En Baja California Sur una casa cuesta casi 13 años de salario promedio (integro) y el acuífero de La Paz entrega cada año 13 millones de metros cúbicos más de los que recibe. En Nepal, Perú, Madagascar y Serbia, la juventud ya salió a la calle por algo parecido
Por: Ruy Guerrero Piñera
Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. – Las ideas suelen darles nombre a las revoluciones, pero casi siempre las enciende algo más elemental: que falte lo básico. En Francia, la mala cosecha de 1788 disparó el precio del pan y el hambre de París acompañó cada paso de 1789. En Rusia, la revolución de febrero de 1917 empezó con mujeres formadas para comprar pan en Petrogrado.
En China el camino fue más largo. No hubo un motín del pan, sino décadas de miseria campesina, la hambruna de Henan de 1942 y una hiperinflación que hundió la legitimidad del gobierno nacionalista y abrió paso al triunfo comunista de 1949.
El agua también tiene su capítulo, y nos queda más cerca. En el año 2000, Cochabamba, en Bolivia, salió a las calles cuando la privatización del servicio subió las tarifas; la llamada Guerra del Agua terminó con la cancelación del contrato. No hace falta llegar al hambre para que una sociedad se rompa. Basta con que la gente sienta que lo esencial dejó de estar a su alcance.
Una generación en la calle
Hoy esa sensación tiene rostro joven. En septiembre de 2025, la generación Z de Nepal derribó al gobierno; la prohibición de redes sociales fue solo la gota que derramó un vaso lleno de corrupción, nepotismo y falta de oportunidades. Ese mismo mes, en Perú, miles de jóvenes marcharon contra una reforma que los obligaba a afiliarse a un fondo de pensiones desde los 18 años, y el malestar creció hasta la salida de Dina Boluarte en octubre.
En Madagascar el detonante fue todavía más elemental: cortes crónicos de agua y luz. El presidente terminó huyendo y el ejército tomó el poder. Y el pasado 25 de octubre, en Serbia, la lista impulsada por los estudiantes ganó la mayoría absoluta del Parlamento, después de casi dos años de protestas que comenzaron cuando el derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad mató a 16 personas.
Los detonantes cambian, el patrón se repite: jóvenes preparados, conectados y sin liderazgos formales, que sienten que el sistema les cobra todo y no les devuelve nada. Según el Carnegie Endowment, en los doce meses previos a marzo de 2026 hubo al menos 120 protestas antigubernamentales significativas en 73 países, la cifra más alta desde 2017. Y en Europa, durante octubre, la vivienda se ha vuelto una de las banderas de las movilizaciones juveniles.
La Paz y Los Cabos: crecer sin caber
Mi hipótesis es que el combustible de fondo es el mismo en todas partes: vivienda inalcanzable, salarios que no compiten con el costo de vida y una desigualdad que se ve a simple vista. Baja California Sur no es un estado pobre. Según el INEGI, en el primer trimestre de 2026 tuvo la pobreza laboral más baja del país, 14.1%. Justamente por eso el problema cuesta trabajo verlo: aquí no se trata de hambre, se trata de no caber.
La Sociedad Hipotecaria Federal colocó a BCS entre los tres estados donde más subió la vivienda en 2025, con 12.8% anual, y el precio promedio de una casa en el estado ya supera los 2.8 millones de pesos. En cambio, el salario promedio anual de un trabajador registrado en el IMSS en BCS fue de 218,395 pesos en 2025, por debajo del promedio nacional. La cuenta es sencilla y dura: una casa promedio equivale a casi 13 años de salario íntegro, sin comer, sin pagar renta, sin gastar un peso.
El resultado se ve en el mapa. Las familias trabajadoras se desplazan a las orillas de La Paz y Los Cabos, mientras las zonas con mejor vista, mejor acceso y mejores servicios se llenan de desarrollos pensados para compradores extranjeros y segundas residencias. A eso se suma algo que escribí en agosto, en «¿Por qué sentimos que el dinero ya no alcanza en México?», y que aquí aplica recordarlo:
Nuestros abuelos trabajaban para tener. Nosotros trabajamos para acceder. Y el acceso, a diferencia de la propiedad, se cancela el día que uno deja de pagar.
En La Paz y Los Cabos, lo más caro que pagan los jóvenes por acceso es el techo.
El agua, primero
Aquí la vulnerabilidad deja de ser económica y se vuelve física. La Paz toma alrededor del 90% de su agua de un solo acuífero, y ese acuífero está sobreexplotado. Las cifras oficiales muestran que el déficit no se estabiliza, crece: Conagua lo estimaba en cerca de 3 millones de metros cúbicos al año en 2005, en 7.8 millones en 2020 y en alrededor de 13 millones en su actualización de 2024.
Cuando se extrae más de lo que la lluvia recarga, el mar entra por debajo. Investigadores de la región documentan desde hace años la intrusión salina, y quien vive en La Paz ya la nota en la llave: el agua llega cada vez más salobre. Con esta tendencia, el acuífero no se va a secar de golpe; se va a salar poco a poco hasta dejar de servir.
Mientras tanto, cada desarrollo nuevo en zonas alejadas pide más bombeo, más tubería y acueductos más largos para llevar el agua a donde antes no había ciudad. Esa factura no la paga solo quien compra la villa con vistas al mar. La pagamos todos, empezando por las colonias que ya hoy dependen de pipas o de tandeos.
¿Y qué nos dejan a cambio?
Los usos de suelo, las factibilidades de agua y los permisos ambientales pasan por autoridades de distintos ordenes de gobierno, pero la llave principal la tienen los ayuntamientos: el articulo 115 de la constitución les da la facultad de decidir sobre el uso de suelo, planificación, zonificación y licencias de construcción. Se entiende el argumento a favor: la inversión turística e inmobiliaria genera derrama y empleo, y buena parte de la economía sudcaliforniana vive de ella. Pero toda autorización debería contestar por escrito otra pregunta: ¿qué recibe a cambio la ciudadanía, y en particular la juventud que decidió quedarse a trabajar aquí?
Las autoridades tienen el deber moral de velar por ese futuro, y algunas reglas ya existen. En 2023 se aprobó en La Paz que el organismo operador dejara de venderle agua a los desarrollos nuevos y que éstos aportaran su propio volumen, por transmisión de derechos o desde una fuente alterna. La pregunta es cuánto de eso se cumple, quién lo verifica y dónde puede consultarlo un ciudadano. Una regla que nadie puede revisar es una promesa, no una política pública.
Y quien hoy hace esa revisión no trae buenas noticias. El 29 de octubre, el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública 2024 del OOMSAPAS de La Paz: de 149 observaciones de la Auditoría Superior del Estado, el organismo solo solventó 23, y quedan 399.2 millones de pesos sin justificar. En el mismo mes corrieron igual suerte los organismos de agua de Los Cabos, con 1,025.7 millones pendientes, de Comondú y de Loreto. Sumados, son alrededor de 1,500 millones de pesos sin aclarar, más del 60% (como ejemplo) de lo que costará la presa El Novillo, la obra hidráulica más importante que hoy se construye en el estado.
Una observación no solventada no es, por sí sola, prueba de un desvío; muchas veces es papeleo pendiente. Pero cuando quienes administran el recurso más escaso del estado no logran justificar cientos de millones, la confianza también se vuelve un recurso escaso.
La planeación de hoy y las manos de todos
No se trata de buscar culpables en el pasado. Se trata de preguntar, con datos en la mesa, cuál es el plan de hoy hacia adelante. Y aquí hay que reconocerlo: el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en su plan hídrico nacional está ejecutando la obra de la presa El Novillo, con una inversión de 2.4 Mil Millones de pesos; la obra hidráulica más importante del estado en décadas. Cuando esté terminada beneficiará a más de 300 mil habitantes.
Conviene, eso sí, ponerla en escala: la presa sumará unos 50 litros por segundo a la red, cerca de 1.6 millones de metros cúbicos al año, alrededor de la octava parte del déficit actual del acuífero. Ninguna obra, por sí sola, alcanza.
El esfuerzo es valioso, y todo lo que se haga por el agua de esta ciudad abona. Pero la coyuntura exige mucho más que una obra: ciudadanos que exijan información, organizaciones civiles que vigilen y den seguimiento, inversionistas que acepten reglas claras, y los tres órdenes de gobierno coordinados con los tres poderes trabajando en suma. Está en juego la supervivencia y la dignidad de quienes construyeron esta tierra y de quienes vienen detrás.
La juventud de Nepal, Perú o Serbia salió a la calle cuando sintió que nadie la escuchaba. Baja California Sur todavía está a tiempo de escucharla antes. La pregunta no es si la Baja Sur puede crecer, sino si puede hacerlo sin expulsar a sus jóvenes y sin beberse su propio futuro.
Fuentes
- Carnegie Endowment for International Peace, Global Protest Tracker, marzo de 2026.
- INEGI, Indicador de pobreza laboral, primer trimestre de 2026.
- Sociedad Hipotecaria Federal, Índice SHF de Precios de la Vivienda, 2025 y 2026.
- IMSS, salario promedio anual por entidad, 2025.
- Guerrero Piñera, R., «¿Por qué sentimos que el dinero ya no alcanza en México?», Diario Humano, 18 de agosto de 2026.
- Conagua, disponibilidad media anual del acuífero La Paz, 2005, 2020 y 2024.
- Cruz-Falcón, A. et al., «Evolución de la intrusión marina y relaciones iónicas en el acuífero de La Paz BCS, México», Terra Latinoamericana, vol. 41.
- Ayuntamiento de La Paz, acuerdo sobre agua para desarrollos nuevos, 2023.
- Congreso del Estado de Baja California Sur, dictámenes de las cuentas públicas 2024, octubre de 2026.
- Conagua, avance de la presa El Novillo, septiembre y octubre de 2026.
