
El equipo tecnológico adquirido es utilizado por los responsables de garantizar el orden y la paz social de Baja California Sur, dentro del marco de la ley
Pirotecnia Política: Habían olvidado los abusos, los asesinatos, la corrupción, el espionaje, el aislamiento, el miedo: el horror se había convertido en mito. Todo el mundo tenía trabajo y no había tanto crimen. (Mario Vargas Llosa)
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. –Definitivamente el tema del equipo tecnológico adquirido por el Gobierno de Baja California Sur, para servicio de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, se salió de contexto por suposiciones y afirmaciones (sic) que enrarecieron por algunas horas la relativa calma con la que cotidianamente se desarrolla la vida y las actividades productivas en el Estado.
Fue acertada la estrategia de comunicación del Gobierno Estatal para contener el tema, ya que luego de que se planteara la hipótesis de un supuesto espionaje, a través de equipos recientemente adquiridos, al que se le atribuyeron características imaginarias, bastó aclararlo en un comunicado que fue reforzado por entrevistas brindadas por el Capitán de Navío y Secretario de Seguridad Pública LUIS ALFREDO CANCINO VICENTE, a diversos medios de comunicación para que el asunto quedara zanjado, luego de exponer su versión.
El equipo adquirido a través de licitación pública celebrada en diciembre del año pasado es utilizado por los responsables de garantizar el orden y la paz social de Baja California Sur, para realizar labores específicas dentro del marco de la ley, también para actuar eficazmente en eventos relacionados al secuestro virtual y extorsión telefónica, básicamente.
Mucha información trascendió ayer con relación al tema y es que existen registros documentados por quien esto escribe, que indican que desde el 2018, el entonces Gobierno de CARLOS MENDOZA DAVIS, a través de una adquisición directa, autorizó la compra de una licencia de sistema de geolocalización para situar en tiempo real objetivos tales como teléfonos celulares, pagándose una cantidad de 4.4 millones de pesos, IVA incluido.
El compromiso de fortalecer los mecanismos de seguridad para atender de manera preventiva y combatir puntualmente los delitos de alto impacto, es un deber de cualquier Gobierno y para ello, dentro del marco de la ley, están autorizados para adquirir equipo y tecnología de punta para resolver con la mayor efectividad las situaciones que pudieran presentarse en un momento determinado.
La hipótesis de que, en Baja California Sur, el Gobierno Estatal, habría adquirido equipo de “espionaje” para mantener vigilados a políticos, líderes sociales y de opinión, quedó en una mera suposición, a la que se sumó de manera tardía la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional.





