Prestadores de servicios advierten impactos económicos y piden reglas claras en la gestión del fideicomiso

Por Daniela Reyes / Causa Natura Media

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –El 11 de diciembre, el Congreso de Baja California Sur homologó el cobro del derecho al saneamiento ambiental que se aplica en Los Cabos al resto de los municipios del estado: Mulegé, Comondú, Loreto y La Paz.

Este derecho obliga, a partir del 1 de enero, al pago de un impuesto por la adquisición de bienes inmuebles y por la renta de hospedajes, embarcaciones y vehículos, que será recaudado por los ayuntamientos y administrado por un fideicomiso público.

El impuesto al saneamiento ambiental es una contribución turística que se aplica en destinos mexicanos como Quintana Roo y ahora en Baja California Sur, con el objetivo de emprender acciones que preserven el desarrollo sustentable, restauren el equilibrio ecológico y protejan el medio ambiente.

“Se trata de acciones para recuperar las condiciones funcionales de un ecosistema o de especies, e incluso no solo recuperarlas, sino crear condiciones en las que se puedan sostener”, explicó Mario Sánchez, director regional noroeste del Cemda.

De acuerdo con la ley hacendaria de estos cuatro municipios, y con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente desde el 1 de febrero ($117.31 pesos), los usuarios deberán pagar $82 pesos por cuarto por noche ocupada en hoteles; $234.62 pesos por reservación en plataformas de hospedaje; y $58 pesos por día en el arrendamiento de vehículos y embarcaciones.

Durante 2026, el Ayuntamiento de La Paz estima recaudar entre 8 y 12 millones de pesos, según informó Jassiel Enríquez, tesorero municipal, el 19 de marzo, durante una reunión con empresarios locales en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) La Paz.

Sin embargo, la implementación del impuesto en La Paz se da en medio de inconformidades por parte de los prestadores de servicios y de propuestas de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) para conformar un fideicomiso abierto y evitar que se pervierta o se maneje de forma discrecional, como ha sucedido con otros fideicomisos.

Para este artículo Causa Natura Media solicitó entrevista a las diputadas Guadalupe Saldaña del Partido Acción Nacional y a Guadalupe Vázquez Jacinto del Partido Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos en el Congreso de Baja California Sur, sin embargo, hasta el momento de la publicación no se concretaron.

Fideicomiso transparente

Los prestadores de servicios deberán realizar el pago los días 17 de cada mes a través de un portal, y el Ayuntamiento transferirá los recursos a la cuenta de un fideicomiso público, un instrumento jurídico-financiero que el Estado crea para gestionar recursos con fines específicos.

“Los fideicomisos con recursos públicos son una caja negra, son muy complejos y tenemos muchas áreas de oportunidad en la gobernanza, en la manera en que se componen los organismos de toma de decisiones. Creo que esa complejidad no se ha resuelto del todo. No es una figura mala por sí sola ni poco transparente, pero se puede pervertir. El tema es cómo se conforman los órganos, cómo se toman las decisiones y qué tan transparentes son”, señaló Sánchez.

Una vez recaudado el dinero, el comité del fideicomiso evaluará los proyectos que se ejecutarán con esos recursos.

Tentativamente, el comité de La Paz estará conformado por la presidenta municipal, el tesorero municipal, la síndica municipal y la directora de Gestión Integral de la Ciudad; así como por representantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los titulares del Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco y la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) de La Paz, señaló Enríquez.

“En los órganos de gobierno de los fideicomisos, mayoritariamente hay personas del gobierno. No hay mucha voz de organizaciones ni de otros sectores. Debería haber representación ciudadana de quienes están siendo sujetos al pago del impuesto. Y en la toma de decisiones debe haber votos que permitan balancear, pero sin paralizar”, añadió Sánchez.

Ante este señalamiento, Enríquez expresó su disposición a sumar a más actores al comité y a recibir formalmente otras sugerencias y proyectos a financiar.

“Vamos a tener los instrumentos jurídicos adecuados para garantizar el correcto funcionamiento, la rendición de cuentas y la transparencia. Habrá un reglamento, lineamientos y manuales; se formarán subcomités dependiendo de las acciones a realizar; sesionaremos mensualmente, rendiremos informes financieros e informaremos cuáles son los proyectos y cuánto dinero hay en las cuentas bancarias”, explicó.

Sánchez añadió que el fideicomiso abierto podría comenzar con una convocatoria pública para su conformación, de modo que el proceso sea transparente y todas las sesiones del comité sean públicas.

“La solicitud de apertura es para mostrar que se puede hacer diferente el trabajo en los fideicomisos y comenzar esta modalidad de fideicomisos abiertos, donde la ciudadanía puede tener información casi en tiempo real y dar seguimiento digital a las sesiones”, propuso.

Inconformidades del sector de hospedaje

Pese a que el impuesto se aprobó en diciembre de 2025 y entró en vigor en enero de 2026, la mayoría de los prestadores de servicios de La Paz se enteraron hasta la reunión con el tesorero municipal de que debían retener este impuesto y cubrir el pago correspondiente a marzo.

Por ello, una de las principales inconformidades es que deberán absorber el costo del impuesto, ya que resulta inviable modificar el precio de reservaciones previamente confirmadas.

“Para todas aquellas reservaciones que se hicieron antes de que saliera este nuevo impuesto, ¿qué va a suceder? Voy a tener que absorber el costo directo. Lo ideal hubiera sido que dieran al menos seis meses para organizarnos”, señaló David Gutiérrez, del Hotel El Moro, durante la reunión.

Este impuesto se suma al 4% sobre el hospedaje que cobra el gobierno estatal y al 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que también señalan que encarecerá el destino y afectará la viabilidad del negocio.

“Si este derecho por saneamiento ambiental se aplica tal cual, van a desaparecer muchos empleos. Por ejemplo, los alojamientos de Airbnb más económicos podrían desaparecer. Es una realidad”, afirmó Cristina Torres, anfitriona de plataformas digitales en La Paz, quien añadió que esto afectará a usuarios, anfitriones y a toda la red de servicios que sostienen estos alojamientos.

Entre otras inconformidades destacan la responsabilidad de los prestadores de servicios de fungir como cobradores del impuesto; y la desproporción entre el cobro a hoteles y plataformas digitales.

Actualmente, la ley ya está en vigor y cualquier modificación implicaría reformar las leyes hacendarias municipales, por lo que es inminente el cobro del impuesto. Ante esto, Torres y Cari Geraldo, también anfitriona, consideran positivo que su gremio esté representado en el comité del fideicomiso, ya que podría ser uno de los que más aporten a la recaudación en La Paz.

Uso de los recursos

Uno de los puntos que genera inquietud tanto en el Cemda como en las anfitrionas es el tipo de proyectos que se financiarán con estos recursos.

La ley establece que la recaudación se destinará al desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental. Sin embargo, Sánchez señaló que se limita a un listado de acciones como mejora del espacio público; conservación y mantenimiento de playas; alumbrado público; tratamiento de aguas residuales; potabilización de agua; y mejora de la movilidad.

“No se especifica si estas acciones derivan de estudios o de necesidades ambientales identificadas, lo que puede generar controversia sobre una posible doble tributación. Es decir, se supone que con otros impuestos ya se cubren estos servicios”, explicó.

“Nadie de los anfitriones se opone a pagar, porque reconocemos que el turismo tiene un impacto ambiental, pero es una ley que no tiene estudios que la respalden. Ese es el problema de legislar así: genera mucha injusticia y desigualdad”, señaló Torres.

Para solventar esto, Sánchez propuso realizar un estudio de necesidades de saneamiento ambiental o retomar prioridades basadas en análisis territoriales y en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Entre las acciones posibles mencionó la atención a tiraderos de basura clandestinos, restauración de zonas degradadas, limpieza y vigilancia de arroyos, retiro de embarcaciones encalladas, restauración de manglares y mejora de la calidad ambiental.

*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.