La propietaria señaló que se llevaban más de 100 pipas al día y pretendieron apropiarse del predio.
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS).- María Margarita Hernández Álvarez, propietaria de un predio de 89 hectáreas ubicado en la colonia Olas Altas, debidamente escriturado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, expuso que alrededor de su terreno existen 3 pozos de uso agrícola, concesionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a su familia, entre ellos el “pozo Hérdez”.
De este pozo, refirió que provenía una tubería a su propiedad, instalada sin autorización desde 2017; se trataba de un tubo de 900 metros y 2 garzas que alimentaban a más de 100 pipas que ilegalmente tomaban el agua potable del acueducto de La Paz, Baja California Sur (BCS).
Esta tubería cruzaba de forma diagonal para terminar en dos gargantas donde se realizaba el llenado de pipas; la gente cercana al Parque Industrial era testigo de cómo ellos entraban y tomaban el agua, argumentando que se la llevaba “el municipio”, explicó la propietaria legal del terreno, quien aclaró no radicar en Baja California Sur.
Tras una investigación, se detectó que en realidad estaban robándose el agua, y que los piperos invadían el terreno. Quien controlaba el reparto del agua fue señalado como una persona de nombre “José Edgar Fiol Collins”, a quien piden se aplique la ley.
“Él dijo que a él no le importaba. Que cualquier persona podía llegar a un terreno y decir es mío y que tenía un contrato con el señor Dionisio Domínguez. Una persona que trabajaba para mis primos, pero no tenía ningún poder mío para permitir esto”, expuso la propietaria en entrevista.
De tal forma que, aprovechando esta circunstancia, los invasores instalaron, además, letreros que atribuían la propiedad del predio a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). Las conversaciones se tornaron violentas cuando los dueños quisieron impedir el saqueo del vital líquido.
“Empezaron a poner letreros que decían que era propiedad de la CROC y este y bueno no había forma de sacar estas gentes”, explicó.
Así, llegó al punto en que la dueña ya no pudo entrar más a su terreno por la instalación de una cadena y vigilancia; inclusive, algunos vigilantes portaban armas de fuego, por lo que decidió llevar a un notario público para que diera fe de que no le permitían entrar a su propiedad para iniciar un proceso legal.
Finalmente, interpuso la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por invasión, proceso el cual, dijo, va caminando.
En días pasados, estos piperos fueron clausurados y la toma ha sido retirada, por lo que los invasores ya no pueden robar el agua, las garzas han sido retiradas y ahora el líquido vital llega a la red de agua potable y no es robada en pipas particulares.
La propietaria se vio en la necesidad de instalar un nuevo cerco perimetral y vigilancia, protegiendo el terreno por cuenta propia. No había forma de arreglar el problema ni de detenerlos, robaron mucha agua, dijo.
Aunque parece que “ya se está solucionando” el problema, dijo, luego de que sacaran más de 100 pipas diarias; información recopilada por Diario El Independiente, revela que estas eran vendidas a un costo de 150 pesos por carga a usuarios de hoteles, casas habitación, diferentes giros comerciales y se vendía de una manera irregular, por un particular y no por las autoridades.
El terreno volverá a ser sembrado ahora que se ha recuperado, con el apoyo de las autoridades locales y se dijo aliviada de que no puedan robarse más el agua.
