Claudia Sheinbaum anunció pozos exploratorios para buscar agua salada antes de decidir sobre la extracción de gas no convencional. Aún se desconocen costos, número de pozos y comunidades afectadas
Diario Humano | Ciudad de México.— El Gobierno federal abrió la ruta para evaluar la extracción de gas no convencional mediante fracturamiento hidráulico, conocida como fracking, aunque todavía no cuenta con estudios sobre su viabilidad económica, el número de pozos necesarios, la población potencialmente afectada ni el volumen de gas que podría recuperarse.
Durante la conferencia matutina de este 6 de agosto, un comité integrado por 54 especialistas presentó los primeros resultados de un análisis solicitado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La principal conclusión fue continuar la evaluación en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.
En contraste, el grupo recomendó prohibir esta actividad en la cuenca Tampico-Misantla, que comprende zonas de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, debido a su densidad poblacional, presencia de comunidades indígenas y valor ambiental, social y cultural.
Foto: Gabriel Monroy / Presidencia
Aunque Sheinbaum aclaró que aún no se ha decidido iniciar la producción, anunció que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua perforará pozos exploratorios para determinar si existen depósitos profundos de agua salada que puedan utilizarse en el proceso.
La extracción de gas no convencional requiere romper la roca mediante la inyección de fluidos a alta presión. De acuerdo con los especialistas, cada pozo puede demandar entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos de agua. El comité propuso prohibir el uso de agua dulce, emplear exclusivamente agua salada y reciclar al menos 75% del líquido utilizado.
El argumento central del Gobierno es reducir la dependencia energética de Estados Unidos. México consume alrededor de 9 mil 100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural e importa 75%; además, 93% del combustible comprado en el exterior proviene de yacimientos no convencionales. Sin medidas adicionales, el consumo podría aumentar a 10 mil 800 millones de pies cúbicos diarios en 2030.
Sin embargo, las preguntas de la prensa exhibieron que el proyecto permanece en una etapa preliminar. No existe todavía un cálculo sobre el precio al que sería rentable producir el gas, el costo de extraer agua salada a profundidades de hasta mil 500 metros, la cantidad de pozos requerida o la reducción efectiva de las importaciones.
“Todavía falta la factibilidad económica”, admitió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la viabilidad del proyecto frente a los bajos precios del gas estadounidense. El potencial nacional fue estimado en 141.5 millones de millones de pies cúbicos, pero los propios investigadores aclararon que se trata de recursos prospectivos y no de reservas comprobadas.
También quedó pendiente identificar a las comunidades que podrían resultar afectadas. La presidenta explicó que la consulta pública se realizaría después de confirmar la existencia de agua salada, comprobar las reservas de gas y seleccionar la tecnología de extracción. Esto implica que las primeras perforaciones de investigación se efectuarían antes del proceso de consulta social.
Sobre los riesgos de contaminación, los especialistas afirmaron que los acuíferos de agua dulce serían aislados y monitoreados. No obstante, reconocieron que una falla en la integridad de los pozos podría contaminarlos. Ante esa posibilidad, la respuesta del Gobierno fue detener la explotación y aplicar técnicas de remediación, como extraer, tratar y reinyectar el agua afectada.
Cuestionada sobre una supuesta promesa de campaña para no utilizar fracking, Sheinbaum respondió: “Nunca lo dije en campaña como tal”. Reconoció que anteriormente ella y otros integrantes de su movimiento se opusieron al gas no convencional, pero sostuvo que nuevas tecnologías, aditivos menos tóxicos y mayores niveles de reciclaje permiten reconsiderarlo.
El comité también recomendó acelerar las energías renovables, mejorar la eficiencia energética, eliminar la quema de gas en campos petroleros e incrementar la producción convencional. Según el Gobierno, esas medidas podrían reducir la dependencia de las importaciones de 75 a cerca de 50%, pero no serían suficientes para alcanzar la soberanía energética.
La administración federal prometió publicar los estudios y presentar nuevos resultados dentro de dos o dos meses y medio. El punto crítico será determinar si las condiciones ambientales planteadas por el comité se convierten en obligaciones verificables o permanecen como recomendaciones frente al interés gubernamental por explotar el recurso.
