Auditoría externa, Fiscalía General del Estado y Ley del Transporte y Movilidad, principales pendientes del Congreso de BCS
- Luis Armando Díaz, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política
- José María “Chema” Avilés Castro, presidencia de la Mesa Directiva
- Auditoría externa, Fiscalía General del Estado y Ley del Transporte y Movilidad, pendientes
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur (BCS). Mientras mañana se dará la instalación de la nueva mesa directiva, y el relevo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política al interior del Congreso del Estado, la actual legislatura observa ciertos rezagos que deberán ser atendidos en el corto plazo. Y de hacerlo podrá cumplir con las expectativas generadas entre la población.
José María “Chema” Avilés Castro se hará cargo de la presidencia de la mesa directiva del segundo año legislativo, en tanto Luis Armando Díaz asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur.
Obvio es advertir que dentro de los pendientes se encuentran los resultados de la auditoría que se le practicaría a la anterior legislatura, por la cual se pagó 700 mil pesos a una empresa externa. Se han cumplido seis meses de haber sido contratada y no se ha dicho nada. Y tal parece que los presuntos desaseos financieros cometidos por Ramiro Ruíz Flores, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Flores Leyva, quedarán en la absoluta impunidad.
También se le ha dado largas a la creación de la fiscalía general del Estado que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde todavía permanece en el cargo Daniel de la Rosa Anaya, quien hasta ahora no ha hecho un mal papel pero si es necesario cumplir con el trámite oficial por parte del Congreso del Estado.
Y pendiente también uno de los temas más urgentes e importantes por resolver en Baja California Sur: la Ley del Transporte y Movilidad. Pues mientras no se dé una reforma en ese sentido, los problemas del transporte seguirán causando daño no sólo a los transportistas y usuarios de las plataformas, sino al turismo local, nacional y extranjero, principalmente en la zona de Los Cabos donde el conflicto entre ambas partes parece no tener fin e impacta de sobremanera al destino turístico.
Al no existir una Ley del Transporte y Movilidad, tema en el cual Rigoberto Mares Aguilar ha sido persistente, las autoridades locales se encuentran prácticamente atadas de mano, pese a que apliquen sanciones o busquen acuerdos, no se cuenta con un marco jurídico que dé legalidad y certeza a la actividad del transporte.
