de Urgencias.
A las 03:55 horas, un médico atendió al enfermo y cuatro minutos después, informó a sus familiares que presentaba paro cardiorrespiratorio. Solicitó su autorización para intubarlo.
A las 04:45 horas se declaró su fallecimiento.
Al realizar el trámite para el traslado del cuerpo a la funeraria, trabajadores del Hospital solicitaron a los familiares un depósito de 600 pesos por concepto “las sábanas con las que se estaba cubriendo el cadáver”, y que, de no hacerlo, lo sacarían desnudo.
La CNDH así acreditó la responsabilidad institucional en materia de derechos humanos por parte de Pemex. Aunque no proporcionó de manera directa la atención médica al enfermo, fue el que llevó a cabo la contratación del proveedor de salud y responsable de supervisar los servicios.
Por ley debe ser supervisado, adecuado, oportuno y dar calidad a sus trabajadores, jubilados y derechohabientes, por lo que tenía una obligación de respeto y garantía de los derechos humanos del afectado, incluso respecto de actos de terceros, como el hospital.
La CNDH destacó la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para el control de los padecimientos y, además, forma parte integrante del derecho a la salud.
Determinó que la obligación de los servicios médicos integrales y subrogados implica que los medicamentos prescritos sean otorgados sin discriminación para todas las personas en general y, sobre todo, los grupos vulnerables.
Por ello concluyó haber “acreditado” el nexo causal entre la inadecuada atención médica de la víctima, con el deterioro ocasionado a su salud.
“Se comprobó una responsabilidad institucional desde el punto de vista de los derechos humanos imputable a PEMEX”, señala la dependencia y se recomendó:
Reparación integral del daño a familiares de la víctima.
Colaborar con CNDH para sancionar a responsables y hacer copia a sus expedientes personales.
Difundir cartilla de servicios médicos subrogados de Pemex y contacto para quejas.
A la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, da 3 meses para supervisar, evaluar y controlar la prestación de los servicios médicos subrogados en Tuxtla Gutiérrez, asegurándose del respeto a derechos humanos; en un plazo de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la Recomendación.
Remitir al proveedor de seguros de salud, al Hospital Subrogado y al proveedor copias de la recomendación y los Principios de la ONU.
Mecanismos legales para cumplir su obligación de respetar derechos humanos, con sanciones y penalizaciones contractuales en caso de incumplimiento.
Nombrar un servidor público de alto nivel de decisión como enlace con la CNDH para seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
Sonora: Crucifixión en Guaymas; se dicen víctimas del nepotismo y moches
El 15 de julio de 2020, reportó el periódico El Imparcial que 14 trabajadores de la Terminal de Refinación/Marina de Altura de Pemex, realizaron un plantón pacífico consistente en crucificar a su compañero para exigir justicia laboral y medicamentos.
Los manifestantes de entre 23 y 33 años de antigüedad laboral, se plantaron en la entrada de la terminal para denunciar el presunto desplazamiento del que se dijeron víctimas por “el nepotismo” y “los moches” de sus representantes.
En una manta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que el jefe de Recursos Humanos, José Luis García y el vocal sindical de ajustes de Marina de Altura, César Ricardo Hernández violaban el derecho al empleo.
El trabajador Juan Carlos Robles Gray, aseveró que permanecerían hasta las 3 de la tarde en el plantón, para exigir que sean considerados en las jornadas de trabajo que realizan a bordo de los buques de Pemex.
“Estamos exigiendo nuestros derechos, queremos trabajo y medicamentos. Estamos siendo desplazados por los familiares de nuestros líderes y por quienes dan sus ‘moches’, no nos vamos a dejar, si no conseguimos respuesta, aquí vamos a seguir con nuestra lucha pacífica”, advirtió.
Sonora: Sindicato retiró a sus trabajadores, sin darles medicamento
Pero desde 2019 ya se venían manifestando los trabajadores de Guaymas, ya que empleados activos y jubilados bloquearon en enero la terminal por este problema.
No obstante, el periódico El Imparcial documentó cómo el líder sindical, Carlos Medina Mora, a pesar de haber dicho apoyar la manifestación, les pidió “que se retiraran”.
“Para no afectar a los municipios que se están abasteciendo de combustible en la ciudad”, pedía el defensor de los trabajadores.
Contrasta esta actitud a la de 2016, cuando hubo otra suspensión de servicios médicos por la falta de recursos económicos; señalaron que desde entonces les solicitaban atenderse de manera particular.
Es decir, que mejor se atendieran en clínicas y hospitales privados, pagando con su dinero y mediante el recibo correspondiente, recibirían un reembolso.
En aquel momento, Carlos Medina Medina, secretario general de la sección 40, delegación 11 del STPRM en aquel momento, no pedía tranquilidad, sino que encabezó las protestas de forma decidida.
Según la cláusula 89, explicaron, del Contrato Colectivo de Trabajo, tienen derecho al servicio médico privado, pero éste ha sido cancelado en clínicas y hospitales de la entidad, debido a que la empresa ha incurrido en falta de pagos.
En 2016, la representación sostuvo que llevaban una semana sin esta atención médica, la cual fue suspendida tanto a los trabajadores activos, como a jubilados de todo el estado de Sonora, e incluso de Baja California.
Además de no estar siendo atendidos, estaba latente sufrir nuevas enfermedades o accidentes graves, ellos o sus familiares. Sin servicio de emergencias, a las cuales los trabajadores no tienen cómo hacer frente, indicó en su escrito la sección 40.
En las movilizaciones participaron trabajadores de la terminal marítima de Guaymas, ductos y diversas instalaciones petroleras. También personal administrativo y amenazaron con “radicalizar la protesta”.
Coahuila: Petroleros bloquearon terminal en 2019 por “mentiras del Dr. Dena”
Por no contar con el servicio médico de parte de Pemex, se manifestaron el 10 de junio de 2019, los petroleros de Torreón, Coahuila, acusaron mentiras del coordinador Raúl Dena Álvarez.
De acuerdo a Vanguardia, ese día desde las 6:30 de la mañana, los representantes de jubilados, pensionados, activos y derechohabientes decidieron bloquear la terminal.
Cerca de las 8 de la mañana, ese miércoles bloquearon la entrada y salida de los camiones con dos vehículos mientras que los manifestantes exigían con pancartas la reactivación del servicio.
Las instalaciones en la Colonia Jardines Coloniales quedaron paralizadas y se escuchó su voz; acusaron que la mayor parte del 2019, los trabajadores de Pemex no tuvieron servicio.
Desde “hace tres años” tenían un servicio “intermitente”, acusaron. Problema que coincide con los testimonios de denunciantes en La Paz, Guaymas y otros sectores a cargo del funcionario.
“Ellos dicen que sí está cubierto todo el servicio médico de los petroleros, pero es una gran mentira”, señaló la denunciante.
“El único servicio que tenemos es el de urgencias, es la atención básica humanitaria, después de eso marcan a la coordinación médica y te dicen que te muevas por tus propios medios para que te atiendan en Cadereyta o Reynosa”, comentó Manuel Ángel Hernández Rea.
Como representante de los inconformes y de la sección 36 del STPRM aseguró que en Monclova y Torreón los trabajadores sí cuentan con la prestación.
Además, acusaron que Mérida, Yucatán, tenían el mismo problema, pero les fue solucionado. La situación estaba afectando a casi 900 trabajadores, jubilados y sus familias.
“Andrés Manuel lo ha dicho, ‘primero es la salud’, pero a nosotros ¿qué nos están ofreciendo? En todo el año nos han dado servicio aproximadamente tres semanas”, aseguró Hernández Rea.
Denunciaron además que el servicio que les ofrecían de manera subrogada en el Hospital Universitario, era “muy malo” por la inexperiencia de los estudiantes y baja calidad de medicinas.
Regina Nava Miranda, médico jubilada que trabajó para Pemex durante 20 años, leyó un pliego petitorio que reúne 10 exigencias. Señalaron que el medicamento con la leyenda “exclusivo para venta exclusiva de Benavides… es de dudosa procedencia”. Además, pidieron “trato considerado y respetuoso” de parte de coordinadores y supervisores.
En las pancartas también denunciaron “mentiras de la coordinación”, señalando a los doctores Raúl Dena Álvarez, Juan Antonio Quintana Gutiérrez y Roxana Valadez López. Los trabajadores aseguraron que mantendrían el bloqueo hasta que tuvieran una respuesta satisfactoria a sus demandas.
Pemex no informa
Por su parte el supervisor sectorial de Guaymas Sonora, Raul Dena Alvarez, que tiene sus oficinas en la Terminal de Almacenamiento y Distribución PEMEX, fraccionamiento Las Batuecas, en Guaymas Sonora, con teléfonos 668.818.23.92, 668.851.58214 y 668.851.58216, se negó a atender a este medio de comunicación para presentar su versión.
“Dámelo para revisarlo, para que, este tipo de cosas, no se deben de dar. No, el nepotismo no, ya les dije a los compañeros”, dijo el mandatario.
“Quien se saltó las trancas debe de responder y dar de baja a quien tenga que dar de baja”, expuso además Castro Cosío.
Quien además fue operador político y “secretario técnico” del Ayuntamiento de La Paz encabezado por Esthela Ponce Beltrán de 2011 a 2015, fue recibido en la Cuarta Transformación, pero “para ayudar”, dijo el gobernador.
“Se sumaron mucho de todos los partidos, grupos sociales, bienvenidos todos los que ayuden. Pero, esto, si no ayudan, no va a prosperar […] les mando el mensaje a todos quienes hayan contratado una hija o esposa en un área”, agregó Víctor Castro.
Sobre el caso de los “sobrinos”, dijo el gobernador que algunos funcionarios podrían contratarlos, en caso de estar calificados para el cargo y tengan su mérito propio.
“Sobrinos creo que algunos compañeros podrían tener esa relación. En el caso, a mi me adjudicaban mucho al [ex]regidor Pavel [Castro], pero el hizo su trabajo en otra área. Tengo sobrinos que tienen años en el gobierno no los puedo correr”, agregó.
En entrevista, el director reconoció haber colocado personas de su confianza en al menos la mitad de las plazas de los 58 nuevos contratos firmados en octubre de 2021.
Entre ellas una hija, una sobrina, extrabajadores del Ayuntamiento de La Paz y también jóvenes que lo han acompañado en todos sus cargos y tareas.
También aparecieron colaboradores del medio de comunicación “Voces Cruzadas”, propiedad del mismo Alfredo Reyes Cervantes, creado tras salir de la administración poncista.
El gobernador recibió una copia de la nómina de Icatebcs disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde en la lista aparecen Cinthya Reyes Rodríguez, hija del director y también Jessica Berenice Reyes Juárez, sobrina del mismo, con sueldos de 9 mil 368 pesos al mes.
Entre gritos de justicia, acusaciones, reclamos entre autoridades y ciudadanos, se reactivó el Congreso de Baja California Sur (BCS).
El martes 15 de marzo, en el Congreso de Baja California Sur (BCS), dio inicio del periodo ordinario de sesiones. Podría parecer que todo iba muy tranquilo, pero hoy los manifestantes iban firmes para no regalar más “la comodidad” de su silencio.
Inició la presidencia de la diputada Gabriela Montoya Terrazas del Partido del Trabajo (PT) y su mesa directiva con 4 mujeres, enfundada en traje ejecutivo rojo y cabello ondulado. Hizo sonar la campana de la sesión. Mientras que, la diputada Marbella González de Fuerza por México, dejaba la presidencia del periodo de receso, que terminaba este día.
Ambas pudieron dar un mensaje de salida y entrada, ante los invitados especiales del Poder Legislativo; pero desde temprano se hicieron notar las protestas.
El frío de la mañana comenzaba a quitarse, cuando a las 9 y media de la mañana, protestaban alrededor de 50 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) afuera del Palacio de Gobierno, por violaciones a sus derechos humanos, laborales y hasta acoso sexual.
Además pedían la destitución de Alberto Rentería Santana como subsecretario de Seguridad Pública; señalaron la falta de equipo táctico, además de no tener uniformes desde hace más de 3 años, “tenemos que estarlos tiñendo”, decían, así como el calzado para trabajo.
Exigían ver al gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, pero fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Omar Zavala Agúndez, quien ofreció diálogo a los elementos; luego se les unió Homero Davis Castro y acordó con los elementos una reunión este viernes al mediodía, para revisar las irregularidades e hizo anuncios, como la llegada de patrullas y otros recursos.
Antes de las 10 y media, Los elementos militares que participarían en la sesión solemne de apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de BCS, ya estaban en formación con trompetas, tambores y dianas para los honores patrios mientras todo esto ocurría, mientras todos observaban la manifestación.
El gobernador, efectivamente bajó de su despacho al quince para las 11, pero se limitó a responder preguntas a los medios de comunicación al salir del Palacio de Gobierno.
Los vio y pidió más tiempo para poderlos atender. Dijo que habría avances en las peticiones de los policías, quienes dijeron, no cuentan con equipo necesario para salvaguardar sus vidas entre otras irregularidades.
Todas las palabras quedaron en video, en donde decían que el cambio “resultó peor” y negaban uso político de su protesta.
En medio de una nube de reporteros, Castro Cosío avanzaba mientras era cuestionado por medios de comunicación; algunos transmitían en vivo, algunos solo guardaban video, pero preguntaban atentos mientras alguno que otro se tropezaba por caminar sin ver.
Ahí ya rozando las 11 de la mañana, el mandatario se topó de frente con la protesta de la exregidora por Los Cabos, Georgina Roldán, quien denunció formalmente al diputado Juan Pérez Cayetano (Morena) por violación, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y públicamente, exigió que se separe del cargo para enfrentar el proceso.
El gobernador se abría paso entre las manifestantes que la acompañaban de forma solidaria, con apoyo de su personal de seguridad y algunas feministas intercambiaron frases con él, exigiendo “Justicia pronta y expedita”.
El gobernador escuchó y preguntó directamente “si no, ¿no es justicia?”; las manifestantes le respondieron, “no, no es justicia”, mientras el mandatario caminaba sin detenerse entre el tumulto del Congreso.
“¡No estás sola Gina!”, le decían mientras la mujer de cabello rubio, que apenas se alcanzaba a ver entre todas las cabezas. Estaba llena de rabia e impotencia. Hablaba ante los micrófonos llena de un sentimiento que se podía percibir en su tono de voz.
“Que tenga tantita vergüenza de salir y dar la cara”, decía.
“Que no se esconda tras su cargo. Que no sigan encubriendo violentadores en el Congreso. Es un espacio donde debe reinar la justicia, no podemos permitir representantes violentos, no con antecedentes de amenazas, abuso sexual, primero resolver ese asunto y después retomar su cargo”, pedía la manifestante.
A pesar que el diputado Juan Pérez Cayetano ha declarado “falsedad” en las declaraciones, prefirió no confrontarse con el grupo de mujeres ni con la denunciante y salió por la puerta de atrás, luego de aparecer toda la sesión en un cartel como “violador”, y en el pase de lista, ser señalado por las asistentes.
Los medios de comunicación pudieron ingresar al recinto junto con las manifestantes, mientras que otra protesta iniciaba: El padre de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado el 4 de marzo de 2010 en pleno malecón de La Paz, ingresó al recinto y gritaba por justicia frente a Víctor Castro. Diputados y guardias de seguridad le hicieron salir de entre las curules de los 21 legisladores.
“En las cámaras de la transmisión en vivo vimos cómo ingresaba y nos sacamos de onda todos en la zona de video. Estábamos revisando que el gobernador hizo una señal para tranquilizar a los guardias y lo dejaron hacer la protesta”, expuso uno de los testigos al interior.
Mientras el señor salía entre gritos, la ceremonia solemne seguía con las autoridades civiles, militares y representantes de partidos políticos; las alcaldesas de La Paz, Mulegé, Loreto y Comondú, además del alcalde de Los Cabos; más allá de los empujones por la prensa y los manifestantes que ingresaron a la sala, no hubo mayores retrasos o contratiempos.
Se entonaron los himnos con respeto, el estatal y el nacional. Pero nadie dejaba pasar que Daniel Hernández, padre de Jonathan, estaba dentro exigiéndole justicia al gobernador.
Posteriormente, el señor Hernández se hizo de palabras con él, al salir, cuando daba otra entrevista a los medios; “quiero justicia, no que me atiendas”, le dijo al escucharlo decir ante los medios, que ya lo había “atendido”.
El gobernador llegó al punto de responder gritando, con cierto hartazgo: “¡Déjame hablar, por favor! yo te he oído con todo respeto”.
“No te dejo hablar, quiero justicia ¿por qué no te comprometes? Tú eres el gobernador, usted es el jefe de la procuraduría, usted se tiene que comprometer. Comprométete a castigar a los asesinos de mi hijo… No, este señor ¡es un cobarde!”, exigió el padre de Jonathan Hernández.
“Oye, respeta. Yo te traté con respeto ¿qué me propusiste?”, le respondió el gobernador y posteriormente, le dijo que no pagaría la cantidad que presuntamente solicitó como “reparación del daño” de dicho homicidio, que el mandatario reveló, fueron entre 5 y 6 millones de pesos.
El padre de la víctima dijo que eso y más “me han hecho gastar” esperando justicia todos estos años y entre los forcejeos le reiteró, era “lo mismo y no servía para nada” por no hacer justicia y “proteger” a los culpables.
Los elementos de seguridad vestidos de civil, se interponían entre el padre de Jonathan y otro manifestante, que le gritaban al gobernador “no sirves para nada” junto a otros señalamientos, mientras Castro Cosío permaneció en silencio, para responder otras preguntas a los medios.
“Miren, la justicia, la procuración de justicia está en otro lado, estos asuntos no puedo reparar yo el daño que esta persona me exigía, por supuesto que no voy a pagar […] sus pretensiones financieras no puedo resolvérselas, menos usar recursos públicos en un asunto judicial (sic)”, dijo el gobernador.
Mientras tanto el Poder Legislativo local dio arranque a un nuevo periodo de sesiones del 15 de marzo al 30 de junio de 2022, en las que se comprometieron a traer mejoras en salud, educación e infraestructura; además de darle mayor importancia a Los Cabos en materia de inversión y también al norte de la entidad, informó la presidenta Gabriela Montoya Terrazas.
Destacó el día de inicio de actividades parlamentarias como símbolo de lucha, en el que la voz de todos pudo escucharse; a pesar de que sí hubo operativo de seguridad alrededor del gobernador, no hubo incidentes, lesionados o represalias ante las constantes intervenciones dentro de la sesión solemne del Congreso de BCS.
Quedó opacada además una cuarta manifestación de profesores y docentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las que se denunciaron además abusos y casos de violencia de género.
Una jornada de lucha y resistencia, pero también de ir abandonando poco a poco las cuatro paredes que representaban la cuarentena por pandemia, ahora con el semáforo verde ¿qué otras actividades veremos de la sociedad civil sin los pretextos de la pandemia?
Como parte del taller de prevención y primeros auxilios ante la picadura de medusozoos, ofrecido al personal y asociaciones civiles el pasado fin de semana
¿Sabes qué significa la bandera blanca con medusas color morado? Que deberás tener especial precaución al bañarte en la playa El Coromuel de La Paz, Baja California Sur (BCS).
Un cartel informativo sobre la presencia frecuente de medusozoos urticantes, fue colocado con motivo de la primera edición del taller “Prevención y primeros auxilios ante la picadura de medusozoos”, el pasado fin de semana.
Investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) dijeron que su objetivo es divulgar el conocimiento científico de prevención y cuidados ante picaduras de medusozoos.
“Forma parte del sustento teórico a la instalación de la primera bandera en ciudad de La Paz, que informará a los bañistas de El Coromuel, ante la presencia de medusas y cadenas de medusas en el mar, en conjunto con su respectivo cartel informativo”, señalaron para Diario Humano.
La actividad fue parte del proyecto de divulgación científica “Conociendo a los medusozoos de Baja California Sur”, financiado por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (Coscyt). Esto, a través de la Convocatoria 2021 de la “comunicación social de las ciencias”, que fomenta las vocaciones científicas y promueve a una sociedad informada.
El proyecto, además, tiene financiamiento parcial del proyecto FORDECYT-PRONACES/428225/2020 “Macroalgas introducidas: organismos modelo para analizar los patrones de éxito de especies con potencial de invasión en ambientes costeros”.
La actividad se elaboró en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Medusozoa México y Elizabeth Martínez Rivera, encargada del Parque Acuático El Coromuel.
Al taller asistieron 25 participantes de 8 instituciones: Dragados de B.C.S., Administración Portuaria Integral de BCS (API-BCS), SEMAR Estación Naval de Búsqueda y Rescate, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Red de Observadores Ciudadanos, A.C., CIBNOR, Buceo Todos Santos y Universidad Estatal de Colorado, Todos Santos.
El taller tuvo una duración de una hora y se impartieron los temas sobre quiénes son los medusozoos, con observación de organismos preservados y modelos tridimensionales, por qué ocasionan picaduras, cómo prevenirlas, demostración de primeros auxilios y perspectivas para generar datos de calidad.
Se intercambiaron ideas y experiencias con los participantes, para aterrizar cómo el conocimiento transmitido puede impactar en sus áreas de trabajo.
Se entregó al balneario el cartel informativo sobre este tema, al igual que la bandera blanca con medusas de color morado que señalizarán la presencia frecuente de medusozoos urticantes.
Dijeron necesario dar a conocer información objetiva y de calidad a los ciudadanos, ya que solo el 3 por ciento de las más de 4 mil especies de medusozoos, ocasionan lesiones a los humanos.
Advirtieron a los usuarios de playas que las picaduras que ocasionan, constituyen un “proceso incidental” activándose con el contacto directo con ellos en su hábitat; donde ellos, a su vez, deben defenderse y conseguir su alimento.
Destacaron que así, las picaduras se pueden prevenir o en su defecto, atender las afecciones que generen en nuestra salud, de modo que podamos seguir disfrutando de estos espacios con responsabilidad.
Anunciaron que se replicará el taller en instituciones educativas, de investigación y gobierno relacionadas con el ambiente marino, durante primavera y verano de 2022.
Como coordinadoras participaron la Dra. María A. Mendoza, investigadora por México del Conacyt, adscrita al CIBNOR, misma que fue ponente, junto con el M. en C. José Agüero de Medusozoa México.
Coordinaron además Mariae C. Estrada González, estudiante de maestría del CIBNOR y Paulina Murillo Torres, Leonela Rosales Catalán y Ariadne Molina Alonso, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
Por culpa de funcionarios incompetentes, colapsa la industria de la construcción en La Paz. Muchas empresas del ramo, a punto del quebranto, y la alcaldesa, sigue mintiéndole a la sociedad.
Cuando una persona no entiende de razones y se amacha, como se afirma coloquialmente, se le dice que es terca, en pocas palabras, es una necia. Ella es, Milena Quiroga Romero, quien a pesar de los señalamientos del quebranto que le viene ocasionando la ineficiencia de sus funcionarios a la industria inmobiliaria en La Paz, ella se escuda que son herencias de pasadas administraciones, cuando en realidad se debe al bajo perfil de integrantes de su gabinete, ya que en lugar de nombrar a un ingeniero o a un arquitecto en un área totalmente del dominio, conocimientos y experiencia de estos profesionistas, nombró a una psicóloga.
Una de esas personas incompetentes, es la directora de Gestión Integral de la Ciudad de nombre Mariana Orozco Camacho, de profesión psicóloga, fue nombrada para una súper-dependencia municipal la cual debería estar dirigida por un ingeniero-a o un arquitecto-a, por la experiencia y conocimientos para la planeación urbana, entrega de permisos, regulaciones, avalúos periciales, levantamientos topográficos, subdivisiones y alineamientos, entre otros muchos, los cuales por opacidad, ignorancia e incompetencia, se ha rezagado la entrega de estos permisos a quienes se dedican a la construcción de viviendas o desarrollos inmobiliarios en el municipio de La Paz, lo que esta ocasionando una severa crisis en la industria de la construcción que está a punto de colapsar y con ello, la pérdida de miles de empleos.
Junto con Mariana Orozco, una persona que ni siquiera conoce la ciudad fue nombrado como Director de Catastro, supeditada a la Dirección de Gestión Integral, Luis Alberto Nah González, quien por cierto, nunca se encuentra en la oficina donde debería trabajar, porque dicen los enterados, es muy amiga de la alcaldesa y hace lo que le da su regalada gana con el tiempo, tiempo que le paga la ciudadanía con sus impuestos.
Se supone que los gobiernos federal, estatal y municipal, en el caso de las inversiones, deben apoyarla y fomentarla, porque con ello se crean miles de empleos y a la vez, millones de pesos en ingresos por contribuciones fiscales, sobre todo en este rubro como el predial, representan el 35 por ciento de los ingresos totales a una administración municipal. Sin embargo, en La Paz, sucede todo lo contrario, al no ser facilitadores ni mucho menos fomentan las inversiones y la generación de empleos, sino que con su incompetencia y torpeza, no solo la ahuyentan sino también la frenan.
Milena Quiroga, según nuestros enterados amigos que trabajan en el ayuntamiento de La Paz, han escuchado decirle sobre la petición de separar del cargo a Mariana Orozco como superdirectora, que “antes que correrla me voy yo”. De ese tamaño es la terquedad de la alcaldesa, que prefiera se siga hundiendo su administración y no responder con eficiencia en los servicios que está obligado el ayuntamiento a prestar según el artículo 115 Constitucional.
Pero, ¿por qué los 7 colegios de Ingenieros como de Arquitectos de Baja California Sur, en una reunión que sostuvieron con la alcaldesa a quien le solicitaron agilizara los trámites que debe expedir catastro y la propia dirección de gestión integral no ha respondido positivamente, los cuales llevan los meses que lleva este gobierno municipal?
La alcaldesa respondió echándole la culpa al pasado. Que los responsables son los gobiernos municipales anteriores, como lo afirmó a un semanario regional y a una radio local, y después en una supuesta conferencia de prensa, donde escasos medios de comunicación se hicieron presentes. Pero, ¿qué no dijo en campaña que todo se resolvería en cuanto ella tomara posesión del cargo?
¿Qué es lo que lastima, molesta e incomoda al sector de la construcción en La Paz por la ineficiencia e incompetencia de los funcionarios municipales? El asunto es lo de las licencias atoradas por falta de criterio de los directores. Todos los ingenieros y arquitectos y desarrolladores inmobiliarios, están sumamente preocupados y enojados porque no avanzan los trámites.
Precisamente por este rezago en el otorgamiento de los diversos permisos para la industria de la construcción, este sector esta colapsando en La Paz, y la señora Milena Quiroga ha preferido estar en eventos políticos donde anda buscando ser candidata a la senaduría en el 2024, que en resolver los problemas que son de su competencia directa, porque de ella depende el ingreso del 35 por ciento de los recursos económicos para el pago de nómina del ayuntamiento.
El año pasado, la alcaldesa acusó que por culpa de los contribuyentes, el ayuntamiento sufre un quebrando económico de 1,500 millones de pesos, sobre todo en agua potable y alcantarillado como en catastro o predial. Solo para darnos una idea del otorgamiento de permisos, de los cuales hay un enorme rezago, la propia alcaldesa el 22 de febrero en una entrevista en una radiodifusora local, dijo que en los primeros 100 días de su gobierno, se tenía un rezago de 117 permisos entre trámite de licencias, obra nueva, remodelación, construcción, demolición, urbanización entre otros, y que a la fecha ya sumaban 741 trámites los solicitados, lo que nos indica que no es problema de administraciones anteriores como ella quiso excusarse, sino de su propia administración que por ignorancia no ha podido con el paquete, y por eso culpa a gobiernos pasados.
Recientemente, en una conferencia de prensa en palacio municipal, Milena Quiroga, ante tantas demandas por resolver este asunto del rezago en los permisos, quiso salvar su pellejo informando de una supuesta corrupción de un solicitante que terminó pagando 15 mil pesos por un trámite que debería pagar 4 millones de pesos sobre un valor de más de 90 millones de pesos. Pero no por un caso como ese, que claro que se debe atacar y no culpar a gobiernos anteriores, porque se dio en su administración, debe frenar la entrega de permisos necesarios para el desarrollo inmobiliario de La Paz.
Es decir, a Milena Quiroga no le cuadran las cuentas y sus protegidos Mariana Orozco Camacho y Luis Alberto Nah González, no le están dando resultados, porque no conocen La Paz, no tienen conocimientos del cargo y mucho menos tienen experiencia, por lo que debería desprenderse lo más rápido posible de ellos si no quiere tener problemas de recursos financieros por falta de ingresos del sector inmobiliario. Si no trabaja en la captación de impuestos propios, el gobierno del estado ya no le seguirá sosteniendo la enorme nómina, de la cual ella, ha incrementado sobremanera.
Milena Quiroga ya no tiene manera de excusarse y echarle la culpa a administraciones municipales anteriores, o se pone las pilas y deja de andar buscando su posible nominación como candidata a senadora para el 2024 o le responde a la ciudadanía a la cual se debería enfocar, porque de no responderle, de nada le servirá que se postule a ese cargo de elección popular, por mucho apoyo que le otorgue la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum.
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