Un bloque de 32 organizaciones advirtió sobre riesgos para el agua, la salud y las comunidades ante la posible extracción de gas no convencional en el noreste del país
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – Organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos rechazaron la ruta abierta por el Gobierno federal para evaluar la extracción de gas no convencional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y exigieron prohibir constitucionalmente el fracking en todo el país.
El pronunciamiento fue firmado por 32 agrupaciones, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México, CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y Noreste Sin Fracking.
La respuesta surgió después de que un comité de 54 especialistas recomendó descartar la explotación en Tampico-Misantla, pero continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua perforará pozos para buscar depósitos profundos de agua salada.
Mientras el Gobierno asegura que esas perforaciones serán exclusivamente hidrogeológicas y que todavía no existe una decisión sobre la producción de gas, las asociaciones interpretaron el anuncio como el inicio de una ruta para desarrollar pozos piloto de fracking.
“Blindar Tampico-Misantla no basta”, señalaron. También calificaron la prohibición nacional como un compromiso incumplido, en contraste con lo declarado por Sheinbaum durante la conferencia matutina: “Nunca lo dije en campaña como tal”.
Las agrupaciones cuestionaron la integración del comité científico, al señalar que no participaron representantes de comunidades potencialmente afectadas ni especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. Consideraron que el debate no puede limitarse a aspectos técnicos porque también involucra decisiones territoriales, climáticas y sociales.
Asimismo, pusieron en duda que el uso de agua salada, el reciclaje del líquido y los aditivos biodegradables permitan hablar de un fracking con impactos mínimos. Advirtieron que persisten riesgos de contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y afectaciones a la salud.
Con base en una investigación de CartoCrítica, sostuvieron que recuperar apenas 10% de los recursos prospectivos demandaría más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce. También estimaron que más de seis millones de personas viven dentro de las áreas con potencial de extracción o en su radio de impacto.
Las organizaciones agregaron que alrededor de 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta estrés hídrico alto o extremo. Según sus cálculos, ocho de cada 10 litros que requeriría la actividad se utilizarían en condiciones capaces de generar un riesgo hídrico grave.
También cuestionaron que el Gobierno no haya definido la disposición final de los residuos ni descartado su inyección en pozos profundos, práctica que, advirtieron, puede ocasionar fugas, contaminación y sismicidad. Señalaron además que el tratamiento de estas aguas resulta costoso y no siempre elimina metales, compuestos disueltos o materiales radiactivos.
Las agrupaciones demandaron incorporar inmediatamente a las comunidades en cualquier discusión, respetar la libre determinación de los pueblos y transparentar las acciones del comité científico. También rechazaron que empleos temporales o inversiones justifiquen poner en riesgo el agua y la salud de las poblaciones.
Para el Gobierno, los estudios anunciados representan una evaluación preliminar; para las organizaciones, constituyen el primer paso hacia la autorización de una técnica que, sostienen, no puede considerarse sustentable.
